La red de corrupción que todos quieren ocultar en la Marina
Por muchos años se pensó que la corporación militar menos susceptible a la corrupción era la Marina Armada de México. Por ello, cuando se emprendió un proceso para limpiar las aduanas de los puertos del tráfico del crimen organizado, se pensó en la Marina como la instancia encargada de administrarlos para erradicar la corrupción imperante. Pero lo que sucedió fue lo contrario: organizaciones criminales y sus intereses económicos terminaron corrompiendo a los mandos de la Marina encargados de los puertos.
Desde hace meses se ha venido revelando información sobre la existencia de redes de corrupción en puertos como Tampico, Altamira, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Ensenada, Guaymas, Tuxpan, Topolobampo, Mazatlán y Salina Cruz. Hasta el audio difundido por Aristegui Noticias, donde el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar se reúne con el secretario de Marina del sexenio anterior, José Rafael Ojeda Durán, para denunciar a varios integrantes de la Marina, incluidos los sobrinos del secretario, de formar parte de una red de introducción de huachicol fiscal al país.
Lo grave fue que después de dicha denuncia, Fernando Rubén Guerrero fue cambiado de adscripción y asesinado al poco tiempo, lo cual abre la puerta a la hipótesis de que fue privado de la vida para encubrir a la red de corrupción que ha introducido millones de litros de combustible ilegal a México.
No se puede negar que estos hechos tiran por tierra la imagen de incorruptibilidad de la Marina y de las fuerzas armadas en general; también demuestran la capacidad del crimen organizado de incorporar figuras del más alto nivel a sus redes delictivas y nos muestran lo porosas que son las aduanas en México.
Los audios también revelan un delito por parte del exsecretario de Marina Ojeda Durán, porque en la conversación presenta dos opciones de abordaje, que se resumen en la siguiente oración: “O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso; o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”. Es decir, mientras en el primer escenario se persigue a los responsables para que asuman las consecuencias de sus actos, en el segundo se ignoran sus delitos y se les manda a otro lugar. Eso se llama encubrimiento, porque los funcionarios que tienen conocimiento de un delito están obligados a denunciarlo.
El secretario Ojeda Durán no hizo denuncia alguna, a pesar de que Fernando Guerrero hizo de su conocimiento posibles hechos de corrupción, tampoco inició una investigación interna, sino que optó por el segundo camino, cambió de adscripción a algunos involucrados y a otros ni siquiera los movió.
Por tanto, se puede decir que hubo un proceso de encubrimiento. Y a pesar de que Claudia Sheinbaum afirmó en la conferencia mañanera del miércoles 18 de febrero que el Rafael Ojeda no está siendo investigado por huachicol, debería ser investigado por faltar a sus responsabilidades al no denunciar una red de corrupción de la que tuvo conocimiento y que no hizo nada por pararla.
Incluso dentro de las investigaciones sobre el asesinato de Fernando Guerrero tendría que haber una línea de investigación en torno a Rafael Ojeda, ya que si bien no existen elementos que señalen su participación en el asesinato, lo correcto es que sean investigadas todas las personas que podrían tener potencialmente algún tipo de participación, aunque más adelante se les descarte por falta de pruebas.
Lo que no se puede negar es que Rafael Ojeda es uno de los responsables del peor descrédito que ha tenido la Marina en su historia y merece ser dado de baja de forma no honrosa de las fuerzas armadas, además de ser sancionado por sus omisiones. De lo contrario, el daño a la institución será mayor porque se percibirá como un encubrimiento del encubrimiento, generando mayor desconfianza en la Marina.
Siempre se habla de limpiar la casa y no proteger a nadie, pues bueno, aquí hay un caso claro en donde se puede poner el ejemplo de que nadie es intocable en este país. Si no se actúa en contra del funcionario, quedará la sensación de que los militares de alto rango pueden hacer cosas indebidas sin que les pase nada, lo cual enviaría un mensaje contraproducente de impunidad a los ciudadanos que deseamos un México con justicia y seguridad.