La marcha de Culiacán

Las manifestaciones, marchas y bloqueos por lo general son expresiones de descontento y lucha de la población civil, a veces de la Oposición partidaria, contra quienes gobiernan, exigiendo libertades y, más recientemente, demandando capacidad y honestidad del Gobierno por servicios públicos y, sobre todo, combate eficaz a la delincuencia común y el crimen organizado.

Durante las diferentes etapas del priato, sobre todo antes de 1968, las movilizaciones ciudadanas estaban prohibidas por ley. Las manifestaciones públicas fueron consideradas un delito de “Disolución Social” hasta junio de 1970. Salir a la calle y protestar entrañaba desafiar seriamente al Gobierno. Implicaba la posibilidad de ser encarcelado, como sucedió con decenas de maestros en 1954, con ferrocarrileros en 1958, con médicos en 1964, y estudiantes y profesores en 1968. En este fatídico año manifestarse públicamente les causó la muerte a centenas de mexicanos el 2 de octubre de 1968.

Aún derogada la ley de Disolución Social, entre 1970 y 1988, las protestas callejeras siguieron implicando un gran riesgo. Tan es así que el 10 de junio de 1971 Luis Echeverría ordenó una nueva masacre estudiantil en la Ciudad de México. Las marchas obreras en pro de la independencia sindical proliferaron durante los 70 en diferentes municipios industriales del País, pero la posibilidad de la represión siempre estaba latente.

A partir de 1983, la derecha partidaria, que rara vez tomaba las calles para protestar, lo empezó a hacer, sobre todo en estados del norte de México, como Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Coahuila, etc., como respuesta a los fraudes electorales contra el PAN. Entre 1983 y 1987, los blanquiazules prácticamente fueron los dueños de las protestas contra los fraudes y en favor de la democracia electoral. Y, al igual que sucedió contra los movimientos sociales generalmente encabezados por la izquierda, los panistas y sus seguidores fueron reprimidos por gobiernos priistas en varias ciudades, como sucedió en Culiacán en 1983.

En 1988, la izquierda, ahora electoral, nuevamente toma la batuta de las manifestaciones públicas a través de la enorme expectativa que generó la candidatura a la Presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas. A partir de ese año, puede decirse que la ciudadanía mexicana, en sus diferentes manifestaciones cívicas, ideológicas y políticas, gana el derecho a salir a las calles, poniendo límites a los gobiernos de diferente color a reprimirlas como sucedía en el pasado.

En este nuevo siglo, sin embargo, van a brotar cada vez con mayor vigor, reclamos callejeros, muchas veces masivos, contra la violencia criminal. Chihuahua, particularmente Ciudad Juárez, Baja California, destacadamente Tijuana, Tamaulipas, sobresaliendo Nuevo Laredo, Culiacán, en Sinaloa, así como otras ciudades de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, etc., van a ver que una y otra vez sus ciudadanos salen a la calle protestando contra la violencia y exigiendo paz.

Se generalizaron tanto las protestas callejeras de todo tipo que, al llegar Morena al poder en 2018, adoptó una política de, prácticamente, no contener, ninguna protesta pública, así fuese violenta, como ha sucedido muchas veces en la capital de la República. Incluso una decena de personas que exige un servicio público a través de bloquear una avenida de la ciudad por horas o días no son contenidas, a pesar de los perjuicios que provoca a miles de ciudadanos.

En muchas ciudades del País, la gente ha recurrido a bloqueos, mítines y marchas para resolver problemas que las inercias burocráticas gubernamentales no quieren atender. Y no pocas veces lo ha logrado. Pero donde la ciudadanía no ha podido lograr prácticamente nada es en la lucha contra las diferentes manifestaciones y consecuencias del crimen organizado porque, a pesar de la disminución de diferentes tipos de delitos, la violencia y la inseguridad, particularmente en Sinaloa, tiene sitiada a la población.

La enorme marcha del domingo pasado en Culiacán es un nuevo intento ciudadano y también de la Oposición partidaria a la 4T para exigir mayor contundencia y eficacia de los diferentes niveles de Gobierno frente a la bárbara violencia que ha generado el crimen organizado en Sinaloa. Por lo pronto, el Gobierno federal ha enviado más tropas al estado, particularmente a Mazatlán, pero los crímenes, particularmente contra mujeres, no se detienen.

En un contexto cada vez más politizado y donde se avecinan elecciones, es normal que los votantes castiguen al partido en el Gobierno cuando impera la inseguridad y el estancamiento económico como sucede en Sinaloa, pero las encuestas, al menos a nivel de estado, dicen otra cosa. Morena, por lo pronto, se ve adelante en ellas. No obstante, cabría preguntarse, si la marcha del domingo nos está indicando otra cosa en Culiacán, donde el hartazgo es mayor.

Sí, la 4T podría estar en riesgo de perder en Culiacán si las cosas siguen igual o empeoran. Sin embargo, como ya lo han dicho muchos comentaristas, la Oposición no ofrece personajes suficientemente atractivos y convincentes para las mayorías votantes. Y esto es así, porque los líderes opositores, más allá de la crítica, no articulan ideas seductoras para quienes están inconformes con la inseguridad, la atención médica o la mala educación y los pésimos servicios públicos, pero que siguen convencidos de que los programas sociales del partido en el poder les son más útiles.

Ni PRI, ni PAN, ni MC ofrecen algo mejor a las mayorías plebeyas que los programas sociales morenos. Así, pocas oportunidades de triunfo tienen, aún frente a los inconmensurables errores, carencias y desviaciones ideológicas y éticas de la 4T.