La caducidad de la Doctrina Estrada frente a la crisis de violencia contra el periodismo en México
Todavía no termina de secar la tinta de la carta que envió el Presidente al Parlamento Europeo, y ya otro periodista fue asesinado en México. Van ocho este año. La violencia contra los comunicadores está imparable.
A las autoridades mexicanas nunca les ha gustado la crítica. Todavía menos si los cuestionamientos vienen de fuera. Las fobias al intervencionismo extranjero dieron origen a los postulados de la Doctrina Estrada, que posibilitaron la neutralidad del Estado Mexicano frente a los conflictos internacionales, aunque al mismo tiempo lo volvieron cómplice de dictaduras por la autocensura.
La Doctrina Estrada fue muy conveniente para mantener a raya las críticas al régimen presidencialista, y su alcance no se limitó a evitar la injerencia de otros estados en los asuntos de la nación, pues también fue referente para excluir a ciudadanos extranjeros de cualquier forma de participación.
A mediados de la década de los 60, por ejemplo, un poco antes de que ocurrieran las grandes movilizaciones sociales contra el autoritarismo en México, el antropólogo neoyorkino Oscar Lewis fue vetado por la publicación de su libro Los hijos de Sánchez, un estudio etnográfico que retrató con todo detalle los vicios de la pobreza en un país como el nuestro que tiende a idealizarla.
La publicación del libro fue un escándalo. La Asociación Mexicana de Geografía y Estadística lo consideró obsceno, difamatorio y antirrevolucionario. Sus miembros, intentando congraciarse con el Presidente Díaz Ordaz, pidieron que su autor, junto con el director de la editorial, el argentino Arnaldo Orfila, que en ese entonces estaba a cargo del Fondo de Cultura Económica, fueran enjuiciados y expulsados del País.
Con el tiempo, el ensayo de Oscar Lewis se convirtió en un clásico de las ciencias sociales, y los funcionarios que lo condenaron hoy sirven de ejemplo de intolerancia y lambisconería política.
Hoy ocurre algo similar. Un grupo de gobernadores cerró filas con el Presidente de la República, luego de que el Parlamento Europeo pidiera al Gobierno mexicano dar seguridad y protección a periodistas. En respuesta, el Presidente escribió una carta, replicada cientos de veces en las redes sociales, donde denuncia una supuesta injerencia golpistas, recalcando, con orgullo, que la época de la Colonia ha terminado.
Puede ser. Pero, queramos o no, México está inmerso en la globalización y esa condición le obliga a rendir cuentas. Incluso si se reconoce que la mundialización está comandada por un nuevo tipo de imperialismo, los riesgos de vivir en un mundo interconectado no se solucionan enclaustrando al País.
Para gestionar los problemas globales, la humanidad hasta el momento solo tiene a su disposición un delicado modelo de gobernanza mundial, que combina instituciones y acuerdos formales con redes informales de cooperación.
Es un sistema muy frágil debido a la prevalencia de las soberanías estatales que impiden coaccionar de forma directa a los países infractores de los derechos humanos, pero también por las asimetrías de poder entre los actores que participan en el orden internacional. Aun así, este es un modelo que ofrece oportunidades para la justicia global.
En la década de los 90, por ejemplo, la moral cosmopolita sirvió para frenar la inminente masacre de los revolucionarios zapatistas por parte del Ejército Mexicano. Y desde las protestas en Seattle en 1999, la sociedad civil transnacional ha logrado encauzar la globalización imponiendo paradigmas alternativos de desarrollo.
Una ventaja de la gobernanza mundial es la posibilidad que tienen los pequeños actores de formar coaliciones para subsanar las disparidades de poder. Esta es una práctica que el gremio periodístico ha desarrollado con efectividad. La difusión de los “Pandora papers” fue posible, precisamente, porque los documentos se filtraron de forma simultánea por todo el mundo para esquivar la censura gubernamental.
El llamado del Parlamento Europeo debe entenderse en este contexto de gobernanza global, que por supuesto no está exento del golpeteo político. Aun así, resultaría mezquino pasar por alto el hecho de que el Gobierno mexicano no está haciendo lo suficiente para contener la violencia contra los periodistas.
La denuncia de una injerencia que contraviene la soberanía tampoco tiene fundamento. México firmó en el año 2000 un tratado comercial con la Unión Europea que incluye una cláusula democrática. Estamos hablando de un instrumento jurídico que lleva implícita la voluntad de las partes para respetar y promover, en sus políticas internas, los principios de los derechos humanos. Es un compromiso que hicieron con la sociedad civil para elevar la calidad de la democracia, así como dar una mayor protección de los grupos vulnerables, como ahora son los periodistas.
Así que no se digan sorprendidos. Pues ante la falta de garantías para ejercer su profesión con seguridad, los comunicadores tienen todo el derecho de acudir a otras instancias que los ayuden a presionar al Estado Mexicano a cumplir sus compromisos y obligaciones.
Lamentablemente, la gobernanza global atraviesa por una etapa de crisis. Esto es producto del descrédito del antiguo orden mundial soportado por Estados Unidos, y por la entrada en escena de potencias como China y Rusia, que no simpatizan con la democracia.
La ceguera ideológica le hace pensar a México que está en la posibilidad de mantenerse neutral, y por eso alude de nueva cuenta a la Doctrina Estrada. Alerta. Si no se contiene la inercia, la avalancha nos arrastrará en una nueva vorágine autoritaria.