La Policía que necesita Sinaloa
A prepararlos para la posguerra
Para cuando los militares deban irse total o parcialmente de Sinaloa, lo cual sucederá algún día al establecerse condiciones donde la Ley y la civilidad dominen por encima de la fuerza violenta que presenta el crimen, la seguridad pública quedará a cargos de las policías estatal y municipales con la garantía de que están capacitadas y equipadas para la siguiente etapa, la de posguerra. Sin embargo, eso llevará tiempo y lo que debe comenzar ahora es la tarea de formar a esos elementos que procurarán tranquilidad y estabilidad.
Además, aparte de las labores de profesionalización de los cuerpos de seguridad pública los ciudadanos debemos verificar que el Gobierno destine los necesarios recursos financieros y técnicos acordes a la emergencia de disponer de policías diestros, bien pagados y de incuestionable voluntad de servicio. Impensable volver a poner la protección a los sinaloenses en manos de agentes mal remunerados y que completan el sustento familiar coludiéndose con la delincuencia.
Llama la atención la información difundida el fin de semana por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Sinaloa respecto a 25 efectivos de la Estatal Preventiva que estuvieron durante cinco meses en el Estado de México en adiestramiento del segundo escalón del Curso de Policías de Proximidad, impartido por la Secretaría de la Defensa Nacional. En mayo habrían egresado otros 100 que de inmediato fueron integrados a la corporación.
Aunque el avance resulta insuficiente, pues se necesitaría capacitar a mil policías y aparte subsanar el déficit de 4 mil que demanda la lucha anticrimen, no pasemos por alto el hecho de que por primera vez en bastante tiempo se hace lo correcto en la expectativa de contar con mejores guardianes del orden, cubriéndose el eslabón de la instrucción y confiando en que los anillos de apropiadas remuneración y prestaciones cierren la cadena que los ancle en las corporaciones con el espíritu de honor y vocación de servicio para bien de la población que no la debe ni la teme.
En tanto las Fuerzas Armadas logran finiquitar la narcoguerra, ya sea por la acción militarizada o el agotamiento de capitales ilícitos con los que el narco sostiene a sus sicarios y arsenales, tenemos que consolidar instituciones aptas para apuntalar la paz positiva y duradera. Claro que se trata de una premisa difícil de alcanzar, pero lo que no debe suceder es que aplacemos los arrestos consensuados en tal sentido.
La formación de alto nivel para integrantes de la fuerza pública local significa la semilla de un amplio programa de reestructura del sistema para la prevención y combate del delito, con igual intervención y financiación obligada en los aparatos de procuración e impartición de justicia. Al habilitar una buena policía, la eficaz Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial abatiendo la impunidad, sin duda el Estado de derecho blindará a Sinaloa contra la repetición de períodos de barbarie como el actual.
Va bien la adecuación policiaca según lo demanda la inseguridad, pero no es el momento de bajar la guardia pues, al contrario, les toca a la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Graciela Domínguez mostrar determinación en sacar a Sinaloa del atroz choque entre grupos del narcotráfico y revisar la estrategia donde no basta con miles de militares y policías sino de la consumación de la operación que siente las bases para levantar a la tierra de los once ríos de todos los tipos de devastación que la postran.
En cuanto a presupuesto para la seguridad pública, los cálculos más conservadores indican que deberá duplicarse el gasto público en la materia que es de 5 mil millones de pesos en la actualidad, creciéndolo mínimamente a 10 mil millones de pesos. Vigilemos con lupa lo que hagan los legisladores federales y estatales en la asignación de las partidas imprescindibles.
Negarles a los sinaloenses los apoyos que logren cortar de tajo la violencia exacerbada extendida más de lo que cualquier sociedad puede soportar, equivale a incurrir en negligencia criminal añadida a la desidia gubernamental que ha permitido en Sinaloa alrededor de 4 mil homicidios dolosos e igual número de privaciones ilegales de la libertad desde septiembre de 2024 a la fecha.
Proseguir en Sinaloa con la capacitación y equipamiento de policías y mejor funcionamiento de las instancias ministerial y judicial ni siquiera es opcional para el Gobierno; es el cumplimiento del juramento de velar por la Constitución, la Ley y el bienestar de pueblo que hicieron la Presidenta Sheinbaum y la Gobernadora Domínguez al asumir los cargos. Entonces, pónganos a salvo.
Más que chalecos de acero,
Aquí apremia la situación,
A los policías primero,
Blindarlos contra la corrupción.
Ya pasaron 15 días desde que la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en Culiacán el 20 de septiembre que vendría el tacaño Secretario de Hacienda del Gobierno Federal, Édgar Amador Zamora, con la instrucción de acordar los apoyos presupuestales para la pacificación y reactivación de Sinaloa, pero probablemente todavía el funcionario no acabe de sacar cuentas del paquete financiero que traerá, ni se dé por enterado de que tantito más que se tarde encontrará en ruinas la economía estatal y su estancia sirva para darle la extremaunción.