La extorsión no para: el delito que va a contracorriente

Mientras la mayoría de los delitos en México registraron caídas durante el primer semestre de 2026, uno siguió subiendo. Solo uno. La extorsión. Y no subió poco: alcanzó su nivel más alto en 11 años, con 6 mil 562 víctimas registradas entre enero y junio, un incremento de 9.17 por ciento frente al mismo periodo de 2025. En un año en que los homicidios dolosos bajaron 30.1 por ciento; los feminicidios, 10.7 por ciento; y el secuestro, 25.3 por ciento, la extorsión avanzó en sentido contrario, como un río que escoge su propio rumbo sin importar el terreno.

Pero hay un dato que convierte esa cifra en algo mucho más grave: según el Inegi, el 97 por ciento de los casos de extorsión no se denuncia ni se registra. Eso significa que los 6 mil 562 casos oficiales son apenas la punta visible de un iceberg de dimensiones difíciles de calcular. Si el 3 por ciento que sí se reporta equivale a esa cantidad, ¿cuántas víctimas reales hay detrás? La respuesta matemática incomoda: podríamos estar hablando de más de 218 mil personas extorsionadas en sólo seis meses. Ciudadanos y empresarios que pagaron, callaron y siguieron adelante porque denunciar les parecía más peligroso que ceder.

¿Por qué no se denuncia? Porque la extorsión funciona sobre el miedo. Y el miedo, cuando el Estado no ofrece protección efectiva, es más racional que el valor. Esta es la trampa perfecta del crimen organizado: un delito que se alimenta de su propio silencio, que crece en la oscuridad y que, precisamente por eso, resulta tan difícil de combatir con las herramientas tradicionales.

El Monitor de Seguridad de Coparmex, que da seguimiento a la incidencia delictiva nacional, estatal y municipal, confirma la expansión del fenómeno: 19 entidades registraron un aumento en este primer semestre comparado con el mismo periodo de 2025, y 12 alcanzaron su máximo histórico en los últimos 11 años. Los números regionales son todavía más perturbadores. Chihuahua registró un aumento de 2 mil 325 por ciento, pasando de 4 a 97 víctimas. Zacatecas creció 551.4 por ciento, de 35 a 228. Tabasco subió 184.2 por ciento. No son variaciones marginales: son disparos verticales que hablan de una expansión territorial del delito hacia zonas que antes estaban relativamente protegidas.

Por tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, las entidades más afectadas son Morelos con 18.8, Querétaro con 15.5, Zacatecas con 13.2, Ciudad de México con 12.7 y Baja California Sur con 12.4. Y a nivel municipal, la concentración es llamativa: 10 de los 20 municipios con mayor tasa se ubican en sólo dos entidades: Guanajuato, con cinco municipios, y Ciudad de México, con cinco alcaldías. El municipio con la tasa más alta del País es Cuautla, Morelos, con 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes. Un número que, puesto en perspectiva, significa que en esa ciudad prácticamente una de cada mil 600 personas fue víctima registrada de extorsión en sólo seis meses. Y eso es el 3 por ciento.

La extorsión también ha mutado. Ya no es sólo el cobro de piso en la puerta del negocio, el sobre que se entrega en silencio, la llamada amenazante al teléfono fijo. Hoy, siete de cada 10 extorsiones ocurren a distancia: por internet, redes sociales o teléfono. El crimen se digitalizó. Se volvió más difuso, más anónimo, más difícil de rastrear y perseguir. Sólo dos de cada 10 son presenciales. El extorsionador ya no necesita estar en la misma ciudad que su víctima, ni siquiera en el mismo estado. Puede operar desde un reclusorio con señal de celular, desde cualquier punto del país, con una cuenta de mensajería instantánea y un número desechable.

Ahí está uno de los puntos más concretos que Coparmex plantea como exigencia inmediata: la instalación de inhibidores de señal en los centros penitenciarios, conforme al artículo 38 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Una ley que ya existe, que ya fue aprobada, pero que en muchos estados todavía no se ha implementado plenamente. Porque México tiene con frecuencia ese problema: las leyes se aprueban y las herramientas no se activan. El texto legal existe; la voluntad de operarlo, no siempre.

Coparmex desarrolló el Índice de Extorsión Coparmex, que combina tres variables con distintos pesos: la magnitud del delito según datos del SESNSP, la cifra oculta y la percepción de inseguridad del Inegi. El resultado muestra que 14 entidades tienen un índice superior al promedio nacional de 49.7 por ciento. Guerrero da el salto más pronunciado en el ranking, del lugar 11 al 5. Sinaloa sube del 22 al 17. Michoacán del 16 al 13. Estos movimientos no son sólo estadísticas: son señales de alerta sobre dónde el tejido económico y social está siendo corroído con mayor velocidad.

Las exigencias de Coparmex son precisas y verificables: homologar las legislaciones locales a la Ley General, garantizar presupuesto suficiente para las unidades especializadas contra la extorsión en las fiscalías estatales, instalar los inhibidores en los penales y verificar el cumplimiento de estas medidas a través de los Centros Empresariales de la Confederación. No son peticiones genéricas. Son compromisos con fechas y mecanismos de seguimiento.

El mensaje de fondo es este: la extorsión no es sólo un problema de seguridad. Es un impuesto ilegal que pagan ciudadanos y empresas, que destruye la confianza, que inhibe la inversión y que, en su forma más severa, obliga a cerrar negocios y a desplazar familias. Combatirla con eficacia no es sólo una tarea de los cuerpos policiales: es una condición para que la economía pueda funcionar.

Y el primer paso es dejar de ignorar el 97 por ciento que no se cuenta.