Gobernadores desbocados

Vivimos una paradoja que como todas es difícil de explicar. Tanto a nivel federal como a nivel estatal se ha avanzado enormemente en los controles para que el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión y por los congresose statales sea primero repartido y después ejercido en los rubros que decidieron los legisladores. Para ello se han emitido decenas de normas constitucionales, legales y reglamentarias. A diferencia de hace tres décadas hoy existen, por mencionar sólo algunas: la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, La Ley de Obra Pública, La Ley de Adquisiciones y los portales de obligaciones de transparencia. Otras reformas constitucionales (Art. 134) recientes introdujeron nuevos principios en el uso de los recursos públicos, el presupuesto con base en resultados y criterios en materia de fiscalización para la Federación, los estados y los municipios.

Desde luego que todo este entramado jurídico es perfectible pero incluso con sus fallas y lagunas alcanza para una adecuada programación, seguimiento, control y evaluación del uso de los recursos públicos o sea para un sistema de rendición de cuentas si no perfecto, al menos, razonable. Por si fuera poco, también se ha avanzado en el sistema de responsabilidades administrativas y penales para sancionar las violaciones a las disposiciones normativas y desvíos en el uso de los recursos públicos.

Además de toda la nueva normatividad, en la Federación y en la mayoría de los estados existen hoy congresos plurales que en principio deberían y podrían actuar como contrapeso, tribunales superiores integrados por magistrados que son nombrados por esos congresos plurales y diversos organismos con autonomía como la Auditoría Superior de la Federación y los Órganos de Fiscalización Estatales que cuentan con facultades y capacidades para completar el círculo de los contrapesos al ejercicio discrecional de los recursos por parte de los ejecutivos federal y estatales. 

Es casi seguro que antes de toda esta nueva normatividad e institucionalidad había desviación de recursos y que simplemente vivíamos en la ignorancia respecto a qué tanto del gasto destinado a la provisión de los bienes y servicios que debe proveer un Estado iba a parar a los bolsillos de los funcionarios públicos y los gobernadores, a sus clientelas, a sus amigos, al narcotráfico o a las elecciones. Lo que resulta paradójico es que hoy siga ocurriendo y quizá con mayor frecuencia, en mayor volumen y con mayor descaro. Eso sí, con la misma impunidad.

¿Qué es entonces lo que falla? Lo que falla, sobre todo a nivel de las entidades federativas pero también de la Federación (Odebrecht, OHL, moches legislativos) y lo que pienso que explica los niveles de corrupción en México es, simplemente, la política.

El federalismo en México cambió radicalmente con la alternancia en el poder. En el “viejo” México había un poder central que anulaba el federalismo en la práctica. En el “nuevo” México hay un federalismo desbocado. Así como decimos que los partidos políticos nacionales se mimetizaron con los usos y costumbres del PRI de siempre, así los gobernadores se transformaron en los mandatarios de la época del hiperpresidencialismo. Con la transición a la democracia y con los gobiernos sin mayoría al Presidente se le acabaron sus facultades metaconstitucionales. Entre ellas, las que regían los destinos de los estados y sus gobernantes. Los gobernadores eran nombrados por el Presidente, ganaban las elecciones con el partido que controlaba el Presidente, su permanencia en el puesto dependía de su disciplina hacia el Presidente, el presupuesto que lograban era gracias al Presidente, las inversiones en cada estado eran decididas por el Presidente. Todo venía del centro o con la venia del centro.

La democracia se llevó este centralismo absoluto. Al romperse el control político de la Federación sobre los estados, lo que ocurrió fue que los gobernadores se convirtieron dentro de sus territorios en presidentitos. El advenimiento de nuestra imperfecta democracia hizo “real” el federalismo en el sentido de devolver a los estados el poder que les atribuía la Constitución desde 1917. Lo que no hizo fue instaurar un federalismo democrático. Por el contrario, los gobernadores fueron los beneficiarios de las facultades metaconstitucionales que antes monopolizaba el Presidente. Ahora son ellos los que palomean las listas de sus legisladores, ahora ellos nombran a los líderes parlamentarios, a sus sucesores, a sus auditores, a sus magistrados, a sus órganos de control interno, a sus consejeros de los órganos electorales, de transparencia o de derechos humanos. Si a eso se agrega que se les fortaleció económicamente a través del aumento constante de las participaciones y aportaciones (tan sólo en el último año las participaciones crecieron 21 por ciento en términos reales) sin pedirles nada a cambio, la fórmula resultó explosiva. Si antes teníamos un presidencialismo sin bridas ahora tenemos a 32 gobernadores sin riendas.  ¿Será que debemos pensar en un País centralista o será que a los gobernadores habría que quitarles sus facultades metaconstitucionales?