Ingreso básico universal
¿Una alternativa viable para
combatir la pobreza?

En los últimos años, la idea del ingreso básico universal (IBU) ha ganado terreno en el debate público. La propuesta, aunque suena radical, es bastante sencilla: que cada persona, por el solo hecho de existir, reciba periódicamente una cantidad fija de dinero del gobierno, sin condiciones, sin importar si tiene empleo o no, si es pobre o no. En teoría, con este ingreso se garantizaría lo mínimo para sobrevivir: comida, techo y algo de tranquilidad.

Un estudio del Banco Mundial señala que los programas de transferencia directa de dinero pueden reducir la pobreza de forma más eficiente que algunos esquemas asistenciales complicados.

Además, países como Finlandia y España han realizado pruebas piloto del IBU con resultados positivos en cuanto a bienestar emocional, salud mental y motivación para encontrar empleo.

En México, donde según el CONAPO más del 43% de la población vive en pobreza, una medida así podría significar un alivio directo y sin intermediarios.

Hay varias razones por las que muchos expertos consideran que el ingreso básico universal podría funcionar. En primer lugar, podría reducir la pobreza de forma directa y rápida. En lugar de pasar por largos trámites o filtros burocráticos, las personas simplemente recibirían el dinero y decidirían cómo gastarlo.

Esto ha sido comprobado en diversos experimentos, como el que realizó Finlandia entre 2017 y 2018, donde se observó que los beneficiarios reportaron mayor bienestar emocional y menos estrés, sin que eso significara que dejaran de buscar empleo.

Además, el IBU podría simplificar los sistemas de asistencia social, eliminando duplicidades, costos administrativos y discrecionalidad.

En muchos casos, los programas sociales son poco transparentes, generan clientelismo y no llegan a todos los que los necesitan. Un ingreso universal y automático podría reducir estos problemas.

También se ha argumentado que este tipo de ingreso puede estimular la economía local, ya que las personas tienden a gastar el dinero en productos y servicios de su comunidad. Según estudios del Banco Mundial, las transferencias directas tienden a tener efectos positivos en el consumo, la nutrición y la educación, especialmente en zonas rurales.

Pero no todo es tan simple. El principal obstáculo del ingreso básico universal en México es el costo fiscal. Para dar un ejemplo: si se decidiera entregar 3,000 pesos mensuales a cada adulto del país, el gasto superaría los 4 billones de pesos al año, es decir, más del 60% del presupuesto federal actual. ¿De dónde saldría ese dinero? ¿Impuestos más altos? ¿Recortes en salud, educación o infraestructura?

Además, existe el riesgo de que desincentive el trabajo formal, especialmente si no se acompaña de una estrategia más amplia. En una economía como la mexicana, donde más del 55% de los trabajadores están en la informalidad (según el INEGI), podría ser más rentable para algunas personas no buscar empleo o aceptar trabajos sin prestaciones, si ya cuentan con un ingreso base asegurado.

Otro punto crítico es la focalización del gasto público. Muchos expertos argumentan que los recursos deben dirigirse a quienes realmente los necesitan. Otorgar un ingreso igual a todos, sin importar su situación, podría considerarse injusto o ineficiente.

Por ejemplo, dar 3,000 pesos a alguien en extrema pobreza tiene un impacto totalmente diferente que dárselos a alguien de clase alta.