La prohibición de los vapeadores, un regalo para el crimen organizado

Cuando un producto se prohíbe se genera una oportunidad para el crimen organizado, porque existen personas dispuestas a seguirlo comprando, pero al no poder adquirirlo de manera legal, recurren al mercado negro que se los venderá a sobreprecio y, por tanto, las organizaciones criminales que satisfacen dicha demanda terminan generando ganancias importantes que no obtendrían si no se hubiera prohibido el producto.

No es casual que la época dorada de la mafia en los Estados Unidos haya sido la década de los 30, cuando en dicho país se les ocurrió prohibir la venta de alcohol. La mafia se enfocó en el tráfico de bebidas alcohólicas, lo que permitió a criminales como Al Capone, Meyer Lansky o Charles “Lucky” Luciano amasar grandes fortunas y crecer en influencia. Sobra decir que la prohibición del alcohol fue un rotundo fracaso, ya que no se disminuyó el consumo, la misma se revirtió a los cuatro años y el único resultado palpable fue el crecimiento del crimen organizado.

Algo similar pasa cuando se imponen impuestos excesivos a un producto. Por ejemplo, en México los combustibles tienen tasas impositivas altas, lo cual abre la posibilidad de grandes ganancias a través del tráfico ilegal por los puertos y aduanas, conocido coloquialmente como huachicol fiscal: se puede comprar gasolina barata en el extranjero, meterla ilegalmente al país y venderla con una ganancia importante.

Por ello resulta absurdo que desde el Congreso de la Unión, Morena y sus aliados impulsen la prohibición a la producción, venta y almacenamiento de vapeadores, y que se haya llegado al exceso de poner la misma en la Constitución, porque sin darse cuenta están propiciando la creación de un gran mercado negro que a los únicos que beneficiará será a las organizaciones criminales.

Sobre todo, porque los consumidores no están incluidos en las penalizaciones. Es decir, es legal usar vapeadores, pero no venderlos, lo cual es un absurdo, porque si llegan a los consumidores es porque alguien se los proveyó.

Se podría pensar que la amenaza de imponer hasta ocho años de prisión va a disuadir a las personas de vender vapeadores, pero sí esas mismas personas ya venden droga, roban combustible, extorsionan o secuestran personas, y en todos esos delitos las penas son mayores y aun así siguen perpetrando los mismos, ¿qué les hace pensar a los legisladores que estas penas van a asustar a los integrantes de dichas organizaciones criminales?

De hecho, ni siquiera tenemos que esperar al futuro para predecir los efectos que tendrá esta prohibición, porque ya se tenía desde el 2022 una prohibición parcial que propició la irrupción de grandes cárteles de la droga en este mercado que está valuado en hasta 20 mil millones de pesos, en los cuales se ha identificado la participación de siete organizaciones mayores: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Golfo, Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, la Unión Tepito y Cárteles Unidos.

Por ejemplo, la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa estableció un esquema de monopolio artificial de venta de estos dispositivos en Culiacán, en donde los comerciantes se ven obligados a comprar vapeadores solo a ellos bajo pena de castigo, de forma que pueden establecer un precio base más alto, perjudicando a comerciantes y consumidores al tiempo que se llenan los bolsillos.

Derivado de ello, se puede pensar en ocho efectos que tendrá la prohibición de los vapeadores:

Incremento en el precio promedio. Al ser un producto ilegal, el esquema de libre competencia se altera y, dado que el consumidor adicto estará dispuesto a seguir fumando por medio de estos dispositivos, las organizaciones criminales podrán subir el precio para incrementar sus ganancias.

Aumento del tráfico ilegal procedente de China a través de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ensenada y Topolobampo. Más del 80 por ciento de la producción global de vapeadores se concentra en dicho país, por lo que entrarán a través de los principales puertos del Pacífico dentro de contenedores de forma clandestina.

Circulación de productos de mala calidad. Es decir, se generará un efecto contrario al que persigue la prohibición, que es proteger a las personas de los efectos nocivos de los vapeadores en la salud, pues al ser ilegales ninguna autoridad revisará la calidad de los mismos y quienes los usen estarán expuestos a dispositivos inseguros y altamente dañinos.

Fortalecimiento de la industria del tabaco tradicional. Algunos consumidores que habían pasado de los cigarrillos a los vapeadores podrían volver a consumir cigarros.

Pérdida de ingresos fiscales. Los vapeadores que se comercializaban hasta antes de la prohibición pagaban impuestos por las ventas; sin embargo, al ser un producto ilegal, ese dinero ya no entrará al Estado, sino a las arcas de las organizaciones criminales.

Lucha por el control de los puntos de venta. Todas las organizaciones criminales buscarán adueñarse de una parte del mercado, se disputarán los lugares de comercialización como bares, centros nocturnos, tiendas y lugares turísticos, propiciando mayor extorsión a negocios y enfrentamientos en áreas urbanas.

Mayor corrupción entre los policías locales. Recibirán pagos de las organizaciones criminales para no actuar frente a la venta clandestina de dichos dispositivos.

Aumento de los ingresos de las organizaciones criminales. La venta de vapeadores se convertirá en una nueva vertiente de negocios que ampliará su abanico de actividades delictivas.

* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: victorsanval@gmail.com.