La justicia y sus (muy limitados) datos
Desde 2013, México Evalúa ha publicado Hallazgos evaluación y seguimiento del sistema penal en México, el reporte más completo sobre la procuración de justicia penal en el país. Es un proceso largo que comienza en los primeros meses del año con la definición de la estructura del análisis y el envío de solicitudes de información —tan solo este año fueron más de 500—. Continúa con el análisis de información cuantitativa y cualitativa, y culmina con la interpretación de resultados orientada a hacer el tema accesible para cualquier audiencia. Así, después de más de diez años, hemos identificado cuáles son los problemas estructurales en la forma en que el sistema produce, gestiona y publica sus datos.
Realizar reportes de seguimiento al sistema de justicia penal mexicano es un ejercicio democrático necesario, pero sumamente desafiante. Su complejidad y sus barreras fragmentan y dificultan su investigación. Los resultados revelan no sólo el estado del sistema de justicia, sino las limitaciones para analizarlo.
Con motivo de la próxima publicación de Radiografía del sistema de justicia penal de México Evalúa, compartimos aquí los siete retos que las autoridades deben atender para un mejor análisis y evaluación del sistema de justicia penal en México.
Actualmente las dos principales fuentes abiertas de información en temas de justicia son: dos censos del Inegi —Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) y Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE)— y los datos por delito del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Comparando el sector justicia con otros ámbitos, son muy pocas las fuentes abiertas. Ello restringe los ejercicios de análisis independiente y debilita los mecanismos de rendición de cuentas.
Si bien los censos cubren dos partes importantes del proceso penal, quedan vacíos que únicamente se pueden obtener mediante solicitudes de acceso a la información. Sin embargo, esto se ha limitado aún más, sobre todo a partir de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Estas lagunas informativas se presentan sobre todo al hacer análisis por delitos, un examen crucial para definir políticas públicas encaminadas a abordar fenómenos criminales concretos.
En 2025 recibimos la noticia de que la base de datos del Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal (MES), de la Secretaría de Gobernación, se dejó de actualizar porque no es prioridad para la actual administración. Ni siquiera se puede entrar al sitio donde publicaban indicadores estratégicos. A lo largo del tiempo, bases de datos y reportes oficiales han dejado de actualizarse o han desaparecido por recortes presupuestales, reestructuraciones administrativas o cambios de prioridades institucionales. Esta inestabilidad en las fuentes limita los análisis a través del tiempo con los que se podrían identificar patrones relevantes.
En muchos casos, los datos se difunden con uno o incluso dos años de retraso. Por ejemplo, apenas en noviembre de 2025 se publicaron los datos de los tribunales de 2024. Este desfase limita su utilidad para la toma de decisiones oportunas y basadas en evidencia. Asimismo, la periodicidad anual limita mucho el tipo de análisis que se les puede aplicar, dejando fuera la posibilidad de hacer evaluaciones de impacto o de modelos que ahonden en causalidad.
Sorprendentemente, cada fiscalía y cada tribunal define, clasifica y registra la información de manera distinta. No hay un formato único en para llevar el registro de carpetas de investigación ni de causas penales, cada entidad lo hace como mejor le acomode. Tampoco ha fortalecido sus capacidades institucionales con personal que, además de apoyar en sistemas informáticos, pueda analizar la información para definir políticas institucionales. Quienes recopilan la información suelen ser ingenieros en sistemas o personal administrativo (sin ningún conocimiento especializado en temas penales o políticas públicas en general), y su labor se limita a sistematizar los casos en archivos de Excel. Incluso algunos estados nos han reportado que no llevan ningún registro digital de sus carpetas de investigación. Es el caso de Morelos, donde su trabajo todavía se fundamenta en expedientes de papel.
Con todo lo anterior, no es sorpresa que la mayoría de los datos no pasen procesos de validación ni verificación que aseguren su veracidad y calidad. Errores de captura, campos incompletos, inconsistencias internas y cambios metodológicos sin documentar impactan la confiabilidad de la información y obligan a destinar esfuerzos significativos a procesos de limpieza y transformación de datos. Por ejemplo, en reiteradas ocasiones lo que fiscalías y tribunales nos reportan en sus respuestas a nuestras solicitudes de información, no coincide con lo que reportaron al INEGI.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en el proceso penal intervienen: Policías, Fiscalías, Tribunales, Defensorías Públicas, las Unidades de Medidas Cautelares, los Centros de Justicia Alternativa, además de los centros de atención a víctimas e incluso los centros penitenciarios. Parecería obvio que estas instituciones deben trabajar de forma conectada e incluso tener algún sistema que integre sus operaciones. En la práctica, solamente el sistema de justicia del estado de Querétaro está interconectado mediante un sistema propio: Cosmos. En el resto de las entidades, las instituciones operan de forma aislada. Ello impide dar seguimiento a los casos a lo largo de todo el proceso penal y dificulta la medición integral de la impunidad y las fallas sistémicas.
La barrera de lenguaje que enfrentan los ciudadanos contribuye al desinterés público por la justicia —que a diferencia de la seguridad, no suele percibirse como un problema inmediato o cercano—. Los datos que nos dicen algo del sistema de justicia penal deben traducirse en mensajes que comprenda la ciudadanía para que se involucre en ella. Pero a la vez, necesitan conservar el rigor técnico que requieren las instituciones para tomar decisiones de política pública.
La limitada investigación en este ámbito no es casual: responde a barreras institucionales que dificultan el análisis riguroso y constante a través del tiempo. Reconocer los retos es un paso necesario para transformar los datos en insumos útiles para la toma de decisiones públicas.
En ese sentido, la próxima publicación del reporte de Radiografía del sistema de justicia penal y el desarrollo de la plataforma Data Justicia buscan fortalecer la evaluación del sistema de justicia penal e invitar a las instituciones a mejorar sus prácticas en datos.
Las autoras, Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa y Valeria Campuzano es investigadora en dicho programa.