La inseguridad está ahuyentando el desarrollo: el costo oculto de vivir con miedo
México está pagando un precio silencioso por la inseguridad. No se trata solo de las vidas perdidas ni de los negocios que bajan la cortina; es también el costo invisible de la desconfianza. Cada asalto no denunciado, cada extorsión que se “arregla” por fuera, cada amenaza que hace que una empresa cancele su expansión o un inversionista extranjero mire hacia otro país, es un golpe directo al futuro económico de nuestra nación.
La reciente edición del Foro de Seguridad 2025 de Coparmex nacional dejó claro que la inseguridad se ha convertido en uno de los principales frenos para la inversión, la competitividad y la paz social. Según la más reciente Encuesta #DataCoparmex, el 51 por ciento de los socios reportó haber sido víctima de algún delito durante el último año y el 12.8 por ciento sufrió extorsión. Son cifras que deberían estremecernos, porque detrás de cada porcentaje hay familias, empleos y sueños truncados.
El Inegi estima que 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito en 2023, lo que equivale al 27 por ciento de las unidades económicas del País. Muchos de esos negocios no pudieron resistir la presión de la violencia, los cobros de piso o los asaltos, y se vieron obligados a cerrar o a operar en la informalidad. La delincuencia no solo roba dinero: roba tiempo, talento, innovación y esperanza.
Y a pesar de eso, apenas 0.8 por ciento de los delitos se denuncia, de acuerdo con la Envipe. La cifra negra del 93.2 por ciento muestra un país donde la mayoría ya no cree en la justicia. No porque no quiera denunciar, sino porque sabe que probablemente no pasará nada. Ese vacío institucional es tierra fértil para la impunidad.
Durante el foro, Jorge Peñúñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, lo dijo con contundencia: “La inseguridad ha provocado afectaciones severas que se reflejan en los micro y pequeños negocios. Muchos no logran sobrevivir”. Su afirmación no es retórica; es una radiografía. Sin seguridad, no hay inversión. Sin inversión, no hay empleo. Y sin empleo, la paz es una utopía.
En el mismo encuentro, la Senadora Lucía Trasviña Waldenrath destacó la reciente reforma constitucional en materia de extorsión, que amplía su tipificación y protege a víctimas y empresarios. Es un paso en la dirección correcta, pero no puede quedarse en letra muerta. Porque la extorsión sigue siendo una epidemia silenciosa. No solo roba dinero: roba la paz mental de familias y negocios, como lo ha hecho constar la Unidad Especializada Antisecuestros en las conferencias ofrecidas a los socios de Coparmex Sinaloa.
También se habló de los desplazamientos forzados, de los niños huérfanos del crimen y del abandono de comunidades enteras que terminan bajo el control del miedo. La penalista María Teresa Paredes lo advirtió: si no actuamos ahora, esos niños sin oportunidades serán, en pocos años, el relevo generacional del crimen organizado.
Expertos internacionales de Colombia, Italia, Brasil y Chile coincidieron en que los países que han logrado reducir la violencia no lo hicieron solo con más patrullas o cárceles, sino con inteligencia basada en datos, profesionalización policial y colaboración activa entre empresas, gobierno y sociedad civil. La tecnología, usada con ética, puede ser aliada de la seguridad, pero sin voluntad política y coordinación, cualquier sistema se convierte en un simple archivo digital.
Por su parte, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, lanzó una advertencia que no debe pasar desapercibida: “La inseguridad es hoy el principal obstáculo para la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal”. En un momento donde México busca consolidarse como destino estratégico de inversión global, perder credibilidad por falta de seguridad sería un error histórico.
No podemos permitirnos seguir normalizando la violencia. Cada vez que alguien dice “así es México” para justificar un asalto, una extorsión o una amenaza, nos resignamos a vivir con miedo. Y ningún país que se resigna puede prosperar.
La paz no se decreta, se construye. Y se construye desde abajo, con ciudadanía activa, con empresarios responsables y con gobiernos que asumen su deber. La seguridad no es solo tarea del Estado: es una corresponsabilidad social que exige coordinación, información compartida y confianza.
Por eso, ayer, en el Informe Mensual de Economía y Paz, organizado por Coparmex Sinaloa, Culiacán Participa y Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, asumimos un compromiso conjunto entre sociedad, gobierno y empresas para avanzar en acciones concretas que fortalezcan la seguridad y el tejido social en Culiacán.
La inseguridad no puede seguir siendo el impuesto invisible que todos pagamos sin protestar. Si queremos atraer inversiones, crear empleo y vivir con dignidad, tenemos que entender que no hay economía fuerte en un país que vive con miedo. La seguridad no es un lujo: como lo hemos constatados los culiacanenses en estos últimos 13 meses, es el punto de partida del desarrollo y del poder vivir dignamente.