La nueva lucha contra la corrupción se libra en código

El pasado 15 de marzo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició un nuevo ciclo de ocho años bajo la titularidad de Aureliano Hernández Palacios. Y aunque el cambio de nombre en la oficina pudiera parecer rutinario, la realidad puede ser algo más profundo, ya que estamos frente a una de las últimas grandes oportunidades de la década para reconstruir el contrato de confianza entre el ciudadano y el Estado.

La pregunta que podríamos hacernos es ¿vamos a seguir auditando el pasado o comenzaremos, por fin, a prevenir el futuro?

Durante décadas, la fiscalización en México ha operado bajo una lógica limitada: el muestreo. Revisar una parte del gasto con la esperanza de encontrar irregularidades. Pero en un país donde la magnitud del ejercicio público es gigantesca, esta estrategia resulta insuficiente, casi ingenua. La propia OCDE señala que la contratación pública representa cerca del 13 por ciento del PIB en sus países miembros. En México, este volumen exige algo más que buenas intenciones: requiere inteligencia.

Hoy, la tecnología nos permite aspirar a algo que antes parecía imposible, vigilar el 100 por ciento de las transacciones en tiempo real. Esto no es una utopía. Brasil ya lo hace a través del sistema ALICE, que permite identificar riesgos antes de que el dinero público se ejerza. Es decir, pasar de apagar incendios a evitar que comiencen.

México no parte de cero. Contamos con la Plataforma Digital Nacional. Sin embargo, los datos por sí solos no transforman realidades. Necesitan ser interpretados, conectados, entendidos. Aquí es donde entran herramientas como el machine learning y los knowledge graphs, capaces de mapear relaciones complejas entre proveedores, contratos y beneficiarios finales. ¿Quién le vende al Gobierno? ¿Quién está detrás de las empresas? ¿Existen patrones sospechosos? La tecnología ya puede responder estas preguntas en segundos.

Experiencias como la de Corea del Sur, con su sistema KONEPS reforzado con inteligencia artificial, demuestran que la integridad no está peleada con la eficiencia. Al contrario: cuando se reducen los espacios de discrecionalidad, florecen la competencia y la confianza. Las empresas más capaces -no las mejor conectadas- son las que ganan.

Desde el sector empresarial, como bien ha señalado Jaleyna de la Peña Molina, presidenta de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de Coparmex Nacional, la integridad no es sólo un principio ético, es literalmente una condición para el desarrollo. Sin reglas claras y piso parejo, no hay inversión sostenible.

Pero este salto tecnológico no puede darse en el vacío. Requiere un marco jurídico sólido. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que entrará plenamente en vigor en agosto de 2026, establece principios fundamentales: sistemas transparentes, auditables y libres de sesgos. Lo mismo ocurre con el “AI Accountability Framework” en Estados Unidos. La lección es que no basta con tener algoritmos, hay que confiar en ellos.

En este contexto, hay un elemento adicional que no podemos ignorar. La reciente eliminación de órganos de transparencia que durante años vigilaron el actuar financiero y operativo de las autoridades, como el INAI, deja un vacío institucional preocupante. Y ante esa realidad, la respuesta no puede ser la resignación. Si debilitamos contrapesos, al menos fortalezcamos herramientas. Si quitamos ojos humanos, pongamos inteligencia tecnológica.

La Auditoría Superior de la Federación tiene hoy la posibilidad de convertirse en algo más que un órgano revisor. Puede ser el cerebro preventivo del Estado mexicano. Un sistema que no sólo detecte errores, sino que sobre todo los evite. Que no sólo observe, sino que pueda anticipar.

Es una realidad que la integridad del Siglo 21 ya no se mide únicamente en discursos, sino en códigos. En la calidad de los algoritmos, en la transparencia de los sistemas, en la capacidad de convertir datos en decisiones correctas.

¿Estamos listos para confiar en un modelo donde la corrupción no se persiga, sino que simplemente no ocurra?

El nombramiento de Hernández Palacios llega en un momento de madurez institucional. México tiene frente a sí una decisión histórica: seguir auditando lo que ya se perdió (y que la mayoría de las veces no pasa de la condena enérgica unos cuantos días cuando se encuentran irregularidades) o construir un sistema que proteja lo que aún podemos ganar.