ICE, por qué no habría justicia

Lo más probable es que las personas responsables de las ejecuciones arbitrarias a nombre de Inmigration and Customs Enforcement (ICE) no serán condenadas en juicio. No se trata de que las evidencias de los crímenes no sean suficientes, se trata de la barrera política que hace y hará todo lo posible por evitar la justicia, por encima del sofisticado entramado de controles internos, supervisión administrativa, investigación penal y control judicial.

Difícil de entender, pero así es: Estados Unidos tiene mecanismos de contrapeso para controlar el abuso policial tan sofisticados como los que más en términos comparados globales, pero ese sistema tiene alcances pobres, limitados o ejemplares, según se revise la historia con detenimiento en los ámbitos locales y en el federal.

A riesgo de ser demasiado esquemático, se pueden dividir en tres generaciones las etapas del control policial. Primera: sólo control interno; segunda: control interno y externo, y tercera: sólo control externo. Si lo vemos, no desde las instituciones que existen para el control policial, sino las que realmente funcionan, México no ha consolidado la primera etapa, mientras Estados Unidos batalla en la segunda y ve crecer impulsos a favor de la tercera.

Una persona promedio acá observa los abusos de ICE y piensa si habrá consecuencias penales o no. Allá existe una multiplicidad de mecanismos de control, a veces funcionales y a veces no, intencionalmente fragmentados para que opere el principio de redundancia, es decir, el reemplazo de un control cuando no funciona otro.

Si un agente de ICE viola las leyes se deben -o pueden- activar, al menos: 1. La Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) del propio ICE; 2. La Oficina para los Derechos Civiles y las Libertades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); 3. La Oficina del Inspector General (OIG) del DHS; 4. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia (DOJ); 5. Tribunales federales.

La más importante discusión en Estados Unidos e internacional relacionada con la funcionalidad y eficacia del control policial interno y externo es el grado de independencia respecto a la cadena de mando operativo y la responsabilidad política superior de la institución. En teoría, los tribunales federales serían en este conglomerado la institución con mayor grado de independencia, mientras que la OPR, siendo interna, sería la de menor grado.

Muchas décadas de debate en el ámbito de police accountability han resultado en un consenso: es la operación simultánea de los mecanismo de control la que tiene más oportunidad para asegurar las consecuencias de las desviaciones y el aprendizaje institucional. Por eso la clave estratégica está en la redundancia: control sobre control sobre control.

Algunos estudios han mostrado que “aproximadamente el 56 por ciento de los cargos por delitos violentos presentados contra agentes de la policía terminan en condena. Otras fuentes han demostrado desde hace tiempo que “muy pocos policías llegan siquiera a juicio penal” en un sistema donde, por ejemplo en 2018, sólo el 2 por ciento de los acusados en casos penales federales fueron a juicio, y la mayoría de los que lo hicieron fueron declarados culpables.

Puede ser que la mayor parte del control efectivo sobre posibles abusos de ICE durante el gobierno de Trump estaría en todo caso a cargo de los tribunales federales, el periodismo de investigación, las organizaciones de derechos civiles y, en menor medida, la supervisión del Congreso, más que de iniciativas impulsadas desde el propio Poder Ejecutivo. Pero en mi concepto lo más probable es que Trump logrará impedir que las ejecuciones arbitrarias de ICE sean juzgadas y condenadas.

La experiencia en Estados Unidos enseña que la rendición de cuentas suele aumentar después de cambios de administración. Es frecuente que investigaciones que avanzan lentamente bajo un gobierno sean reactivadas, ampliadas o revisadas por el siguiente.

En mi concepto, lo único seguro es que por lo pronto no habría justicia.

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El autor es especialista en seguridad ciudadana y reforma policial en México y América Latina; académico y coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.