Las madres indígenas que las políticas públicas no han mirado

En México, las madres indígenas sostienen gran parte de la vida comunitaria, cultural y económica de sus pueblos. Son guardianas de la lengua, transmisoras de conocimientos ancestrales, cuidadoras del territorio y mantienen prácticas comunitarias que dan identidad a generaciones enteras. Sin embargo, enfrentan múltiples formas de exclusión: pobreza, racismo, violencia institucional, falta de acceso a servicios básicos y políticas públicas que invisibilizan sus formas propias de crianza, organización y cuidado. En lugar de reconocer su autonomía y conocimientos, frecuentemente se les ha tratado desde enfoques asistencialistas que buscan integrarles a modelos ajenos a sus realidades culturales.

Pensar políticas públicas para madres indígenas implica reconocer que no existe una única manera de ejercer la maternidad ni de construir bienestar. Para muchos pueblos originarios, el cuidado es colectivo, la relación con el territorio es fundamental y la lengua materna representa una forma de resistencia cultural. Por ello, las políticas deben dejar de imponer modelos homogéneos y construirse desde la escucha, la participación comunitaria y el respeto a la libre determinación de los pueblos.

Esto requiere garantizar derechos sociales como servicios de salud intercultural, educación bilingüe y programas económicos que fortalezcan las autonomías comunitarias sin despojar a las mujeres indígenas de sus identidades. También implica combatir el racismo institucional que muchas madres enfrentan en escuelas, hospitales y espacios públicos por hablar una lengua originaria o portar vestimenta tradicional.

Fortalecer la identidad indígena no es un asunto simbólico; es una forma de garantizar derechos, dignidad y continuidad cultural. Las madres indígenas no solo cuidan a sus familias: sostienen conocimientos ancestrales, defienden territorios y preservan formas de vida que históricamente han resistido al colonialismo y a la exclusión. Por ello, una política pública verdaderamente transformadora debe reconocerles como sujetas políticas, constructoras de comunidad y portadoras de saberes fundamentales para el presente y el futuro.

La Constitución mexicana, especialmente el artículo 2°, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a preservar sus culturas, instituciones y formas de organización. No obstante, existe una gran distancia entre el reconocimiento legal y la realidad cotidiana, mientras pueblos y mujeres indígenas padecen las consecuencias de una omisión legislativa del Congreso de la Unión, al no reglamentar la reforma constitucional en materia indígena y no expedir la Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Las políticas públicas suelen quedarse en discursos multiculturales sin transformar las condiciones estructurales de desigualdad. Por lo tanto, es necesario pasar de políticas asistencialistas a políticas de justicia social y reconocimiento cultural.

Las políticas públicas dirigidas a madres indígenas deben construirse desde el respeto a la identidad, la autonomía y los derechos colectivos. Una verdadera política intercultural no busca que las mujeres indígenas abandonen sus raíces para acceder a modelos de desarrollo que les son ajenos, sino que puedan vivir con dignidad fortaleciendo su lengua, su cultura y sus formas propias de organización. Reconocer a las madres indígenas como sujetas políticas activas de sus comunidades es indispensable para construir un país más justo, plural y democrático. En ese sentido, es impostergable expedir la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

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La autora es Maira Olivo Paz, coordinadora del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.