La narcoguerra sacude al Congreso
En Culiacán, otra ráfaga inaceptable
Habíamos creído los culiacanenses que la ciudad volvía a ser nuestra cuando la acción delictiva nos la arrebata de nuevo a pedazos, el martes con el atentado en que se vio involucrado un alto jefe policiaco y ayer con el ataque a balazos contra la Diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y el Diputado Sergio Torres Félix, ambos del partido Movimiento Ciudadano. Inadmisible, es el término correcto, el hecho de herir a las instituciones para remarcar el dominio del salvajismo.
Más allá de los estremecimientos que mostraron las instituciones y quienes las dirigen, la conmoción principal está en la población de Culiacán que otra vez a voltea hacia todos lados en busca del principio de legalidad y civilidad. Nadie tiene permitido siquiera distraer el estado de conciencia y engañarlo haciéndole creer que todo está bien; la narcoguerra persuade hasta el más optimista del peligro que ronda a cada uno.
Es que la estrategia de seguridad pública en Sinaloa fue retada ayer, directamente, con el atentado que sufrieron la y el asambleísta, agresión extensiva al Poder Legislativo y la ciudadanía en general simbolizada por las miles de personas que cruzan diariamente por el lugar en que ocurrieron los hechos. La delincuencia organizada rebasa límites al persistir en hacer de Culiacán todos los días la evidencia y escarmiento para quienes confían que suceda la tan ofrecida y tardada pacificación.
El corazón de la ciudad capital, herido de muerte una y otra vez, late con miedo, desesperanza y resiste en aguardo de que la tranquilidad retorne como hazaña de los miles de militares y policías que tampoco se rinden en la difícil misión asignada por el Gobierno federal. La claudicación en los esfuerzos por la paz tientan a una sociedad agotada en jornadas intimidantes sin algún vislumbre de tranquilidad.
Resulta terrible, desde la posición que se analicen los hechos, que a unas horas de que el martes el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, el Coronel Alejandro Bravo, fue atacado con balas lanzadas por civiles armados en la colonia Bachigualato, ayer el hampa siguió apuntando sus armas a lo alto del poder público.
Ante la gravedad de la crisis de seguridad pública que fluía a sus anchas por las vialidades Álvaro Obregón, Aquiles Serdán y el Malecón Niños Héroes, el Gobernador Rubén Rocha instruyó al Secretario de Seguridad Pública “a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables” y a la Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo le solicitó que “actúe con prontitud y celeridad en la investigación que se ha abierto con motivo de estos hechos”. También acudió al centro médico donde Montoya era declarada fuera de peligro y Torres en estado de salud delicado.
En el mismo sentido reaccionó el Alcalde Juan de Dios Gámez al condenar la agresión y declararse atento a la situación de salud de Montoya y Torres, y la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura estatal, María Teresa Guerra, calificó estos sucesos violentos como muy delicados e hizo votos para que no pase a mayores. El impacto que tuvo en el Congreso del Estado paralizó la agenda parlamentaria y fue suspendida la comparecencia de la Secretaria General de Gobierno,Yeraldine Bonilla.
Así fue como la piel se le erizó indistintamente a familias y personas que confiaban en estar protegidas y apenas retomaban las calles, centros de convivencia y actividades habituales. La amenaza siguió aquí manifestándose en las horas en que volvieron a llorar las ambulancias, rugir los rifles de asalto, balear patrullas, sobrevolar los helicópteros y circular los convoyes de la seguridad pública frente a gente atónita que en la víspera persistía con arrojo en recuperar la mínima normalidad.
Presenciamos otra racha de lo inaceptable. Inadmisible que el centro y sur de Sinaloa estén próximos a cumplir 17 meses de consecuencias horribles por la colisión entre facciones del narcotráfico y al Gobierno Federal se le perciba imposibilitado a ofrecer las indispensables garantías constitucionales para la vida ordinaria. Qué injusto es que todo un pueblo deba esperar a que el crimen decrete el cese de hostilidades y mientras ello sucede cubrir el alto costo en vidas sacrificadas, heridos con cicatrices incurables, y el temor a ya no estar aquí en el día que la narcoguerra termine.
Y lo que pasa no es otra cosa más que la realidad compacta que llega a toda velocidad y arrolla a un Sinaloa de frágiles barreras contra la atrocidad.
Por más que Sinaloa quisiera,
Ya cerrar el ciclo inclemente,
Sigue el rugido de la fiera,
Ávida de sangre inocente.
Aparte de la intervención del Gabinete de Seguridad Nacional, que después del atentado contra la Diputada Elizabeth Montoya y el Diputado Sergio Torres habilitó de inmediato “una célula especializada en inteligencia e investigación para contribuir a la identificación y detención de los responsables”, debe regresar a Sinaloa el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con la revisada y actualizada estrategia que resuelva la violencia que es dirigida contra policías y personajes e instituciones de alto nivel. Además, el Gobierno de Claudia Sheinbaum le debe la explicación a los sinaloenses respecto a la conclusión de la narcoguerra, pero esta vez sin agregarle nuevos plazos a la desesperación y frustración social.