La opacidad también afecta a las escuelas y a niñas, niños y adolescentes
Cuando desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), muchas personas pensamos que ese era uno de los golpes más fuertes que podían recibir la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en México. Pero en Sinaloa hoy se discute una iniciativa estatal en la materia que ha encendido nuevas alertas entre organizaciones civiles, especialistas y ciudadanos que durante años han trabajado temas de gobierno abierto, acceso a la información pública, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Y quizá el problema es que muchas veces este debate se sigue viendo como algo lejano o exclusivamente político. Pero la falta de transparencia y de información pública también afecta el derecho de niñas, niños y adolescentes puedan estar, aprender y participar en la escuela. Porque gran parte de los problemas educativos que hoy se conocen en Sinaloa se han podido documentar, no porque la información aparezca espontáneamente. Muchas veces ha sido gracias a solicitudes de acceso, investigación, trabajo periodístico y presión ciudadana que se han conocido datos relacionados con abandono escolar, suspensión de clases, infraestructura, presupuesto, condiciones escolares o aprendizajes.
Incluso información tan básica como protocolos de seguridad escolar, condiciones mínimas de operación o recursos destinados al funcionamiento cotidiano de las escuelas, suele requerir procesos de búsqueda, solicitudes formales e insistencia pública. Y aun con todas las dificultades que ya existían, todavía era posible preguntar, contrastar y reconstruir parte de la realidad educativa.
El riesgo ahora es que ese acceso pueda debilitarse todavía más, y eso importa mucho más de lo que parece. Porque en un estado que enfrenta violencia, suspensión de clases, pérdida de aprendizajes y abandono escolar, lo que se necesita es más información pública para tomar mejores decisiones, no menos.
¿Cómo saber si una estrategia educativa funciona si no se conocen públicamente sus metas, indicadores o resultados? ¿Cómo analizar la llamada estrategia de recuperación de aprendizajes si ni siquiera se ha transparentado con claridad en qué consiste?
¿Cómo conocer el impacto real de las suspensiones de clases o las condiciones mínimas en las que operan muchas escuelas si buena parte de la información necesaria para analizar esos problemas depende de datos públicos accesibles y verificables?
El tema se vuelve todavía más delicado porque la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal y actualmente en discusión en el Congreso incluye exclusiones y debilitamientos en obligaciones de transparencia para universidades, sindicatos y otros actores que ejercen recursos públicos o cumplen funciones de interés público. En educación, eso importa, porque muchas decisiones relacionadas con recursos, infraestructura, operación escolar y condiciones mínimas para enseñar y aprender también pasan por instituciones y actores del sistema educativo que ejercen recursos públicos.
También preocupa el posible aumento de discrecionalidad sobre información relacionada con recursos públicos e inversión en obra e infraestructura. Y en un estado donde cientos de escuelas enfrentan problemas de electricidad, agua, sanitarios, mantenimiento o condiciones mínimas para operar, reducir la transparencia sobre cómo, dónde y cuánto se invierte debería encender alertas.
Porque la infraestructura educativa no es un asunto menor. Tiene relación con el aprendizaje, la permanencia escolar y las condiciones mínimas para lograr ambientes dignos y seguros.
En años anteriores, los informes de Gobierno incluían con mayor claridad resultados relacionados con evaluaciones y niveles de aprendizaje. Hoy esa información aparece cada vez menos visible, justo en uno de los momentos más delicados para la escuela en Sinaloa.
Y eso no debería pasar inadvertido porque lo que no se puede conocer, tampoco se puede corregir ni mejorar.
La transparencia no sirve únicamente para vigilar recursos públicos, también sirve para saber si niñas y niños están aprendiendo, si las políticas funcionan y si el Estado está cumpliendo con su responsabilidad educativa.
Por eso vale la pena acompañar el llamado que distintas organizaciones ciudadanas han hecho para replantear la iniciativa actual y abrir una discusión más amplia, participativa y transparente sobre el futuro del acceso a la información pública en Sinaloa.
En un estado marcado por la violencia, desconfianza y rezago educativo, restringir o debilitar el acceso a la información pública no fortalece las instituciones; al contrario, limita la posibilidad de corregir problemas, reconstruir confianza y tomar mejores decisiones para el futuro.
Porque cuando se limita el acceso a la información pública, también se reduce la capacidad de la sociedad para entender lo que ocurre en las escuelas, exigir respuestas y defender el derecho de las niñas, niños y adolescentes a aprender.
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La autora es directora general de Mexicanos Primero Sinaloa.