Impunidad: cimiento y cemento del sistema político

En una definición básica, “un sistema político es el conjunto organizado de instituciones, leyes, actores y normas que determinan cómo se ejerce el poder público y cómo se toman las decisiones en una sociedad”. Propongo lo siguiente: si el sistema político es un edificio, entonces los cimientos que lo sostienen y el cemento que une sus piezas son la impunidad.

Vista así, la impunidad es una arquitectura política, es el componente organizador del diseño en nuestra forma de entender y ejercer el poder público. Es una “pieza estructurante porque erige construcción”, caracterizó mi colega Marisol Ochoa en una emisión de Ni plata ni plomo.

Hemos equivocado la comprensión de la impunidad porque la hemos entendido como un producto del sistema, cuando en realidad es ella misma la que constituye el arreglo político. La impunidad es constitutiva del propio sistema porque organiza la manera de ejercer el poder público. Si no hubiera acceso a la impunidad, sería otro sistema político, en otras palabras. Por eso la impunidad no cede; si cediera, se caería el edificio.

Nadie entre quienes ejercen o buscan ejercer el poder público entiende que la acción penal es indisponible, es decir, que en México se persigue o se es perseguido penalmente sin intermediación política. La subordinación a la ley, por encima de criterios de oportunidad, es propia de un sistema de incentivos extraño a nuestro edificio. Por eso una y mil veces los representantes de los partidos políticos se acusan entre ellos de manipular la ley en beneficio de la impunidad de los suyos. En efecto, todos tienen razón.

La impunidad no se puede desmontar porque ella misma sostiene. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, las piezas del edificio (instituciones, leyes, actores) están pegadas por el cemento que es la certeza de la disponibilidad de la acción penal. Romper tal certeza implica agrietar o fracturar el incentivo que une los componentes.

Vamos más allá: el incentivo del acceso al poder público se identifica quizá en mucho con el incentivo de la impunidad, igual para beneficio propio que para perseguir al adversario. “Quiero el cargo porque el cargo es el boleto privilegiado”. Siendo la Policía la institución encargada de hacer cumplir la ley, muchos años atrás una encuesta aplicada entre aspirantes a la Policía Judicial Federal mostró que la mayoría buscaba el cargo justo para tener el boleto en mano.

Por cierto, buen momento para preguntarnos cuántas personas, entre las decenas de miles candidatas, precisamente irán por el boleto de la impunidad. Aquí hablamos de cultura política, un sistema de principios y valores que coloca la impunidad como un activo del poder público, de enorme valor y cuyo aprovechamiento está “garantizado” si se está en la posición correcta.

Toda esta interpretación sería errónea si el edificio no mantuviera estabilidad. Habría instituciones, leyes y actores con fuerza para tirar la obra, para romper el sistema. Lo que ahora sabemos es que incluso con las redes de macrocriminalidad literalmente a la vista, el edificio de todas maneras resiste. La arquitectura política de la impunidad funciona para administrarla, no importa si a cielo abierto funcionan segmentos del Estado como empresas criminales continuas.

Imaginemos el ejercicio del poder político en México como un juego de póker en una cantina llamada “Estado de derecho”. En el póker ahí todo se vale, o casi todo. Quienes se sientan a la mesa de juego saben que la carta de impunidad cero no se juega, o puede usarse, pero sólo para para blofear. Pero quien quiere ganar partidas con esas cartas ya sabe que será sacado a patadas de la cantina. En la cantina “Estado de derecho” no se usa la carta cero impunidad, más que para el blof.

Lo dicho, no se puede caer lo que sostiene.

—

El autor es especialista en seguridad ciudadana y reforma policial en México y América Latina; académico y coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.