La protección de los océanos y la pesca no es prioridad del Estado para 2027

Para 2027, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) le apuesta a los combustibles fósiles. La protección del medio ambiente y los océanos no están dentro de las prioridades financieras del Estado, ni el fortalecimiento de la pesca, ni la seguridad alimentaria derivada de océanos sanos y abundantes.

Poco presupuesto para cuidar el medio ambiente y la vida

Año con año vemos cómo desde el PPEF se le quita relevancia a la protección del medio ambiente porque a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se le ha otorgado menos presupuesto o un presupuesto muy conservador para el tamaño de la tarea que tiene enfrente. La Semarnat ha experimentado decrementos por cinco años; el más pronunciado fue en 2025, con una reducción de 39.61 por ciento de su presupuesto. En este PPEF 2027 presenta un ligero incremento de 4.48 por ciento, que equivale a $ 49,508 millones de pesos.

Este incremento es poco si tomamos en cuenta que en la Semarnat se encuentra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que tiene a su cargo la administración de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), estos hábitats críticos terrestres o marinos que están destinados a conservar la biodiversidad y los ecosistemas, y a brindar servicios ambientales para el futuro. La Conanp recibirá 1,590 millones de pesos para 2027, pese a que ahora administra 232 Áreas Naturales Protegidas.

Este presupuesto no responde a la necesidad actual de proteger estos hábitats, que además cumplen con una serie de servicios ecosistémicos para garantizar la vida. Un ejemplo es el Parque Nacional Bajos del Norte, una Área Natural Protegida en el mar, impulsada por Oceana, que garantiza la pesca que pone alimento en la mesa de los mexicanos y da sustento a familias de personas pescadoras y a quienes están en la cadena de valor. También protege los arrecifes de coral que absorben grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) ayudando a mitigar los efectos del calentamiento global; además, el océano nos da 70 por ciento del oxígeno que respiramos, por lo que cuidar estas áreas garantiza la vida de quienes habitamos este mundo.

Un presupuesto conservador para cuidar las ANP implica que no se pueda proteger de manera efectiva estos hábitats, como Bajos del Norte, que sostienen la vida. México tiene que cumplir las metas de conservación para el año 2030, cuyo objetivo es proteger al menos 30 por ciento de las zonas terrestres y marinas del país. México está avanzando hacia ello, sin embargo, crecen las ANP y no crece el presupuesto para protegerlas efectivamente. Es preocupante que año con año en el PPEF no exista un criterio de progresividad en la asignación de recursos para el cuidado de las ANP. Sin presupuesto suficiente, no hay vigilancia, no hay cuidado de los recursos, no hay cuidado de las especies. No se emprenden acciones suficientes para no solo cumplir con la meta, sino cumplirla eficazmente.

Si hablamos de la protección del medio ambiente y de los océanos, tenemos que hablar además de un sector que año con año es dejado de lado desde el presupuesto: el sector pesquero. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura (Imipas) son las dos instituciones que sufren la falta de presupuesto para impulsar y crear un sector pesquero fuerte, que nos lleve a la seguridad alimentaria en México.

La Conapesca, encargada de la vigilancia, administración y manejo de los recursos pesqueros, recibe solo el 2.79 por ciento total para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y el Imipas, responsable de la investigación científica pesquera, recibe solamente el 0.53 por ciento. Este presupuesto deja a la deriva a las más de 370,000 personas que dependen directamente de la pesca.

En Oceana estamos impulsando la recuperación pesquera, que exista el mandato a la Conapesca para que atienda el 23 por ciento de las pesquerías marinas que están en deterioro, de acuerdo con la Carta Nacional Pesquera. El no emprender acciones de recuperación pesquera significa dejar a la deriva a las personas que dependen de esas pesquerías y también significa condenarnos a no tener suficiente alimento para las generaciones futuras. Es imposible que Conapesca recupere pesquerías si no es prioridad para el Estado, ya que no existen los recursos para llevarlo a cabo.

La pesca puede poner alimento en la mesa de las familias mexicanas. Además, es una de las actividades del sistema alimentario con menor impacto ambiental en el planeta. Si el Estado mexicano le apostara al sector pesquero, podríamos caminar hacia una seguridad alimentaria. Sin embargo, no existe el presupuesto suficiente para garantizar alimentos en los océanos ni para afrontar los retos que tiene frente a la pesca ilegal, cambio climático y sus efectos en las pesquerías.

Mientras el Estado no prioriza la salud de los océanos ni el poner alimentos en las mesas de las y los mexicanos, sí está priorizando por encima de todo la extracción de combustibles fósiles. El PPEF 2027 plantea que la Secretaría de Energía destine 81,000 millones de pesos a Pemex a través del programa Articulación de la Política de Hidrocarburos. Paralelamente, se contempla un recorte adicional al gasto operativo y de mantenimiento de infraestructura petrolera, lo que incrementa el riesgo de derrames como el ocurrido en febrero de 2026 en el Golfo de México.

Esto es un escenario catastrófico porque es reducir la seguridad de la infraestructura en un momento donde se le apuesta a explorar y explotar hidrocarburos en aguas profundas, zonas más susceptibles a accidentes y derrames.

Con este presupuesto se mantiene que el petróleo siga contaminando hábitats críticos como arrecifes; que ponga en peligro especies como tortugas, delfines, tiburones; que desplace aún más a la pesca en el Golfo de México y con ello deje sin sustento a las 90,000 personas pescadoras que dependen de esta actividad.

El PPEF de 2027 nos demuestra que se está priorizando el petróleo por encima de la vida, de la salud de los océanos, de las comunidades costeras y de la pesca. Es necesario que la estrategia del Estado cambie, distribuya mejor sus recursos y apueste por el futuro ambiental y alimentario del país.