Las tres alertas del Instituto de Protección
Periodismo bajo varios fuegos en Sinaloa

A las evidencias de que en Sinaloa se están agrupando las alertas de alto riesgo para la prensa, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas respondió con una batería de pronunciamientos en los dos primeros días de marzo, en reacción a diferentes tipos de delincuencia que insiste en tener a reporteros y medios amordazados y amenazados. Sin tratarse de una situación casuística, las agresiones arrecian en el contexto de inicio de las campañas electorales donde tumbar al contrario, y silenciar la denuncia pública, son cuestión de ganar o perder elecciones.

Había mantenido prudencia en el tema la Directora del órgano protector, Jhenny Judith Bernal Arellano, hasta que la acumulación de agresiones constituyó la urgencia de hacer valer las atribuciones que establece la Ley en materia de prevenir situaciones de mayor riesgo. La corrupción, las avideces de poder logradas al costo que sea, la narcopolítica y la delincuencia cibernética están aquí parapetándose ahora tras la actividad comicial.

Las razonables sospechas fundadas en indicios claros de que aquellos que cometieron ilícitos probados o que están en situación de presunción de inocencia en los tribunales judiciales se preparan para actuar contra periodistas y medios de comunicación, propicia la activación no sólo de la institución protectora sino de la sociedad entera para que prosiga el flujo de información profesional, fiable y verificada, condición sine qua non del fortalecimiento democrático.

El 1 de marzo el Instituto de Protección abrió con el exhorto a que todo servidor público de la Universidad Autónoma de Sinaloa respete cabalmente la labor periodística y de defensa de los derechos humanos, en el entendido de que la institución educativa “no debe tolerar ningún acto de violencia contra persona alguna y, menos aún, si dicha violencia proviene de sus integrantes y de la comunidad universitaria hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.

De esta manera el IPPPDDHyP reaccionó en respaldo al pronunciamiento que el 27 de febrero emitió la organización internacional Artículo 19, que a través de sus oficinas en México y Centroamérica condenó las intimidaciones y hostigamientos ejercidos por trabajadores de la casa educativa contra periodistas y medios de comunicación. Destaca lo sucedido el 20 de febrero cuando durante una manifestación en el Congreso del Estado, Wilfrido Ibarra Escobar, director nivel C de la Universidad, utilizó la red social de Radio UAS en Facebook para filtrar información personal e intimidar a personal del periódico Noroeste, agresión en la que reincidió al día siguiente desde la cabina de la emisora universitaria.

Ese mismo viernes, al iniciar las campañas electorales para votar por Presidente de la República, integrantes del Senado y Cámara de Diputados, y en Sinaloa alcaldes y diputados locales, dicho órgano autónomo expuso que en cada jornada comicial “las personas que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos desarrollan una labor fundamental, la cual debe serles respetada, absteniéndose toda persona en violentarlos”.

“Se conmina a todos los actores de la sociedad y a las autoridades públicas del estado y de los municipios, así como a los involucrados en la organización de las elecciones, a los miembros de los partidos políticos y a sus candidatos, como también a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos y a la ciudadanía en general, para que se respete, proteja y garantice la seguridad de todas y todos durante el presente proceso electoral”.

Posteriormente, el 2 de marzo, el órgano que ampara el trabajo de periodistas y activistas en Sinaloa se posicionó deplorando el destructor ataque cibernético contra la cadena de periódicos El Debate que obligó al medio a paralizar su trabajo informativo después de que resultaron dañados sus servidores virtuales, de respaldo y de recuperación ante desastres. El IPPPDDHyP lo consideró como acto de violencia digital que amenaza el libre ejercicio del derecho de libertad de expresión y de prensa, pilares fundamentales de la democracia en México.

“Instamos a todas las autoridades, dentro del marco de sus respectivas competencias, a garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo y a reafirmar su compromiso con la libertad de expresión en todas sus formas. En momentos como este es imperativo unir fuerzas para salvaguardar los principios fundamentales que sustentan nuestra democracia”, dice el comunicado del Instituto de Protección.

Sin duda, el tiempo de elecciones le añade elementos de peligro a la de por sí riesgosa labor del periodismo. A los candidatos y siglas partidistas les resulta útil el desbarajuste de la riña por acceder a cargos de representación popular porque allí se parapetan para cometer los ataques y esconder la mano. Creen que doblegando a comunicadores y medios borran el mensaje que da cuenta de hechos delictivos que hacen inelegibles a políticos.

Que las gargantas se aclaren,

Para gritar nuestro estribillo,

De ‘¡somos prensa, no disparen!’,

Antes de que jalen el gatillo.

Era un secreto a voces, pero con la investigación periodística que Noticiero Noroeste presenta cada lunes fue roto el cerco de silencio que la delincuencia organizada les impone a transportistas de carga que son obligados a pagar una “cuota” económica para poder movilizar la producción del campo. Lo que sigue es que el Gobierno de Sinaloa y la Fiscalía General del Estado acaben con la práctica del “cobro de piso” antes de que afecte al resto de las actividades económicas si es que no las alcanzó ya. Y no se vale la inacción sustentada en el “no hay denuncias”.

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