La clase política atenta en contra de la consolidación democrática en México

 

 

 

El 19 de julio se vence el plazo para la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Como es costumbre, la clase política violentará la ley que ellos mismos “juraron” defender. Harán caso omiso, como suelen hacerlo, de los plazos que ellos mismos determinaron. Se apegarán a la constante simulación que les caracteriza y que tanto daño le ha causado al proceso de consolidación democrática en México.

Mientras las y los políticos de todos los partidos mandan al diablo las instituciones (SÍ, ¡ellos también las mandan!), el miércoles entrante no contaremos con un fiscal anticorrupción, ni se tendrán ratificados a los magistrados especializados y estaremos aún muy lejos de la instalación de dicho sistema en las localidades. Es así, la clase política sabotea al País entero, con tal de no perder sus privilegios. ¿A qué le tienen miedo?

Como parte medular de estos esfuerzos, los cuestionamientos del Senador Pablo Escudero a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana para el SNA envían un mensaje muy claro y de impacto muy negativo para la sociedad civil: la clase política y las instituciones no van a facilitar el trabajo de las organizaciones sociales, independientemente de si con ello sepultan el proceso. Incluso, de eso se trata: de apagar cualquier intento de expresión autónoma, sin importar el ámbito en el cual se manifieste.

La organizaciones de sociedad civil son expresiones de la libertad de conciencia, de la libertad de expresión, de la libertad de asociación y del derecho a la participación, todas consagradas en la Constitución. La participación ciudadana es de vital importancia para que las instituciones funcionen. Intentar dinamitar la crítica, desmontar el control democrático y estrangular a quien monitorea, estudia los problemas y sus soluciones, y les impide un protagonismo autoritario y univocal, es atentar contra la democracia misma. Si eso es lo que desean, que lo digan.

Las organizaciones civiles están llamadas a participar en el cambio que ellas mismas proponen a través del diagnóstico, la propuesta, el monitoreo y el ajuste, y de emplazar a los funcionarios e instituciones a escuchar posibles soluciones, entregar información y rendir cuentas; sin dejar por ello de corresponsabilizarse con el debido proceso. Dejarles el papel de contorno, invitados de piedra y edecanes de eventos oficiales es perderse el dinamismo de las democracias contemporáneas, en donde las soluciones se descubren en un vivaz diálogo entre sociedad civil y estructuras formales del Estado.

Cuando el Senador Escudero, del Partido Verde, afirmó el pasado 1 de julio en un medio de comunicación de alcance nacional, que el Comité de Participación Ciudadana actuó de manera opaca y que “lo único que han hecho, lo han hecho mal”, pretende lastimar la credibilidad que diversos esfuerzos cívicos tienen y de la cual él carece. Sin argumento ni prueba alguna, también acusó al comité de selección de no ser transparente, de tener conflicto de intereses, de seleccionar a sus cuates, y de hacer trampa.

La credibilidad de las organizaciones civiles es mucho más alta que la que tienen algunos institutos políticos y sus actores tradicionales. Gobernadores y ex gobernadores acusados de fraude, malversación de fondos, corrupción y otros delitos contra la sociedad a la que deberían servir, dejan por el suelo la confianza de los ciudadanos. Los Borge, Padrés, Duarte, y otros, son sinónimo de corrupción, engaño y desconfianza, y las instituciones encargadas de castigarlos han quedado rebasadas en esta misión, por lo cual la impunidad se suma a la lista de padecimientos de los mexicanos.

Las organizaciones civiles están llamadas a participar en el cambio que ellas mismas proponen a través del diagnóstico, la propuesta, el monitoreo y el ajuste, y de emplazar a los funcionarios e instituciones a escuchar posibles soluciones, entregar información y rendir cuentas; sin dejar por ello de corresponsabilizarse con el debido proceso.

Una vía para salir de esa entropía es una democracia de “contrario”; una democracia en la que “contrariar” sea lo más institucional que existe. Lo que se teme para 2018 puede ya estar presente hoy: cada declaración se escanea y se toma como agravio, cada crítica se entiende como injuria, cada propuesta se ve como amenaza a la propia (posible) candidatura. Así que hay un vigor inusitado para arrinconar a todo aquel que aspire a la autonomía, desde la sociedad civil organizada, pasando por los reporteros o cualquier otro medio que “contraríe” las iniciativas desde “el poder”.

Tratar de manchar los nombres de las personas detrás de las organizaciones de la sociedad civil, acusándolos de hacer trampa, de compadrazgo, de amiguismo y de corrupción, es tratar de quitar toda la credibilidad e independencia que a pulso se han ganado líderes como Edna Jaime, María Elena Morera, Marieclaire Acosta, Juan Pardinas, y otros ciudadanos que han dedicado sus propios esfuerzos y recursos a terminar con la corrupción, uno de los más grandes males que padecen los mexicanos.

Y aunque el Senador Escudero recule y diga que la presentación del Libro Blanco “abona a la rendición de cuentas y a la fortaleza democrática de las instituciones”, ya es muy tarde. El daño está hecho. El mensaje que se envió a la ciudadanía y a la sociedad civil es muy claro: No van a facilitar el trabajo de las organizaciones civiles. El mensaje de regreso es: cuéntanos bien, somos muchos más. No tenemos un trabajo, una curul, un nombramiento, una chamba. Ésas tienen caducidad. Nosotros tenemos una causa, y nuestro empeño en ella empezó antes y continuará después de tu periodo.

Que así sea.

 

PD. Aplaudo las honrosas excepciones que desde el poder político sobreviven.