La sociedad civil desplazada: del capital social al asistencialismo gubernamental

En las últimas décadas, la sociedad civil en México ha sido un actor clave en la construcción democrática. Con la Ley Federal de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil, se reconoció el papel de las organizaciones en la generación de cohesión social y en la formulación de políticas públicas con conocimiento especializado.

Hoy, sin embargo, vivimos un cambio de rumbo. El Estado ha optado por privilegiar la relación directa con los individuos, principalmente a través de la red de Servidores de la Nación, dejando en segundo plano a las organizaciones sociales y comunitarias.

Este esquema asistencialista asegura transferencias inmediatas de beneficios, pero al mismo tiempo debilita los procesos colectivos, erosiona el tejido comunitario y limita el potencial de transformación social.

Como advierte Robert Putnam, el capital social —esas redes de confianza, reciprocidad y cooperación— es indispensable para el bienestar democrático. Cuando lo comunitario pierde fuerza, se refuerza la dependencia hacia el Estado y la ciudadanía se reduce a una condición de beneficiaria pasiva.

Boaventura de Sousa Santos lo expresa con claridad: la democracia no puede agotarse en el voto; requiere espacios efectivos de participación e incidencia ciudadana. Sin la voz organizada de la sociedad civil, la calidad de la democracia se empobrece.

Este modelo de centralidad gubernamental tiene consecuencias profundas:

Convierte las políticas sociales en simples instrumentos de distribución.

Refuerza un vínculo vertical entre Estado y ciudadanos.

Convoca a la sociedad civil de manera coyuntural y la descarta una vez cumplida su función.

Frente a ello, las organizaciones sociales siguen resistiendo: forman, acompañan, fortalecen capacidades y generan alternativas. Pero la pregunta persiste:

¿Cómo transitar de un enfoque asistencialista a otro que construya capital social?

¿Qué pasos dar para recuperar a la sociedad civil como interlocutora legítima en la política pública?

¿Cómo garantizar que la ciudadanía sea reconocida como agente activo y no solo como beneficiaria pasiva?

En suma, el desafío no es únicamente técnico, sino político y cultural: superar un modelo que desplaza lo comunitario y fomenta la dependencia individual, para avanzar hacia un enfoque que priorice la participación democrática, la corresponsabilidad y la construcción de capital social.

El reto está en devolver a la sociedad civil su lugar como motor de cambio, no como simple espectadora. Recuperar lo comunitario es recuperar la democracia.

* Elio Villaseñor Gómez es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción del Diálogo A. C. (@Iniciativa_pcd).