Fuera máscaras

México es un gran país, pero tiene un mal gobierno. Su historia, su diversidad y la fortaleza de su sociedad son mucho más grandes que cualquier gobierno. El problema es que hoy padecemos uno que parece haber abandonado un principio elemental de toda democracia: la igualdad política y jurídica de las y los ciudadanos.

La democracia supone que la ley se aplica por igual a todas las personas. Que los gobernantes y los gobernados están sujetos a las mismas reglas. Que las instituciones de justicia persiguen delitos, no personas. Y que la diferencia entre un adversario político y un delincuente no la determina el poder, sino los tribunales mediante procedimientos imparciales.

Sin embargo, cada vez son más frecuentes las señales de que en México existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los primeros gozan de protección política, incluso cuando pesan sobre ellos señalamientos graves. Los segundos enfrentan investigaciones, campañas de desprestigio o procesos judiciales que generan la percepción de que la justicia actúa con criterios selectivos.

El problema no es únicamente jurídico. Es profundamente político. Cuando una Fiscalía es percibida como instrumento de combate contra adversarios, deja de fortalecer al Estado de derecho y comienza a erosionar la confianza pública. La justicia pierde legitimidad cuando parece distinguir entre amigos y enemigos.

Durante años se nos dijo que los abusos del pasado no volverían. Que nunca más habría persecución política. Que las instituciones serían utilizadas para proteger derechos y no para intimidar disidentes. Sin embargo, la tentación de utilizar el poder para castigar a los críticos parece reaparecer una y otra vez.

En el caso de Ruffo Appel, es evidente el tinte político. La pregunta central no es si una persona es oficialista u opositora. La pregunta relevante es otra:

¿La investigación habría ocurrido exactamente igual, con la misma rapidez, intensidad y consecuencias, si el involucrado perteneciera al grupo político gobernante?

Si la respuesta es sí, estamos ante la aplicación ordinaria de la ley.

Si la respuesta es no, comienzan a aparecer indicios de utilización política de las instituciones de justicia.

La prisión preventiva oficiosa ha sido objeto de severas críticas por parte de organismos nacionales e internacionales precisamente porque puede convertirse en una herramienta de castigo anticipado. Cuando la privación de la libertad ocurre antes de una sentencia firme, el riesgo de que el proceso mismo se convierta en la sanción es evidente. Por eso las democracias constitucionales establecen salvaguardas estrictas para evitar abusos.

Lo que está en juego no es el destino de una persona o de un partido político. Lo que está en juego es la naturaleza misma del régimen. Una democracia no se define solo por la existencia de elecciones, sino por la capacidad de garantizar que quienes disienten del gobierno puedan ejercer plenamente sus derechos sin temor a represalias.

La Presidenta Sheinbaum debería recordar que la fortaleza de un gobierno democrático no se mide por su capacidad para silenciar adversarios, sino por su disposición a convivir con ellos. La competencia política no es una amenaza para la democracia; es su esencia.

Porque encarcelar opositores no hará desaparecer las críticas. Tampoco resolverá los problemas de inseguridad, corrupción o infiltración criminal que preocupan a millones de mexicanos. Lo único que consigue es proyectar una imagen de debilidad. El poder que teme a la competencia termina revelando su inseguridad frente a ella.

Las máscaras comienzan a caer. Y cuando la ley deja de ser igual para todos, el problema ya no es de oposición o de gobierno. Es de democracia.

Libertad a Ernesto Ruffo Appel, democracia ya para México.

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El autor es especialista en materia político-electoral, educación cívica, innovación y gobernanza democrática.