Fracking: el ‘masiosare’ energético

Desde abril que se abrió la discusión sobre la viabilidad de llevar a cabo la técnica de fracturación hidráulica o fracking en México para la extracción de hidrocarburos, desde la sociedad civil, academia y personas defensoras del territorio hemos buscado desmontar uno a uno los argumentos con los que se pretende justificar su implementación intensiva en el territorio nacional. Desde la supuesta “nueva tecnología” que minimizaría los impactos, hasta el hecho de que el uso de la técnica significaría una oportunidad para reducir la dependencia de las importaciones de gas shale provenientes de Estados Unidos, pese a que México alcanzó el pico en la producción de gas hace ya 17 años y las reservas hoy se encuentran en profundo declive, haciendo altamente costosa su extracción, tanto económica como ambiental y socialmente.

Sin embargo, la evidencia científica parece no ser suficiente para disuadir a quienes conducen la política energética, así como para lograr la materialización de la prohibición explícita del uso del fracking en territorio nacional desde la presidencia, pues el argumento de la soberanía energética, como bandera política, ha resultado efectiva no solo para sectores que aún guardan la nostalgia petrolera de la era cardenista y ven en los yacimientos no convencionales una oportunidad para mantener a flote la empresa petrolera mexicana; sino también para quienes, aún desde la oposición, reconocen el potencial de control territorial y la garantía de mantener un modelo industrial basado en la economía fósil.

Hoy puede entenderse el uso del fracking no solo como una técnica para extraer hidrocarburos, sino también como una herramienta del colonialismo y el racismo modernos. La premisa es simple: para lograr sostener los mercados de demanda de gas shale en Asia y Europa, los territorios fracturados se convierten en zonas de sacrificio para sostener el modelo económico e industrial de los países exportadores. Se suele realizar en regiones habitadas por pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de bajo ingreso económico, exponiéndoles a daños a la salud de manera inmediata por la contaminación por el uso de sustancias aditivas para perforar la roca o lutita donde se encuentra atrapado el gas; sumado a un contexto de creciente vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático, como las sequías, o lluvias torrenciales.

Bajo esta lógica cabe volver a colocar la pregunta: ¿soberanía para quién? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en una economía basada en el extractivismo fósil? En México, el principal consumidor del gas importado es el sector eléctrico. Según el investigador y académico Luca Ferrari, nuestro país importa aproximadamente 90 por ciento del gas que utiliza para generar electricidad, cuya principal demanda es la industria manufacturera de exportación. Entonces, si toda esa energía no es para la población y los diferentes sectores de la sociedad, ¿por qué son estos quienes deben cargar con los costos ambientales y de salud, producto del uso de esta técnica?

Ahora, vale también cuestionar quiénes serían los que tendrían la presencia en los territorios para llevar a cabo las labores de exploración y extracción. Como ya se ha documentado por diversas organizaciones y especialistas, los yacimientos no convencionales tienen características geológicas que complejizan la extracción de gas y petróleo mediante técnicas convencionales. La roca o lutita requiere un tipo de fracturamiento mediante la inyección de millones de litros de agua, toneladas de arena y sustancias químicas tóxicas para romper la roca y liberar el gas o petróleo que se encuentran en ésta. Este tipo de fracturación precisa de tecnología altamente costosa que no se encuentra al alcance de la empresa pública del Estado, Pemex, es decir, requerirá, sí o sí, de inversión y de la participación mayoritaria de empresas extranjeras, principalmente estadounidenses por la histórica relación comercial, que son las que cuentan con dicha tecnología y experiencia en el uso de fracking.

¿Dónde quedaría entonces la soberanía, si el control del acceso a estos recursos petrolíferos estaría en manos de empresas estadounidenses? Resulta crucial apuntar que el gradiente de control territorial y de explotación de yacimientos no se limita al perímetro ocupado por los pozos, sino que se extiende por los caminos, los campos, los cuerpos de agua subterráneos y superficiales puestos a entera disposición de estas empresas para garantizar sus operaciones totalmente libres de trabas administrativas y legales. “Se trata de una forma de extracción intensiva que multiplica y amplifica impactos que la industria petrolera ya ha generado históricamente: presión sobre el agua, contaminación, fragmentación territorial, tránsito pesado, emisiones, residuos y conflictos por el uso del suelo”, como ha mapeado la organización CartoCrítica en su informe Fracking sin coordenadas públicas.

Frente al mar de contradicciones, los territorios continúan movilizándose, organizándose y resistiendo para manifestar su postura en contra del uso de esta técnica, buscando agotar cada instancia institucional, legal y formal para centrar las decisiones basadas en la mejor ciencia posible, la protección de la salud y el ambiente.

El pasado 10 de octubre, un esfuerzo colectivo regional de América Latina logró articular una Jornada Continental Contra el Fracking. Activistas, defensoras y defensores de los territorios y sociedad civil de México, Argentina y Colombia nos unimos en una misma demanda: ¡No al fracking!

La invitación es a sumar cada vez más voces reconociendo que el fracking no solo amenaza la vida en los territorios donde se busca realizar, sino que anula la capacidad de las poblaciones y ecosistemas de construir resiliencia frente a una crisis climática cada vez más devastadora.

El autor: Charlie Canek Punzo es investigador en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar México.