Ley chayote

El gasto en la publicidad gubernamental para medios de comunicación es un tema tabú en el que Morena quiere entrar, tienen ganas de ponerle el cascabel al gato reglamentando la relación económica generada entre medios de comunicación y los gobiernos. No está mal, puede ser una buena idea porque el gasto gubernamental en “comunicación” y “prensa” es un verdadero caldo de cultivo para la corrupción, el abuso del poder y el control de los propios medios. Pero no dejan de surgir dudas, ¿qué habrá más allá de la medida?, ¿qué y cómo lo pretenden? ¿Justicia y gracia?

 

Millonarios son los contratos que los medios de comunicación firman con los gobiernos de todos los niveles. Para entrar en discusión primero deberíamos tener claro el fin público de los medios de comunicación en una democracia -en construcción o consolidada-. Para el politólogo italiano Giovanni Sartori, el papel de los medios de comunicación en una democracia es fundamental, porque cumplen una función informativa, y los ciudadanos para tomar decisiones libres y sensatas deben estar informados. 

 

Pero Harold Laswell, el pionero en las teorías de la comunicación gubernamental reflexiona sobre los medios masivos y hace cuatro preguntas fundamentales para esta discusión. Cuando se publica una noticia gubernamental: ¿Quién o quienes lo dicen? ¿A quién o a quienes se dirigen? ¿En qué canal se emite y replica? y ¿con qué efecto o finalidad se expone? Estas preguntas parten del entendimiento de que los medios de comunicación se convierten en agentes participantes del proceso de la toma de decisiones, que juegan dentro del escenario público con sus intereses particulares y por tal debe estar regulado.

 

Podríamos seguir debatiendo a la luz de diversos autores sobre este tema que además de apasionante es un gran negocio. Pero el quid está justo en eso, en el negocio privado que se genera desde la información pública. ¿Pero cómo controlarlo sin limitarlos? ¿Cómo no atentar contra el derecho ciudadano a la información? o ¿cómo no atentar contra el legítimo derecho a informar? 

 

Y es aquí donde Morena está atorado, a la novicia legisladora Marcos el discurso le alcanzó para plantear el problema pero no para dimensionarlo en sus amplísimas anchuras y mucho menos para exponer una solución que parte, según sus razonamientos, desde el Poder Legislativo. 

 

Prejuicioso como soy en todos los asuntos que tienen que ver con la limitación a las libertades, no creo que la legisladora federal por Culiacán tenga claras las métricas y las profundidades de un tema que va más allá del discurso de campaña de “medios corruptos y vendidos”. No lo creo porque sus declaraciones, al menos las mediáticas, apuntan únicamente al tema del gasto y distribución del recurso y no de la democratización del mensaje. 

 

En una exposición más burda y rústica, el Alcalde electo de Culiacán también morenista, dijo que no habrá “chayote” para periodistas, que en el plan de austeridad contempla no asignar recursos para difusión y prensa, y que él no tiene miedo a medios golpeadores. Excepcional excusa para que en su conocido papel de político victimizado, acuse un linchamiento mediático ante sus múltiples errores, excesos y tropiezos con la lengua.

 

Por eso es que este tema se debe plantear con absoluta seriedad, con rigurosidad científica y bajo los criterios que deben regir los asuntos legislativos, me refiero a los principios de la objetividad y la certeza. Nos debe de quedar claro que ni todos los medios son “chayoteros” o “vendidos”, ni todos los políticos son “corruptos” o “pendejos”. Los hay de todos y en todas sus gradualidades, incluso en temporalidades. Es decir, hay medios que comienzan bien y en el camino se pierden y políticos que persiguen fines nobles pero en lo insensato de los planteamientos causan más daños que beneficios. 

 

Así es de que, implementada la “Ley Chayote”, cuando se exhiba la incongruencia de un gobernante que reclama a los ciudadanos el pago de impuestos, pero no paga los propios. Lo primero que hará el político será decirse atacado y lo segundo será recurrir a endurecer la ley. Porque al principio y al final, nadie paga para que le peguen y el político no siempre aprende a periodicazos. Luego le seguimos...