La minería a merced del crimen organizado

Lo sucedido a los 10 mineros de la empresa Vizla Silver, que fueron secuestrados y asesinados en Concordia, Sinaloa, no es un hecho aislado ni un fenómeno que se circunscribe a dicha entidad federativa. Por el contrario, empresas mineras de todo el país son extorsionadas o robadas por múltiples organizaciones criminales.

El interés del crimen en las empresas mineras se deriva de los altos ingresos que esta industria genera: se estima que la misma tiene ganancias anuales por más de 330 mil millones de pesos, da empleo a más de 400 mil personas y genera el 2.5 por ciento del PIB del país, además de que hay metales o minerales extraídos en nuestro país que tienen alto valor de mercado, lo que incentiva el robo de los mismos como el oro, la plata, el mercurio o el litio.

Si bien la extorsión y el robo son delitos que ha formado parte de las fuentes de ingreso de las organizaciones criminales, no era tan común que se diera con las grandes compañías mineras. Pero a inicios de la década de 2010, dos organizaciones sistematizaron este esquema. Por un lado, los Zetas con las minas de carbón en Coahuila y por el otro, los Caballeros Templarios, con las minas de fierro en el sur de Michoacán, las cuales tuvieron tanto éxito en obtener ingresos de esta actividad, que pronto otras organizaciones comenzaron a imitarlas.

En la actualidad, prácticamente todas las organizaciones relevantes en mayor o menor medida han incursionado en la extorsión o robo a empresas mineras, ya que al ser empresas de gran tamaño y rentabilidad, un solo pago de las mismas por la vía de la extorsión equivale al de decenas de negocios de otros rubros.

Ejemplos sobran. Como el de la Familia Michoacana en la mina Capela, en el municipio de Teloloapan en Guerrero, que produce plata, plomo y zinc. Le impusieron un esquema de pagos mensuales y cuando hubo retrasos en los mismos, el grupo criminal incendió tres tráileres de la compañía como una forma de presionar para la reanudación de los pagos.

También en Guerrero, la mina los Filos -perteneciente a la empresa canadiense Leagold, en el municipio de Eduardo Neri, la cual se dedica a la extracción de oro- fue durante años extorsionada por el grupo criminal los Rojos, que después se transformó en los Tlacos, los cuales siguen extorsionando a la compañía.

En 2018 en el municipio de Madera, Chihuahua, la Mina Dolores -operada por la empresa Pan American Silver Corp– tuvo que interrumpir sus operaciones un tiempo ante las amenazas constantes del crimen organizado a sus empleados, al grado que evacuaron la mina y la cerraron por espacio de algunas semanas.

Además de la extorsión, dado el alto valor de varios metales y minerales, las empresas mineras también han sido víctimas de robos. El ejemplo más claro fue el hurto en 2024 de un convoy con seis góndolas de oro, plata, plomo y zinc, propiedad de la empresa Newmont, en una carretera de Zacatecas. El cargamento estaba valorado en tres millones de dólares.

En Sonora encontramos el caso de la Herradura, una de las minas más productivas de oro y plata perteneciente a la empresa Fresnillo PLC, en donde también experimentaron robos de alto valor, lo que propició presiones al Gobierno federal para crear una fuerza especial para la protección de las minas. La fuerza especial no ha parado los robos, la extorsión y el asedio.

Otra variante la encontramos en Querétaro. En minas de mercurio de la Sierra Gorda, el Cártel Jalisco Nueva Generación no sólo recurre a la extorsión de las empresas, también participa en la comercialización del metal por su papel fundamental en el proceso de separación del oro de otros materiales. El CJNG envía el mercurio a Colombia, Venezuela y Bolivia a organizaciones aliadas, para que lo comercialicen allá.

O el caso de la mina La Ciénaga, en Sonora, propiedad de la compañía Veruna Minerals, que produce oro y que por años explotaron los Chapitos, aunque también fue disputada por el Cártel de Caborca. La mina tuvo que cerrar luego que los Chapitos tomaron el control.

En el mapa anexo se pueden ver los principales yacimientos de oro, plata, cobre, hierro, barita, litio y mercurio del país, así como las organizaciones criminales que participan en la extorsión a las mineras dedicadas a estos metales y minerales.

Hay dos grandes franjas mineras altamente productivas en México. Una abarca Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Sinaloa, y es disputada por las dos facciones del Cártel de Sinaloa, los Chapitos y la Mayiza, y por el CJNG y algunas organizaciones locales como el Cártel Independiente de Sonora (Los Salazar) y el Cártel de Caborca. La otra franja se encuentra en el sur, en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, y en ellas están presentes grupos criminales locales como la Familia Michoacana, los Ardillos, los Tlacos, Caballeros Templarios y organizaciones de mayor tamaño como el CJNG.

En el centro-occidente del país las explotaciones mineras son de menor tamaño, pero existe un control muy amplio del CJNG.

Frente a este fenómeno delictivo, es importante que el gobierno tome acciones urgentes, estableciendo vínculos con las empresas mineras para llevar a cabo las siguientes acciones:

I. Recuperación de todas las minas que han sido despojadas a empresas con concesiones vigentes.

II. Sistema de alerta temprana ante la desaparición de trabajadores mineros, a fin de realizar la búsqueda de manera inmediata.

III. Esquema de denuncia directa de las extorsiones, para implementar seguimiento a la organización criminal que las realiza.

IV. Mecanismos de seguridad en el traslado de metales de gran valor.

Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: victorsanval@gmail.com.