La traición de la CNDH en Ayotzinapa
La semana pasada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó su recomendación 208VG/2026. La emisión de una recomendación por parte de un organismo público de derechos humanos debería ser relevante y significativo para las víctimas. Pero ese no es el caso para esta recomendación de 876 páginas de revictimización y estigmatización de las organizaciones de derechos humanos, que lejos de contribuir al esclarecimiento de los hechos, la resolución de la CNDH confirma su falta de autonomía frente al poder político y, en especial, frente al poder militar.
En contra de toda la evidencia de las investigaciones nacionales e internacionales que acreditan la responsabilidad militar cuando menos por omisión, el documento no solo exime de responsabilidad institucional al Ejército, sino que desacredita el trabajo de organismos internacionales, instituciones del propio Estado mexicano, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación que durante años han impulsado la búsqueda de verdad y justicia.
Todo ello con una profunda insensibilidad hacia las demandas más significativas de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, como la relativa a la entrega de información de inteligencia militar generada antes, durante y después de los hechos.
La emisión de la recomendación de la CNDH no ocurre en el vacío, sucedió en la misma semana en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parece haberse sumado a una estrategia gubernamental de desmantelamiento de los pocos avances que se habían logrado para llegar a la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. En una decisión jurídicamente endeble y que pone en riesgo el principio de cosa juzgada, la SCJN resolvió atraer diversos recursos de revisión extraordinaria que impiden el cumplimiento de una sentencia firme que ordenó la creación de una Comisión para la Investigación y la Verdad sobre el caso Iguala, como una manera de subsanar la falta de independencia de la FGR en las investigaciones.
Uno de los aspectos más preocupantes de la recomendación es el deslinde de responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La CNDH sostiene que no existen elementos para acreditar una responsabilidad institucional del Ejército, a pesar de que actualmente hay 17 militares vinculados a proceso por su presunta participación en los hechos. Más aún, el organismo desestima un hecho reconocido incluso en resoluciones judiciales: la persistente negativa de las Fuerzas Armadas a entregar la totalidad de la información de inteligencia relacionada con el caso. En lugar de cuestionar esa opacidad, la recomendación termina validando versiones que han sido contradichas por documentos militares conocidos públicamente, reforzando una narrativa de defensa institucional del Ejército.
Esta postura no es un hecho aislado. A lo largo del documento, la CNDH cuestiona y busca desacreditar las líneas de investigación más sólidas construidas durante los últimos años y que apuntan a la participación del Ejército en distintos grados y niveles. Así, busca desacreditar el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el de esfuerzos institucionales impulsados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Es decir, descalifica líneas de investigación y hallazgos que se construyeron con rigor técnico, cooperación internacional y evidencia documental, lo cual llevó a que sean estas líneas las que cuenten con mayor confianza por parte de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.
Es lamentable que la CNDH haya decidido utilizar una recomendación, cuya única razón de ser debería ser el señalamiento de la responsabilidad estatal por violaciones a derechos humanos, para estigmatizar a las organizaciones que durante años hemos acompañado a las familias y confrontado a las autoridades, independientemente del proyecto político al que representen.
Esta inversión de responsabilidades no sólo desvía la atención de las obligaciones del Estado, sino que busca desacreditar a quienes han contribuido a mantener viva la exigencia de verdad y justicia.
En particular, desde Fundar reivindicamos nuestra colaboración con el Centro ProDH, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y SERAPAZ, organizaciones hermanas cuyo trabajo habla por sí mismo. Todas juntas acumulamos casi medio siglo de lucha por la defensa de la dignidad y los derechos humanos.
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El autor es Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos en @FundarMexico