La corrupción tiene precio, y lo pagamos todos

Tres mil 865 pesos. Ese es el costo promedio que pagó cada ciudadano mexicano en 2025 por causa de la corrupción. No es una multa, no es un impuesto, no es una cuota voluntaria. Es lo que se pierde, en promedio, cada vez que alguien tiene que pagar un soborno para que le resuelvan un trámite, para que no le pongan obstáculos, para que una autoridad haga lo que ya está obligada a hacer por ley. Y es el nivel más alto registrado en la última década.

El total de esa factura, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI, asciende a casi 17 mil millones de pesos. Un total de 9.4 millones de personas fueron víctimas de al menos un acto de corrupción en 2025 al realizar trámites o interactuar con autoridades: 9 millones de historias de bolsillos vaciados, tiempos perdidos y dignidades pisoteadas.

¿Cuántas de esas personas pudieron denunciar? La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2024 del Inegi da una respuesta que duele: el 98.9 por ciento de los actos de corrupción que enfrentan las unidades económicas permanecen impunes al no denunciarse ni investigarse. Casi la totalidad. La impunidad no es la excepción; es la regla.

Y sin embargo, el problema sigue normalizado. En 2025, el 16 por ciento de las personas que realizaron un trámite, pagaron un servicio o solicitaron atención de una institución pública fue víctima de algún acto de corrupción. La tasa de prevalencia alcanzó 15 mil 642 actos por cada 100 mil habitantes, un 24 por ciento más que en 2015. Una década después, no mejoramos, empeoramos. Si alguien necesita una imagen que resuma dónde estamos parados: en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, México obtuvo 27 puntos de 100 posibles y ocupó el lugar 141 de 182 países. Más fácil es contar los que están peor que los que están mejor.

Ahora pensemos en lo que esto significa para la economía. La corrupción no es sólo un problema ético, aunque lo es. Es un obstáculo concreto y medible para el crecimiento. Incrementa los costos de hacer negocios, desalienta la inversión, genera incertidumbre jurídica y frena la creación de empleos formales. Un país que aspira a consolidarse como destino confiable para invertir -y México tiene razones objetivas para serlo- no puede ignorar que la corrupción funciona como un impuesto invisible que nadie votó pero todos pagan.

Los datos de #DataCoparmex 2025, a través del indicador #MxSinCorrupción, muestran que el 40.2 por ciento de las empresas socias de Coparmex enfrentó al menos un acto de corrupción durante el último año. Cuatro de cada 10. Y aunque el indicador mejoró 6.6 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, hay muy poco que celebrar cuando la mayoría de los espacios donde se cobra el soborno son precisamente las instituciones que deberían garantizar el orden. La mayor incidencia se registra en el ámbito municipal con un 62.2 por ciento, seguido del estatal con 57.8 por ciento y el federal con 42.8 por ciento. Casi una quinta parte de las empresas reportó corrupción en los tres órdenes de Gobierno al mismo tiempo. No es un fenómeno aislado ni sectorial: es estructural.

¿Quiénes la padecen con mayor intensidad? Las micro, pequeñas y medianas empresas, que concentran el 70.7 por ciento del personal ocupado del País y que, a diferencia de las grandes corporaciones, no tienen capacidad para absorber pagos indebidos, retrasos administrativos ni costos de cumplimiento exagerados. Para una MiPyME, un soborno no es un gasto que se diluye en el presupuesto: puede ser la diferencia entre operar y cerrar. Y entre las empresas víctimas de algún delito, el 17.3 por ciento sufrió extorsión o cobro de piso; en el 37 por ciento de esos casos, quien cobró fue una autoridad o alguien que se hizo pasar por ella. El Estado extorsionando a sus propios contribuyentes. Difícil encontrar una imagen más corrosiva para la confianza institucional.

A esto se suma el exceso regulatorio, que no es una causa menor. Según #DataCoparmex 2025, el 48.9 por ciento de las empresas enfrentó obstáculos al realizar trámites gubernamentales y destina en promedio 82 horas mensuales al cumplimiento regulatorio. Cada trámite innecesario es una oportunidad para que alguien cobre por agilizarlo. Simplificar y digitalizar los procesos no es solo una medida de eficiencia administrativa: es una política anticorrupción concreta y probada.

Desde Coparmex sostenemos que combatir la corrupción debe ser una prioridad nacional. Eso implica fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, aplicar sanciones efectivas y oportunas contra servidores públicos corruptos, simplificar trámites para reducir la discrecionalidad, garantizar canales de denuncia seguros y combatir frontalmente la extorsión. Implica también que el sector empresarial y la sociedad civil participen activamente en el diseño, implementación y evaluación de las políticas anticorrupción.

Tres mil 865 pesos. Ese es el costo visible. El invisible, el de la inversión que no llegó, el empleo que no se creó y la empresa que no abrió, es incalculable.