La educación inclusiva en el proyecto de la Ley General de Educación

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Desde el pasado 15 de mayo, fecha de la promulgación de la nueva reforma educativa, hemos planteado la urgente necesidad de leyes secundarias que respondan a las exigencias de nuestro sistema educativo.

Actualmente, ya se cuenta con una iniciativa para abrogar la Ley General de Educación (LGE), la cual debe articularse con los nuevos requerimientos constitucionales (inclusiva, integral, intercultural, de excelencia), no obstante, todo parece indicar que será hasta septiembre, fecha en la que se cumple el plazo límite de 120 días, cuando se emitirá la legislación secundaria.
En este tiempo, es preciso reflexionar y analizar de qué manera es posible lograr la mejor versión posible de la LGE, sin embargo, en esta ocasión me concentraré en uno en particular: La educación inclusiva.

En primer lugar, la definición de educación inclusiva no responde plenamente a lo establecido constitucionalmente, ya que más allá de pensar en grupos vulnerables, marginados o con necesidades educativas especiales, se requiere una visión más amplia que permita eliminar las barreras que obstaculizan el aprendizaje y la participación que enfrentan muchas niñas, niños y jóvenes.

En ese sentido, debemos considerar que todos los alumnos aprenden de distinta manera y pertenecen a contextos diversos, por lo tanto, para que el sistema educativo sea incluyente se requiere conocer a la persona para identificar cómo aprende, así como respetar sus procesos, canales, estilos y ritmos de aprendizaje. Las autoridades educativas deben apoyar a la flexibilización del currículum mediante ajustes a nivel nacional y estatal para implementar constantemente procesos de mejora.

Es importante que las autoridades partan de un diagnóstico para conocer las principales necesidades de los alumnos y así gestionar los apoyos requeridos para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, partiendo desde la educación inicial y brindando seguimiento oportuno y periódico con procesos de formación y actualización permanente que les permitan a los docentes y directivos promover actitudes y prácticas incluyentes.

En este proceso, deben implementarse acciones para que nadie quede excluido y se atiendan las necesidades de todos, sin excepción, respetando los contextos y la pertinencia cultural y lingüística de los educandos. Es responsabilidad de todos los actores educativos aportar para que la inclusión sea una realidad. En ese sentido, la educación especial debe funcionar como un apoyo complementario que brinde asesoría, seguimiento y acompañamiento para todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Par lograr lo anterior, es indispensable contar con los recursos suficientes que permitan dar viabilidad a estas acciones y brindar las condiciones necesarias para la eliminación de las barreras que obstaculizan el aprendizaje y la participación. La LGE debe contemplar estos elementos que permitirán avanzar hacia comunidades de aprendizaje donde realmente las escuelas sean para todos.