La importancia de las redes de apoyo al proteger derechos humanos
A 14 años de la reforma al artículo 1° Constitucional, en junio de 2011, los efectos de dicha reforma aún no se traducen necesariamente en la obligación del Estado mexicano para respetar, promover, garantizar y proteger todos los derechos humanos.
En la defensa y promoción de los derechos humanos hay actores involucrados no visibles, actores no institucionales, como son las familias, hijos e hijas, parejas, amigos, quienes forman parte del sistema de apoyo emocional, social y económico de las personas defensoras, y cuyos costos -que repercuten en sus proyectos de vida- no se contabilizan, no son visibles y mucho menos son asumidos por el Estado.
A pesar de los instrumentos jurídicos de protección a los derechos humanos derivados de la reforma de 2011, las personas defensoras realizan su trabajo en espacios de alto riesgo por la criminalización de la protesta social, la militarización de la seguridad pública, las desapariciones forzadas. La impunidad, la corrupción y la persecución son el clima socio-político que enfrentan: Kenia Hernández Montalvan, abogada feminista y defensora de los derechos humanos, fue detenida en 2020 y condenada a 21 años de prisión por supuestos delitos de robo con violencia y ataques a las vías de comunicación, por protestar en casetas de cobro del Estado de México. Es un caso emblemático de racismo judicial y de criminalización de la protesta social.
Como Kenia, se pueden documentar más casos y acciones que atentan contra la integridad de las personas defensoras de derechos humanos. No obstante este clima tan adverso, desde Sin Fronteras consideramos necesario reconocer y aplaudir la labor que personas en lo individual, familiar, redes de apoyo, voluntarios y organizaciones, siguen día con día en la construcción de un mundo mejor con justicia y dignidad.
No basta con el reconocimiento jurídico de los derechos humanos en múltiples instrumentos normativos; es necesario que los distintos niveles de gobierno instrumenten políticas públicas que hagan efectiva la promoción, garantía, ejercicio, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos, que fortalezcan y construyan un verdadero Estado de Derecho. Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano a asumir los costos materiales directos e indirectos que genera la defensa y promoción de los derechos humanos en actores de la sociedad civil.
El autor, José Antonio Dionicio Arellanes, es defensor de derechos humanos, abogado encargado de Defensoría en Sin Fronteras IAP.