La escuela no detiene la violencia, pero sostiene la paz

En Sinaloa llevamos más de un año repitiendo una misma lógica frente a la violencia: militarización, más operativos, mayor presencia de la fuerza pública, despliegues reactivos. Desde la experiencia cotidiana, es claro que esa respuesta, aunque necesaria en ciertos momentos, no ha sido suficiente para revertir una crisis que se ha vuelto estructural y persistente.

Desde el 9 de septiembre de 2024, el estado atraviesa una nueva escalada de violencia derivada de la disputa entre cárteles, que se suma a ciclos previos de inseguridad y profundiza una crisis ya conocida. Esta vez, los efectos se han acumulado en la vida cotidiana, escuelas que no abren con regularidad, clases que se suspenden de forma reiterada, trayectorias educativas fragmentadas y comunidades que van perdiendo rutinas, vínculos y sentido de futuro. No es solo un problema de seguridad pública; es una ruptura sostenida de la vida diaria.

Hablar de seguridad en Sinaloa sin hablar de educación es mirar el problema de forma incompleta.

Garantizar los aprendizajes fundamentales -leer, escribir, comprender, razonar- es una obligación indelegable del Estado, en particular de la autoridad educativa. Sin ellos, el derecho a aprender no se ejerce. Eso implica saber dónde están hoy niñas, niños y adolescentes en sus aprendizajes y asumir, sin rodeos, una estrategia seria para recuperarlos. Reabrir las escuelas es indispensable, pero no suficiente, es necesario dimensionar el daño acumulado para asegurar una apertura regular y una estrategia real de recuperación de aprendizajes.

Esa responsabilidad es irrenunciable, pero no puede ejercerse en solitario. En un contexto como el que vive Sinaloa, garantizar el derecho a aprender en paz exige que el Estado asuma su papel de manera articulada con la sociedad civil, la iniciativa privada, los medios de comunicación y la academia, reconociendo que el aprendizaje se construye también fuera de la escuela, en la vida cotidiana, pero que es la escuela la que otorga continuidad, intencionalidad pedagógica y condiciones de equidad.

Un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), titulado Violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe: nuevos datos y soluciones (2026), confirma algo que en Sinaloa conocemos bien: la violencia no sólo cobra vidas, también erosiona aprendizajes clave para la vida, deteriora la salud mental, rompe vínculos y limita la capacidad de niñas, niños y adolescentes para convivir, resolver conflictos sin violencia y proyectar un futuro.

Cuando la violencia se vuelve recurrente, el derecho a aprender en paz deja de ser una garantía y se convierte en una aspiración frágil. No se trata solo de dejar de acumular días de clase o contenidos académicos, sino de la erosión de las condiciones mínimas para aprender sin miedo, con estabilidad y con sentido, entendiendo este sentido como la posibilidad de dar continuidad a lo aprendido, de vincularse con otros y de proyectar un futuro posible desde la escuela y la vida cotidiana.

La evidencia muestra que, junto a los aprendizajes fundamentales, existen otros aprendizajes igualmente decisivos para romper el ciclo de la violencia y reconstruir tejido social, aprendizajes socioemocionales, de convivencia, de resolución pacífica de conflictos, de ciudadanía, de cuidado mutuo y de manejo del trauma.

Los aprendizajes no se producen exclusivamente en la escuela ni dependen solo del sistema educativo formal. Pero es desde los centros escolares donde adquieren continuidad, profundidad y proyección. Cuando la escuela se interrumpe de manera reiterada, esa posibilidad se debilita, especialmente para quienes cuentan con menos apoyos fuera de ella.

Es en ese contexto donde, en Sinaloa, el papel de la sociedad civil, la Iniciativa Privada, los medios de comunicación, la academia y los gobiernos locales se vuelve estratégico. No para sustituir al Estado ni para cubrir sus omisiones, sino para complementar la acción pública desde ámbitos donde sí pueden incidir, en la comunidad, en los espacios culturales y deportivos, en el acompañamiento psicosocial, en las narrativas que se construyen desde los medios y en la generación de evidencia que ayude a tomar mejores decisiones.

La paz no se decreta ni se impone. Se construye en la vida cotidiana, cuando existen condiciones mínimas de estabilidad, cuando las escuelas abren de manera regular y cuando aprender vuelve a tener sentido. La educación, por sí sola no resuelve la violencia ni sustituye al Estado en su obligación de garantizar seguridad y justicia. Pero sin continuidad escolar, sin entornos que permitan aprender sin miedo y sin una vida cotidiana estable, cualquier intento de construir paz se vuelve frágil e insostenible en el tiempo.

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La autora es directora general de Mexicanos Primero Sinaloa.