Insisto...

Por largos años, la Universidad Autónoma de Sinaloa, en su quehacer sustantivo, en cuanto a la regularidad de las actividades académicas, se ha venido realizando con normalidad, periodo que me tocó vivir como profesor de asignatura, con el antecedente de las etapas convulsas que de manera frecuente alteraban el quehacer universitario, provocando, en primer orden, la afectación de los intereses fundamentales de los alumnos y en orden de prelación, los bolsillos de los trabajadores. Parte de la estabilidad de la marcha de la Universidad también se debe a que la elección de directores de las unidades académicas y el rectorado fueron sacados del voto popular para ser depositados en el seno del Consejo Universitario.

Lo citado, y un mayor compromiso docente, le ha permitido a la Casa Rosalina colocarse en otro plano dentro del orden nacional universitario, abriéndole las oportunidades institucionales de acceder a otras bolsas de financiamiento y a sus investigadores, a competir por becas académicas.

En ese sentido, sin dejar de reconocer la ascendencia política que ha ejercido Héctor Melesio Cuén Ojeda, cuya gestión rectoral marcó un antes y un después en la historia de nuestra Alma Mater, la centenaria institución está cumpliéndole a la sociedad, sin embargo, eso tiene incómodo al Gobernador Rocha Moya y a sus alfiles, quienes, pretendiendo parecerse a su jefe político, que no es precisamente el núcleo gobernado, se han ido a la cargada en contra la autonomía universitaria, violando claramente el concepto de la misma, previsto en la Fracción VII del Artículo 3° Constitucional en el cual se establece que “...Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas;”.

En su libro Los órganos constitucionales autónomos, la doctora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Susana Thalía Pedroza de la Llave, interpreta lo asentado en el numeral citado de la manera siguiente: “... se traducen en la facultad para emitir leyes para sí mismos o dictar sus propias normas jurídicas. Asimismo, la palabra autonomía hace referencia a la autonormación y al autogobierno, es decir, es el poder atribuido a las instituciones u órganos para crear normas jurídicas... Los órganos constitucionales autónomos son unos entes establecidos expresamente en la Constitución, con un mandato supremo, caracterizado por una competencia específica y un conjunto de facultades en grado supremo, que deben ejercer en condiciones de total independencia en un marco de garantías institucionales vinculadas con la proyección y el manejo independiente de su presupuesto, personalidad jurídica, patrimonio propio y libertad absoluta para la toma de sus decisiones en el campo técnico que la Constitución les otorga”.

Sin pretender ser un experto en derecho constitucional, pero sí con el entendimiento elemental para razonar lo asentado respecto a la autonomía universitaria, me queda claro que la nueva Ley estatal de educación superior es inconstitucional y que fue parida por la Legislatura estatal, copulada por el Ejecutivo estatal; que no fue concebida por una auténtica preocupación por el destino de la autonomía universitaria, sino por venganza política, en el caso de la UAS, y en lo general, llevados por la tirria que el Ejecutivo federal le tiene a los organismos autónomos, aborrecimiento plenamente demostrado, y en nombre del cual, Rubén Rocha y sus corifeos, quieren entregarle en bandeja de plata la autonomía universitaria sinaloense.

Insisto, la acción legislativa estatal, atentatoria de la autonomía universitaria, es anticonstitucional y ojalá que las instancias judiciales den una pronta respuesta a las promociones en contra de la pretendida Ley estatal de educación superior, prontitud que ayudaría a evitar un conflicto, que de estallar, tendría como víctimas inmediatas los intereses de los estudiantes. ¡Buenos días!