La narcoguerra en Campo Gobierno
Plan de paz y justicia en Villa Juárez

Con el debido cuidado a las proporciones por lo que representan una y otra acción, pero ambas en iguales circunstancias de seguridad pública comprometida, la zona de Villa Juárez en Sinaloa también requiere de un Plan por la Paz y la Justicia similar al que implementó en Michoacán la Presidenta Claudia Sheinbaum después de que el crimen organizado privó de la vida al Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

O en todo caso, el ya existente Plan Sinaloa cuya efectividad táctica y costo económico defendió en La Semanera de ayer el Gobernador Rubén Rocha Moya, habría de trazar la estrategia específica que salve a Villa Juárez de ataques que también privan de la vida a inocentes y someten a todo un núcleo poblacional al llanto incesante por el luto y el sentimiento de desamparo. Es tarea a realizar con obvia urgencia por los generales que dirigen los operativos de pacificación.

La diferencia está en que el caso michoacano corroboró que la cúpula delincuencial apunta hacia las altas esferas del poder político y que a Villa Juárez la habitan mayoritariamente indígenas de las regiones más pobres de México que emigraron al Valle de Culiacán en busca de las oportunidades de bienestar que no hallaron allá. Es gente en delicado estado de vulnerabilidad social cuya romería hacia Sinaloa la motivó el sueño de encontrar el lugar donde trabajar les permitiera salir del atraso, y que infortunadamente hoy pueblan lo que alegóricamente es una sucursal del infierno peor que el purgatorio que abandonaron.

Convertida en campo de batalla entre células del narcotráfico, esta Sindicatura de Navolato representa por sí misma la exigencia de mayor efectividad de la fuerza pública federal y estatal para rescatar a comunidades marcadas con rojo en el mapa crítico de la violencia en Sinaloa y detener los ciclos de terror cuando la delincuencia detecta el vacío de autoridad, y de paz tensa en los intervalos en que actúan los militares y policías.

Con fuerte propensión a normalizarlos, allí ocurren enfrentamientos, extorsiones y apropiación de territorios mediante la intimidación, hechos que rápido transitan a ser anécdotas y en pocas ocasiones son asuntos de violencia por los cuales los perpetradores respondan ante la justicia. Ello abre pauta a la interrogación de por qué no se implementa un operativo de acuerdo con la gravedad del problema, con presencia permanente de suficientes militares y policías.

El antecedente más reciente que certifica que la comunidad cuyo nombre real es Licenciado Benito Juárez ha sido campo de batalla de todas las narcoguerras, es la situación de peligro extremo que vivió el sábado 8 de noviembre con el “Villajuarazo” donde grupos armados sitiaron el poblado al bloquear accesos y salidas con camiones pesados, como cerrojazo a una semana de ataques con explosivos, cobros de piso, caravanas de sicarios desfilando en las calles y toques de queda determinados por la delincuencia.

En esa pequeña Babel sinaloense que habitan familias de diferentes puntos del País el lenguaje que domina es el de las armas que blanden los sicarios para someter a gente de trabajo que además de la pobreza extrema padece la sensación de estar en la mira de los rifles del narco. Paradójicamente, el asentamiento conocido de origen como Campo Gobierno carece del elemental principio de autoridad que le aporte tranquilidad a esa región que es el centro neurálgico de la agricultura en Sinaloa.

Siendo así, a la estrategia que dirigen el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desde lo federal, y su homólogo Oscar Rentería Schazarino en lo estatal, les falta el componente de permanencia en los lugares diezmados por la alta reincidencia de delitos perpetrados por el crimen organizado. La táctica actual, similar al juego de el gato y el ratón, da malos resultados traducidos en pérdida indiscriminada de vidas humanas y medios de sustento de las familias.

Villa Juárez es víctima de cuanta fractura exista entre organizaciones del narco, redundancia de la maldición que la alcanza en cada cisma al interior del Cártel de Sinaloa. ¿Un Plan Villa Juárez por la Seguridad y Justicia? Con las dimensiones adecuadas el objetivo es el mismo que el de Uruapan: ofrecerles seguridad a más de 35 mil villajuarenses, parias en su mayoría, que eligieron como hogar a esta tierra de los once ríos que los arropa con generosidad.

Pregunten al fuero interno,

Si en el éxodo forzado,

Ellos habrían calculado,

Nombrarlo Campo Desgobierno.

A diferencia de la actitud que mostró el Congreso del Estado al firmar el 6 de noviembre un acuerdo de respaldo a la lucha de estudiantes y profesoras que se inconforman contra las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ayer el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Rector Jesús Madueña Molina cruzaron expresiones que los muestran sincronizados en la búsqueda de soluciones a la actual crisis de la casa de estudios. El Mandatario defendió a la UAS de tratos inequitativos que recibe de parte del Gobierno federal, y quien dirige a la institución educativa le manifestó al titular del Ejecutivo estatal el “profundo agradecimiento” al iniciar el convenio con el IMSS que les da seguridad social a trabajadores y estudiantes, y por otorgarle a la Universidad un préstamo de 30 millones de pesos para cumplir compromisos y garantizar los derechos de la comunidad universitaria.