Fiscalías: 2.5 millones de delitos en rezago
¿Quién le seguiría pagando a alguien que, en 10 años, multiplica por cinco su atraso en producir resultados? Tú, yo, todas y todos quienes pagamos impuestos. Y el lugar de ese monumental rezago se llama fiscalías. En 2016, los casos pendientes ascendían a poco menos de medio millón; hoy son cinco veces más.
En el promedio nacional, cada año el Ministerio Público determina como archivo temporal uno de cada tres casos. En entidades como Oaxaca y Jalisco, el porcentaje rebasa el 70 por ciento. Apenas 3.2 por ciento de los asuntos se resuelven mediante Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, mientras el estudio estima que, usando los mismos, casi el 40 por ciento de los delitos del fuero común podrían resolverse.
El reporte identifica estructuras organizacionales excesivamente verticales; ausencia de sistemas informáticos integrados; desconexión entre investigación y litigio estratégico; insuficiencia de personal en funciones sustantivas de Fiscalía; debilidad en la coordinación entre ministerios públicos, policías, peritos y analistas; así como enormes disparidades en la ejecución de órdenes de aprehensión. El margen va desde apenas 2 por ciento de órdenes ejecutadas en Guerrero hasta más de 90 por ciento en Tlaxcala.
Sólo dos entidades han establecido indicadores en sus planes o políticas de persecución penal. La transparencia es evaluada en estado crítico, particularmente tras la desaparición de instancias vinculadas a la rendición de cuentas en la justicia. El reporte concluye con 10 recomendaciones que deberían ser atendidas con seriedad.
La crisis de las fiscalías no se resolverá únicamente mediante insumos técnicos
Todo esto se encuentra en la nueva Radiografía de las fiscalías en México de México Evalúa, investigación que aporta elementos para confirmar, una vez más, que la impunidad no es un accidente, sino un rasgo estructural de nuestro sistema político. La decisión política capaz de colapsar la impunidad sigue sin llegar, y la evidencia está frente a nosotros todos los días.
Y no es que no existan reformas legales. En realidad, las reformas no han dejado de producirse, y el propio estudio parte de reconocerlo. La investigación puede leerse como un corte histórico útil para medir impactos frente a ese recurso político utilizado una y otra vez: reformar sin evaluar. Las reformas no faltan; tampoco la evidencia empírica de la crisis. Se cuentan por centenas las recomendaciones formuladas por México Evalúa y muchas otras organizaciones, además de la vasta investigación producida desde universidades y centros especializados.
La documentación empírica publicada por México Evalúa es indispensable para entender el estado de las fiscalías, pero debe contextualizarse mediante una interpretación política. Desde hace años, numerosas personas especialistas insisten en que la crisis de las fiscalías no se resolverá únicamente mediante insumos técnicos, por sólidos que estos sean. Lo que puedo decir es que pocas veces he escuchado, durante tanto tiempo, la repetición de las mismas frases: desde la exigencia del cambio y desde la promesa política e institucional incumplida. No abundaré más aquí sobre ello, pero nuestro enfoque principal consiste en utilizar todos los insumos técnicos disponibles para descifrar y eventualmente desmontar la tenaz barrera política que sostiene la impunidad, porque ahí se encuentra el núcleo neurálgico de esta crisis.