La huella sectaria de Ariel Leyva

El inquisidor que dirigió al IMSS

 

 

El lunes 6 de agosto José María Figueroa Gastélum acudió a la enésima audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a casi 20 meses de que Ariel Leyva Almeida, en funciones de delegado en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo dio de baja laboralmente por profesar una religión distinta a la suya. La injusticia, propia de la era negra de la Santa Inquisición, es una afrenta con la agravante ahora de la impunidad.

 

Por supuesto que el tribunal laboral ha aplazado una y otra vez la resolución del caso. Jurídicamente no existe defensa a la discriminación de credo en la cual incurrió el funcionario del IMSS que llegó al estado con una larga cauda de irregularidades cometidas a su paso por el servicio público.

 

Se trata de un Tomás de Torquemada posmoderno que a su arribo a la delegación traía consigo la alforja llena de abusos y acusaciones de uso indebido del servicio público. En julio de 2017 el Senado de la República le solicitó al entonces director general del IMSS, Mikel Arreola, que presentara un informe sobre los procesos legales abiertos contra Ariel Leyva por irregularidades en la adquisición de bienes y servicios.

 

Pese a ser señalado recurrentemente de actos de corrupción, como es la investigación que le abrió el Órgano Interno de Control por favorecer a la empresa Select Produce México en la adquisición sin licitar de víveres suministrados al IMSS, ninguna autoridad ha sancionado las denuncias que Leyva acumuló en su paso por las delegaciones de Sonora, Tlaxcala y Sinaloa.

 

Ni el OIC del Seguro Social ni la Secretaría de la Función Pública le hicieron llegar el informe a la Comisión Permanente del Senado, mucho menos Ariel Leyva ha enfrentado a los órganos jurisdiccionales. Así como el primero de marzo de 2016 apareció en medio de cuestionamientos como delegado del IMSS en Sinaloa, el 5 de marzo de 2018 se fue sin explicaciones y sin ser alcanzado por la ley.

 

Aunque sí dejó la huella de intolerancia y discriminación. Figueroa Gastélum, nieto del periodista decano José María Figueroa Díaz, fue rescindido el 31 de diciembre de 2016. Se desempeñaba como abogado procurador del Programa IMSS Prospera y al encarar al delegado de la institución este no pudo argumentar el despido y se escudó en la creencia religiosa que el afectado ejerce.

 

Tan recalcitrante catolicismo le llevó al límite del odio y procedió a boletinar a Figueroa Gastélum en las empresas afiliadas al Seguro Social. A la fecha no ha habido quien repare tal arbitrariedad porque la sede en Culiacán de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hace de la dilación una extensión del escudo de impunidad.

 

Mientras tanto, crece el daño financiero que le ocasionará al IMSS este despido por discriminación de credo. Solo en salarios caídos ya le deben a José María Figueroa alrededor de 400 mil pesos, aparte de gastos de defensa, prestaciones y otras retribuciones. ¿Será con cargo al ex delegado intolerante o lo pagarán los aportantes al IMSS?

 

La circunstancia exhibe la facultad que altos funcionarios del gobierno les otorgan a subordinados para que pasen por encima de los derechos humanos reivindicados en la Constitución. Al despojar a Figueroa Gastélum del único medio de sustento y de la seguridad social se dañó a toda una familia que por ningún motivo tenía por qué padecer la intransigencia de un solo hombre.

 

 

Pleonasmo de la barbarie cotidiana en Culiacán, es reprobable y cobarde la brutal golpiza que puso al borde de la muerte a un médico del IMSS la noche del lunes, al salir de sus labores en el Hospital Número 1. De tratarse una reacción violenta de derechohabientes inconformes por deficiencias en la atención que se les brinda, entonces las medidas a tomar van mucho más allá de reforzar la vigilancia en las instalaciones del Seguro Social.