La Constitución de las buenas intenciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ha convertido en un catálogo de buenas intenciones, en el que cada reto público pretende resolverse agregando un derecho, un principio o un sistema. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia, las reformas pueden cambiar las palabras, pero no necesariamente cambian la realidad.
El artículo 3 constitucional encomienda a la educación “desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano”, luchar “contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios” y alcanzar “el máximo logro de aprendizaje”.
El artículo 6 establece el derecho humano al libre acceso a la información, dispone que toda la información en posesión de las autoridades es pública y ordena que en el ejercicio de ese derecho prevalezca el principio de máxima publicidad.
La Constitución también creó un Sistema Nacional Anticorrupción para coordinar la prevención, detección y sanción de esas conductas. Ordena, asimismo, que los recursos públicos se administren con eficiencia, economía, transparencia y honradez y establece la licitación pública como regla general para las contrataciones públicas.
Así, quien lea nuestra Constitución podrá decir que hemos trazado un país ideal: educado, transparente, honesto y cuidadoso de los dineros públicos. Basta con levantar la mirada del papel para encontrar un país muy distinto.
La más reciente prueba PISA, que evalúa la capacidad de los estudiantes para aplicar lo aprendido a problemas de la vida real, muestra que solo tres de cada diez jóvenes mexicanos alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemáticas. En lectura y ciencias apenas lo consigue la mitad. Casi ninguno llega a niveles superiores. Esa es la distancia entre el “máximo logro de aprendizaje” proclamado por la Constitución y la educación que efectivamente reciben millones de jóvenes.
Tampoco ha prevalecido la máxima publicidad. Durante el sexenio pasado se volvió práctica común ocultar o fragmentar la información sobre los costos de las principales obras públicas, frecuentemente bajo el argumento de la seguridad nacional, que excepcionalmente la propia Constitución permite para el resguardo de cierta información.
La excepción se volvió regla general. Establecida dicha cultura no sorprende que el Comité de Transparencia del Infonavit ocultara casi por completo la declaración patrimonial de quien dirigió Pemex durante ese gobierno y que hoy encabeza el instituto. Solo se publicó después de que el caso apareció en la prensa y de que la Presidenta ordenó hacerlo.
Por otra parte, no hay mañana en la que el país no despierte con una noticia sobre algún funcionario enriquecido inexplicablemente, un negocio turbio o recursos públicos cuyo destino nadie puede explicar. Si la Constitución hizo de la licitación pública la regla, la práctica se ha desviado hacia la adjudicación directa. El Sistema Nacional Anticorrupción existe, celebra sesiones y publica informes, pero la corrupción no desaparece ni se aminora. Al contrario, parece gozar de mejor salud.
No se trata de negar o de restarle importancia a los derechos y principios constitucionales. Se trata de entender que ninguna Constitución, por noble y avanzada que sea, puede ordenar por sí sola la realidad. Necesita autoridades que actúen de manera coherente con sus mandatos y conviertan sus principios en conducta cotidiana.
Cuando la autoridad proclama el derecho y, al mismo tiempo, fomenta su inobservancia, las normas quedan reducidas a buenas intenciones. Un país no cae en el desorden porque carezca de leyes, sino porque aprende que cumplirlas es opcional.