La gran urbe

Sergio Aguayo
19 agosto 2026

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es grandota, grandiosa y temible. Ha sido locomotora de la transición pacífica e invernadero de bandas criminales que transitan -sin pestañear- de la sofisticación a la brutalidad.

La legendaria defensora de los derechos de los habitantes de la gran urbe, Josefina MacGregor Anciola, de Suma Urbana, me relató sus impresiones sobre el crecimiento, sofisticación y diversificación de las bandas de inmobiliarias y notarios, jueces y funcionarios durante los últimos años. Las parvadas son cada vez mayores y sobrevuelan, como zopilotes, los 9 mil 179 kilómetros cuadrados de la gran urbe buscando dónde arrebatar propiedades. Nos faltan estadísticas confiables.

Sí sabemos que nuestros gobernantes son como las moscas porque se mueven al ritmo del periodicazo. En abril de 2025 una mujer de 74 años, doña Carlota, mató a balazos a dos personas que habían invadido su propiedad en la zona conurbada. Para lucirse, el Ministerio Público mexiquense pidió 140 años de cárcel. Un Juez federal le corrigió la plana y mandó a la encarcelada a prisión domiciliaria, donde todavía sigue. El asunto llegó a la CdMx cuando vecinos de los combativos comités vecinales de la Colonia del Valle denunciaron varios despojos recibiendo, con ello, la atención de los medios.

Hace tres años empezamos a investigar en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México el despojo de casas habitación en la ZMVM. El proyecto, coordinado por Alejandra Arias Vásquez, profundizó en el caso del contador Rafael Arenas Hernández, quien nos facilitó una parte del expediente judicial que relata cómo le arrebataron un departamento de 90 metros en la Guadalupe Inn valuado en 4 millones 250 mil pesos.

Hace 14 años, Arenas compró la propiedad a la Constructora del Parque 22 S. A. de C. V. Durante los primeros siete años todo fue normal. Cuando Arenas terminó de pagar inició la pesadilla. Como se confió y no inscribió sus documentos en el Registro Público de la Propiedad estos carecían de algo que se llama “fecha cierta”, con lo cual se condenaba al fracaso la solicitud de amparo que presentaría años después ante la justicia federal.

Sin que Arenas lo supiera, una tal Ana Yzzel Lazgare Vega -joven asesora en finanzas con despacho en las Islas Caimán- interpuso una demanda contra la Constructora del Parque 22 reclamándole la posesión de los 90 metros habitados por Arenas y familia; argumentaba que ella los había comprado con anterioridad. Una jueza del Poder Judicial capitalino le dio la razón en 2022 y ordenó a la constructora que desalojara al contador y los suyos.

En ese momento de desconcierto y angustia, el representante de la Constructora prestó verbalmente al contador un departamento en el mismo edificio mientras empezaba la danza de los abogados. Cuatro años después pido a la víctima sintetice sus vivencias.

¿Autoridades de la CdMx? “Mucha, mucha, mucha lentitud; te dan largas y no resuelven”; ¿costo del despojo? “además de los 4 millones 250 mil pesos del inmueble, medio millón de honorarios pagados a los abogados y cuatro meses de mi vida dedicados al tema”; ¿situación actual? “la constructora ya nos sacó del piso prestado; vivimos en un departamento rentado”; ¿y el representante de la constructora? “me sigue diciendo que ya pronto me va a regresar el dinero”.

La ZMVM es una jungla controlada por Morena, el Verde y el Partido del Trabajo. Sin regatearles logros, es demostrable su menosprecio hacia las víctimas de abusos y corrupciones y su alboroto ante el pandero mediático.

En febrero, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció con aire compungido que se atendería el problema de los despojos mientras ilustraba el tamaño de su compromiso fregando una acera con cepillote de cerdas gordas; en abril, la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, inauguró la Agencia de Fraude Masivo y el 5 de agosto el Gobierno capitalino difundió por redes el Decálogo para Prevenir el Despojo de Inmuebles.

Si tanta preocupación tienen, ¿por qué no han tomado medidas para reformar al corrupto Poder Judicial de la capital que gobierna desde 1997? ¿Por qué no hacen una investigación seria sobre los notarios? ¿Por qué, por qué, por qué?

Lo harán cuando las víctimas entiendan que la verdad y la justicia no se mendigan, se conquistan.

Colaboraron Elena Simón Hernández y, en la vertiente jurídica, Alejandro Rosado Rodríguez.