La corrupción no es un fenómeno neutral
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, México se ubicó en el lugar 140 de 180 países evaluados, su peor posición histórica. Este no es sólo un dato desalentador, es síntoma de un problema estructural que se ha normalizado en la vida cotidiana. Los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2025) lo confirman, pues la corrupción es percibida por los mexicanos como uno de los principales problemas del País.
La corrupción es un fenómeno sistémico que tiene efectos negativos en muchas áreas del desarrollo: profundiza la pobreza, perpetúa la exclusión, debilita el Estado de derecho, vulnera los derechos humanos, restringe el acceso a la justicia, entre otros. Además, su impacto no es neutral. La corrupción no afecta de la misma manera a todas las personas. De acuerdo con la Métrica Transversal para Estimar el Impacto Diferenciado de la Corrupción (2025), las mujeres son afectadas por la corrupción 42 por ciento más que los hombres. Esta cifra no es casual, responde a condiciones estructurales de desigualdad que colocan a las mujeres en una situación de vulnerabilidad frente a servicios públicos, autoridades y redes informales de poder.
Existen numerosos ejemplos de cómo la corrupción viola los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la Red de Agua de la UNAM reveló que, durante la crisis hídrica en la Ciudad de México, mujeres de zonas de bajos ingresos en Iztapalapa y Xochimilco fueron víctimas de extorsión sexual por parte de operadores de pipas, a cambio de acceso al agua.
Ignorar esta condición implica seguir diseñando políticas públicas a ciegas, incapaces de responder a la realidad de las mujeres. Por ello, avanzar en el diseño e implementación efectiva de una agenda anticorrupción con perspectiva de género e interseccional es una condición indispensable.
Lograrlo requiere una mayor participación de mujeres y de otros grupos históricamente marginados en los espacios de toma de decisiones en materia anticorrupción. No como figuras simbólicas, sino como liderazgos con capacidad real de incidir. Son ellas quienes pueden impulsar la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, desde el diagnóstico hasta la evaluación.
Igualmente importante es garantizar que estas mujeres cuenten con conocimientos técnicos, herramientas y recursos para diseñar agendas eficaces que atiendan las causas estructurales de la corrupción. Entonces, solo mediante un liderazgo inclusivo, informado y con respaldo institucional los beneficios de los esfuerzos anticorrupción podrán alcanzarnos a todas.
Si bien ya existen avances en la materia, aún falta mucho camino por recorrer. Combatir la corrupción con perspectiva de género parte de reconocer que no todas las personas enfrentan los mismos riesgos ni cuentan con las mismas herramientas para defenderse frente a la corrupción. Pero no podemos quedarnos ahí, necesitamos diseñar políticas efectivas, basadas en evidencia, que atiendan la raíz de los problemas, sólo así podremos asegurarnos de que la corrupción no siga siendo ese mal silencioso que limita las posibilidades de las mujeres y les impide el pleno goce de sus derechos.
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La autora es Dalia Toledo (@Dalia_Toledo), directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion).