La detención migratoria: encierro, trauma y olvido
Recientemente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por el alarmante incremento de personas que han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). De 2024 a mayo de 2026 se han registrado 62 personas fallecidas, y tan sólo en 2026 se han alcanzado 60,000 personas detenidas y se prevé que para finales de año alcancen una capacidad de 90,000[1].
La detención por motivos migratorios es una política que ha demostrado su fracaso en la gestión migratoria. Lejos de ofrecer soluciones, provoca graves daños a las personas, viola los derechos a la libertad y a la seguridad personal, supone un alto costo para los Estados y no cumple con los objetivos que dice perseguir. De acuerdo con los estándares internacionales y regionales, privar a una persona de su libertad debe ser una medida excepcional y de último recurso y no se legitima su uso generalizado o sistemático.
Es decir, si bien la entrada y la estancia sin documentación regular pudieran infringir las normas de un país, por sí solos no justifican el encierro y luego la deportación de personas en movilidad. Desde la Coalición Internacional contra la Detención (IDC, por sus siglas en inglés), la evidencia es clara: las alternativas a la detención, sustentadas en un enfoque de derechos humanos, son más justas, más humanas, menos costosas y más eficaces. En lugar de encerrar a una persona sin documentación, las autoridades deben evaluar cada caso de manera individual y considerar alternativas que permitan a las personas resolver su situación migratoria mientras permanecen en la comunidad.
En las Américas, se ha documentado que al menos 18 países contemplan la privación de la libertad de alguna forma en sus políticas migratorias[2], y en lo que va del año, preocupa un aumento en su uso como política de contención en la región. Esta tendencia se vincula en gran medida por las medidas del endurecimiento del control migratorio, incluyendo las deportaciones masivas y los acuerdos de recepción de personas de diversas nacionalidades, impulsados por Estados Unidos.
Entre otros, IDC ha documentado[3] que el aislamiento y el encierro deterioran de forma severa y crónica la salud mental de las personas en detención migratoria (o que viven bajo esta amenaza constante) desarrollando cuadros de ansiedad, depresión clínica y trastorno de estrés postraumático. Además, generan un impacto desproporcionado y devastador en grupos en situaciones de vulnerabilidad o con necesidades de protección; entre ellos las niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género, personas con género diverso, y personas con necesidades de salud.
Las secuelas de este modelo fallido nos dejan con una dolorosa memoria de eventos previsibles y evitables también en México. Recordemos el fallecimiento de una persona en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, en 2020 en el contexto de la pandemia, así como la tragedia en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2023, donde un incendio bajo candado costó la vida de 40 personas.
Apenas el pasado 24 de junio fuimos testigos de otra tragedia tras los terremotos en Venezuela. Se reporta que 146 personas deportadas desde Estados Unidos, entre ellas 19 mujeres y 7 niños, fueron trasladados a un hotel para seguimiento al proceso de recepción bajo custodia estatal. Poco después el inmueble colapsó y aún no se confirma la identidad y el paradero de estas personas, haciendo notar la desprotección de personas en movilidad incluso después del retorno a sus países de origen. Esto pone en relieve los riesgos y las consecuencias que puede tener una práctica de contención migratoria que no termina con la expulsión o deportación.
Ante este panorama regional, de detenciones sistemáticas, externalización de fronteras y de retornos forzados, la pregunta sigue abierta: ¿Hasta cuándo el costo de las políticas de seguridad nacional se seguirá pagando con la salud, la integridad y la vida misma de los seres humanos?
Como coalición global, sostenemos firmemente que ha llegado el momento de dejar atrás la práctica de la detención migratoria, relegarla al pasado: es inherentemente dañina, costosa e ineficaz para ordenar los flujos migratorios que se seguirán dando por las condiciones de vida en la región. En su lugar, es urgente que apostemos por modelos sustitutivos que permitan a las personas refugiadas y migrantes vivir en libertad dentro de la comunidad mientras se resuelve su situación migratoria. En este sentido, IDC apoya a gobiernos en búsqueda de soluciones que establecen alternativas a la detención viables, humanas y mucho más eficientes y efectivas para construir sistemas migratorios que respondan a los desafíos actuales.
Países que han implementado modelos de gestión de casos en libertad, acompañamiento legal comunitario y alojamiento digno sin restricciones de movimiento demuestran que es posible. Las organizaciones de la sociedad civil y las que forman parte de redes como el GANDPR continuaremos trabajando para asegurar que la libertad sea la norma y que la garantía de los derechos humanos en la movilidad humana se convierta en una realidad palpable en nuestras fronteras.
[1] Las cifras sobre el incremento de muertes bajo custodia y el aumento de la población detenida a más de 60,000 personas corresponden a las alertas y datos oficiales recopilados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Véase: Naciones Unidas (2026). Preocupación por el aumento de muertes bajo custodia de ICE en EE. UU. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2026/06/1541613
[2] Para un análisis profundo sobre los marcos normativos que sostienen esta práctica en el continente, consultar: International Detention Coalition (IDC). Gaining Ground: Promising Practice to Reduce & End Immigration Detention y ¿Qué esperamos del futuro? Detención migratoria y alternativas en las Américas. Disponibles en: https://idcoalition.org/publications/
[3] International Detention Coalition. Impacto de la detención migratoria en la salud mental. México, 2024. https://idcoalition.org/es/publications/the-impact-of-immigration-detention-on-mental-health/