La gran ausencia en el Plan B: la elección judicial

Esta semana se remitió y discutió en el Senado de la República el llamado “Plan B” de la iniciativa sobre reforma electoral que impulsó la titular del Ejecutivo federal. El objetivo de estas modificaciones, de acuerdo con el discurso de la Presidenta, era el de disminuir los privilegios y excesos en el ejercicio de la función pública.

La reforma, que no fue aprobada en su extensión, levantó extremas preocupaciones por su intención de empatar las elecciones políticas con una posible consulta sobre revocación de mandato, que sin ninguna duda llevaría a tener injerencias en las elecciones intermedias y que no fue aprobada en la Cámara de Senadores. Estas no son las únicas críticas, también se han levantado dudas sobre la injerencia en el federalismo y en su verdadero alcance de reducción de los gastos de una democracia cuyo mayor reto a nivel municipal no está relacionada a su costo económico, sino a la alta permisividad de la redes criminales a ese nivel.

No obstante, la gran ausencia en esta reforma fue la posibilidad de modificar la elección de las personas juzgadoras. Como se ha revisado en múltiples ocasiones en este espacio, la reforma al Poder Judicial –que entre otros aspectos llevó a la elección de todas las personas juzgadoras en el País– ha tenido impactos directos en la independencia judicial y en un sentido más amplio en los contrapesos de un sistema de poderes independientes, como lo destacó esta semana el estudio del instituto sueco del V-Dem que ha denominado a México como una autocracia electoral. Adicionalmente, como muchos otros actores, hemos hecho un llamado a revisar la forma en la que se desarrollan estas elecciones ante el fracaso de la participación de la elección de 2024.

Por ello, que después de que en múltiples ocasiones diversas autoridades hayan abierto la posibilidad de cambiar la fecha para llevarse a cabo la elección judicial –incluyendo la propia Presidenta y el Presidente de la Comisión de Justicia del Senado– es de lamentarse que ésta sea la gran ausente en las discusiones alrededor de una reforma electoral.

Las razones ha sido destacadas por múltiples actores, primeramente la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados ha alertado sobre la politización del poder judicial al empatar las elecciones políticas con la judicial; Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral han destacado la complejidad para llevar a cabo todas estas elecciones en una misma jornada, como se constató en elecciones locales en Durango y Veracruz el año pasado.

Al respecto sobre el tema de debilitamiento democrático, el 18 de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo audiencias públicas sobre la Opinión Consultiva solicitada por el Estado de Guatemala sobre la relación entre democracia y derechos humanos. Organizaciones de toda la región, entre ellas el Centro Prodh, presentamos nuestras preocupaciones sobre las políticas en distintos Estados que afectan el Estado de Derecho, con procesos de concentración del poder, debilitamiento de contrapesos institucionales y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas; sumado a discursos oficiales que deslegitiman la labor de defensa de los derechos humanos y el creciente cuestionamiento a organismos multilaterales especializados.

Desde nuestra experiencia en México, compartimos tres puntos fundamentales para la vigencia de una democracia basada en derechos humanos. Primero: la independencia de poderes como condición de la democracia, una discusión fundamental precisamente ante la coyuntura del Plan B y la próxima elección judicial. Un segundo elemento es contar con una institucionalidad democrática capaz de garantizar derechos mediante órganos que actúen con independencia frente a los poderes políticos. No sólo autoridades electorales, sino también a instituciones diseñadas para proteger derechos y generar contrapesos dentro del Estado.

El tercer elemento, se refiere a la participación de la sociedad civil y de las personas defensoras. Las organizaciones sociales y las personas defensoras de derechos humanos hemos acompañado a víctimas, impulsado reformas y promovido la rendición de cuentas. Sin embargo, en distintas regiones de nuestro país, existen personas defensoras y organizaciones en riesgo por realizar su labor. Un ejemplo de ello son los últimos ataques al Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas, permitidos también por la inacción de las autoridades frente a denuncias previas, lo que les llevó a cerrar temporalmente.

Las experiencias recientes en nuestra región demuestran que la democracia puede debilitarse no sólo a través de rupturas abruptas, sino mediante concentración de poder y erosión institucional.

Frente a la insistencia de aprobación de una reforma electoral y a los diversos retos en nuestro país para garantizar el Estado de Derecho, es necesario insistir en el llamado a la independencia de poderes, la preservación de contrapesos institucionales, la participación de la sociedad civil y la protección de las personas defensoras. Sólo así podremos preservar los elementos esenciales de la vida democrática.