Impunidad
08 noviembre 2018
""
Se ha hablado mucho sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pero no parece excesivo para exponer razones en torno al conocido resultado de una consulta popular que, aun en el caso de que hubiera sido límpida, con su participación equivalente a alrededor del uno por ciento de la población nacional, dista mucho de reflejar la voluntad del pueblo mexicano.
Sin embargo, ahí está el resultado. Se trata de la voluntad de los mexicanos, y si algo sale mal en Santa Lucía el que se equivocó fue el pueblo. Son gajes de la democracia. Todo indica que serán infructuosas las toneladas de palabras que pesen en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, por muy razonada que sea la protesta. “El pueblo es sabio y su fallo es inapelable”.
La propuesta de habilitar tres terminales para formar un sistema aeroportuario de la Ciudad de México, todavía no es un proyecto definido, pero se alimenta de argumentaciones sobre atacar las corruptelas y frenar el daño ambiental, así como otros temas que se han colocado en el plano de las discusiones. Sin embargo, existe un factor esencial de juicio que es el de la vida humana, en este caso la seguridad de los miles de viajeros que a diario llegan y salen de
la Ciudad de México por la vía aérea.
La organización de pilotos avaló las condiciones de seguridad que el NAIM reunía para las operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves, por lo que fue definitivo su respaldo a la construcción de la magna obra en Texcoco. Sumado a esto algunas compañías estadounidenses de transportación aérea amenazaron con suspender sus vuelos a la Ciudad de México si se desechaba el proyecto original en patente realización, pues era éste el que ofrecía un operante desarrollo del tránsito aéreo, sobre todo en los momentos cruciales del despegue y, principalmente del aterrizaje.
En la actualidad la aviación comercial cuenta con flotas de aeronaves cuya capacidad no es menor a los cien pasajeros, y sí muy superior a esa cifra en sus servicios internacionales.
Vale pensar en que todas esas vidas deben ser protegidas de acuerdo con los protocolos en la materia. Y ésta debe ser una condición a superar y establecer como prioridad en todo proyecto aeroportuario, incluyendo el de Santa Lucía.
En el ámbito internacional la sensatez inclinaba la balanza de las expectativas y, sin duda, de los buenos deseos hacia una puntual derrota de Donald Trump en las elecciones intermedias de Estados Unidos de las que debió derivar un freno total congresista al desquiciamiento del magnate que detenta el puesto gubernamental más poderoso del mundo. Sin embargo, no fue así.
Los resultados de esa jornada electoral establecen mayoría demócrata en la Cámara de Representantes lo cual, para Trump, significa una derrota a medias, que alterna con el triunfo de mantener el control de un Senado crecientemente republicano. Y surgen interrogantes: ¿Cómo es que una determinante proporción del pueblo estadounidense sigue apoyando la política trompiana? ¿Acaso el xenófobo gobernante encontrará dentro de dos años el suficiente respaldo para su reelección?
En el ámbito local, de acuerdo con los términos en que se ventiló en el Congreso del Estado, el caso de la maestra Aída Rodríguez Campaña podría parangonarse como la “crónica de una muerte anunciada”, pues, de acuerdo con las declaraciones vertidas en el recinto legislativo por el profesor José Ángel Beltrán Rentería, en el Cobaes 28 de Villa Adolfo López Mateos “todos sabían que la maestra Aída estaba en peligro inminente en ese centro de trabajo”, y subrayó que la hoy occisa había presentado una denuncia de amenazas ante la Fiscalía General del Estado.
Autoridades del Cobaes 28 reconocen que la maestra Aída había pedido su cambio de plantel, pero dicen que ella no aclaró el perentorio motivo de su solicitud. La carga de omisión pesa en el señalamiento de que la Fiscalía tenía antecedentes del peligro que ceñía a la víctima cuyo asesinato no debe confinarse a la impunidad.