La #LeyTapadera no puede quedar huérfana de responsables

Hay una ironía en lo que acaba de ocurrir en el Congreso de Sinaloa. Los mismos legisladores que asumieron la conducción del proceso para construir una nueva Ley de Transparencia solicitaron licencia justo cuando ese proceso estaba en su momento más delicado. María Teresa Guerra Ochoa, ahora ex Presidenta de la Junta de Coordinación Política. Rodolfo Valenzuela y Kristian Alexis Espinoza García, integrantes de la Comisión de Transparencia. Tres piezas clave en el proceso legislativo de esta iniciativa de ley presentada por Rubén Rocha Moya días antes de solicitar licencia, retiradas al mismo tiempo. ¿Casualidad o conveniencia?

Para entender por qué esto importa, hay que recordar de dónde venimos. El 16 de abril de 2026, 13 días antes de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos formales de narcotráfico contra él, el Gobernador Rubén Rocha Moya envió al Congreso una iniciativa para modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. La propuesta elimina el acceso ciudadano a las bitácoras de vuelos oficiales, amplía los supuestos bajo los cuales el Gobierno puede negar información sobre investigaciones de corrupción en curso y transfiere al propio Poder Ejecutivo las funciones del organismo autónomo que hoy garantiza el derecho a saber en Sinaloa. Las organizaciones civiles la bautizaron con un nombre que lo dice todo: la #LeyTapadera.

La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa, Recias, realizó un análisis técnico donde identificó 20 puntos de preocupación. Entre ellos: se expande el plazo de respuesta de 10 a 20 días; no se define con claridad a los sujetos obligados, lo que abre la puerta a la discrecionalidad; se elimina el Consejo Consultivo como mecanismo de participación ciudadana; y se borran del texto los conceptos mismos de transparencia proactiva, gobierno abierto y cultura de transparencia. Como si las palabras que nombran el problema pudieran eliminarlo con solo quitarlas de la ley.

Martha Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa, señaló que la mesa de trabajo sobre la ley de transparencia fue cancelada hace unas semanas y reprogramada, lo que calificó como una señal de los rezagos que no han sido atendidos. Incluso fue más lejos: advirtió que no son tiempos de campañas mientras persisten problemas estructurales como la falta de avances en transparencia, seguridad y fortalecimiento institucional, y subrayó que los próximos procesos electorales deben privilegiar perfiles con capacidad de trabajo y no figuras enfocadas en posicionamiento mediático.

La frase duele porque es precisa. A menos de un año de las elecciones, la tentación de los legisladores sinaloenses es: ni votar a favor de una ley que la sociedad civil rechaza masivamente, ni votar en contra y enfrentarse a su propio partido. La licencia, en ese contexto, es una salida cómoda que deja el problema sin resolver y a la ciudadanía sin interlocutores. O incluso, un escenario más pesimista sería, solicitar a sus diputados suplentes (que seguramente no aparecerán en alguna boleta electoral como candidatos titulares), a aprobar el proyecto de iniciativa que envió Rocha Moya al Congreso, sin escuchar las peticiones de la sociedad civil, porque no tendrán un “costo político” directo en las elecciones de 2027.

Desde Recias y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, el llamado al Congreso ha sido que informe públicamente quiénes asumirán la conducción del proceso, cómo se garantizará la continuidad de las mesas de trabajo y de qué manera serán incorporadas las propuestas que la sociedad civil ya presentó. No es un capricho. Es la pregunta mínima que cualquier institución responsable debería poder responder sin dudar.

Como ya lo dijimos en una colaboración pasada, lo que está en juego no es un trámite legislativo menor. Sinaloa fue una de las primeras entidades del País en incluir a los partidos políticos como sujetos obligados en materia de transparencia. La iniciativa de Rocha Moya elimina esa obligación. Retroceder en eso, en este momento, cuando el estado atraviesa la peor crisis de seguridad e institucional de su historia reciente y cuando funcionarios de ese mismo gobierno enfrentan acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, no es una reforma técnica. Es una operación política para cerrar archivos antes de que alguien los abra.

Ante la posibilidad de que el Congreso apruebe la propuesta sin cambios, Recias anunció que promoverá amparos por considerar que la reforma viola principios de progresividad en derechos. Eso significa que el tema llegará eventualmente a los tribunales. Pero los tribunales tardan, y mientras tanto, la ley puede aprobarse, los archivos pueden cerrarse y la información puede desaparecer.

La construcción de una Ley de Transparencia no puede quedar sujeta a coyunturas políticas ni a cambios de actores. El Congreso tiene una obligación constitucional que no se va de licencia junto con los diputados que la pidieron. Sinaloa necesita, hoy más que nunca, instituciones que demuestren que los cambios políticos no son excusa para abandonar derechos fundamentales.

La transparencia no es un lujo para tiempos tranquilos. Es precisamente en los momentos de mayor crisis cuando más se necesita saber qué está haciendo el poder con lo que es de todos.