La ONU y los desaparecidos en México

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED), adscrita a la ONU, y el Gobierno de México, están confrontados por un dictamen sobre los desaparecidos y los derechos humanos en nuestro País que han puesto contra la pared a Palacio Nacional.

El CED definió como “catástrofe humanitaria” la desaparición en México de decenas de miles de personas (hasta la fecha más de 132 mil) tras recoger información desde 2012, tanto de oficinas gubernamentales como de organizaciones de derechos humanos y colectivos de familias, y después de poner en marcha en 2025 el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Tras conocerse la información de la CED, hecha pública el 2 de abril, el Gobierno mexicano rechazó enfáticamente el informe. Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores difundieron su postura en la que calificaron de “tendencioso” el informe del CED “por no tomar en cuenta las sustanciales reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones realizadas en junio de 2025. “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, enfatizaron. Aseguraron, al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, desde 2018 -el año en que Morena llegó a Palacio Nacional por primera vez-, las desapariciones forzadas perpetradas por autoridades federales han venido descendiendo hasta “prácticamente desaparecer”.

El dictamen del CED no afirma que esas decenas de miles de personas las haya desaparecido en su totalidad el Estado Mexicano, a lo largo de diferentes gobiernos desde 2012 hasta 2025, periodo que incluiría los sexenios de Peña Nieto, López Obrador y un año de Claudia Sheinbaum, porque muchas de ellas, quizá la mayoría, fueron víctimas del crimen organizado, pero sí sostiene que en esa práctica deleznable han participado, no pocas veces, según las fuentes de información que ellos citan, miembros de instituciones gubernamentales de los tres niveles.

Es cierto que, a diferencia de casi toda la larga etapa priista en el poder, donde no tan sólo hubo miles de desaparecidos por sus activismo social, político y guerrillero, sobre todo durante los oscuros gobiernos de Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y que también las manifestaciones públicas y la opinión crítica eran severamente castigadas y/o perseguidas, y que en el sexenio de Felipe Calderón se demostró plenamente la complicidad con el crimen organizado a través de la protección que le daba Genaro García Luna, en las gestiones de López Obrador y Claudia Sheinbaum, aún tolerando hasta lo indecible las manifestaciones, movilizaciones y taponeos en las vías públicas de todo el País, los gobiernos de Morena no han tenido la capacidad de finalizar las complicidades y asociaciones con el crimen organizado que los limita seriamente para enfrentar las desapariciones.

El dictamen del CED es creíble y demostrable tanto en el ámbito nacional como internacional, pero la posibilidad de que la ONU pueda hacer algo más que dar a conocer la información, e incluso amonestar a México, es muy poca. Entre otras razones, porque la ONU experimenta tanto crisis de credibilidad como de financiamiento.

La crisis no es reciente, pero Trump la ha ahondado y con ella debilita a la ONU para actuar con eficacia ante cualquier tema relevante. El problema es tan serio que Antonio Guterres, el Secretario General de la ONU, dijo en la Quinta Comisión de la Asamblea General de ese organismo que se encaminaba a una carrera “hacia la quiebra” financiera, tras el congelamiento de las contribuciones de Estados Unidos y el retraso de pagos de otros países, entre ellos, China y Rusia. La crisis de fondos no es lo peor, sino la política y la credibilidad, ante la quiebra del multilateralismo en la resolución de los asuntos mundiales. Tanto Rusia, como el eje Israel-Estados Unidos, principalmente, se han encargado de minar como nunca la capacidad de la ONU para intervenir en los conflictos internacionales. El uso de la fuerza, la arbitrariedad y el hegemonismo han llevado a Rusia, Estados Unidos e Israel a provocar guerras e invadir a otras naciones, socavando el Derecho Internacional y a la Organización de las Naciones Unidas.

En un escenario caótico y sin respeto a los derechos humanos y a la soberanía de otros países, prácticamente cualquier país puede desacatar las opiniones y dictámenes de la ONU. Más allá del descrédito internacional por las desapariciones, lo cual no es poca cosa, no pasará nada más en México por el informe de la CED.

Donde sí es posible una mucho mayor repercusión es el escenario político nacional. Por lo pronto, las redes sociales y la gran mayoría de los medios mexicanos han propagado opiniones muy contrarias al Gobierno mexicano. En este ámbito, a pesar de los visibles éxitos en el combate al crimen organizado, Palacio Nacional sale muy mal evaluado en el tema de la seguridad, aunque Claudia Sheinbaum goce una aceptación mayoritaria en su gestión gubernamental.

Sin embargo, el verdadero termómetro sobre las aguas en las que nadan Morena y la Presidenta Sheinbaum, serán las elecciones del próximo año, aún y cuando está en duda que la inquilina de Palacio Nacional pueda decidir quiénes serán los candidatos y las candidatas a gobernadores y gobernadoras. Palenque, dicen cada vez más comentaristas, está apretando muy duro para que desde ahí se palomeé.

¿Usted cree que dos profesores, Temo y Dago, que en Mazatlán dedican su vida a enseñar a los niños a jugar futbol, sean criminales, tal y como los acusa la Secretaría de Seguridad?

Yo, no.