Lo bueno y lo faltante en el nuevo Programa del Gobierno en seguridad
Detrás de las políticas públicas en seguridad que resultan en detenciones, decomisos, despliegues o reducciones de algunos delitos, hay prioridades y decisiones que pocas veces se discuten abiertamente.
En ese sentido, el Programa Nacional de Seguridad Pública 2026–2030 que se publicó en la semana permite responder preguntas fundamentales: ¿Qué entiende el Gobierno por seguridad? ¿Cuáles son los problemas prioritarios? ¿Qué instituciones deben actuar? ¿Cómo se medirá el éxito? ¿Quién será responsable si las cosas no funcionan? Sin estos elementos, la política de seguridad corre el riesgo de convertirse en una sucesión de acciones desconectadas entre sí.
El programa no es ningún documento menor: es la principal hoja de ruta del Gobierno federal para enfrentar el principal problema público del país: la inseguridad. Para ello, establece el diagnóstico oficial sobre los problemas de criminalidad que enfrenta México, define prioridades, fija objetivos, propone mecanismos de intervención y orienta la acción pública durante los próximos años. Es la traducción de una visión de Estado para reducir la violencia y construir paz.
Hemos analizado el Programa Nacional de Seguridad Pública y encontramos tanto señales positivas como algunas carencias.
Durante años la discusión pública se concentró en el número de delitos registrados, particularmente homicidios. Esto dejaba fuera procesos más complejos como la debilidad institucional o el deterioro de la confianza social. El programa, al fin, incorpora una visión más amplia. Reconoce que la inseguridad no se reduce únicamente a la incidencia delictiva; también admite que la violencia afecta el desarrollo económico, la cohesión social y las condiciones de vida de las personas.
El documento también incorpora fenómenos que históricamente habían recibido menor atención dentro de las estrategias nacionales de seguridad. La extorsión, la trata de personas, los delitos financieros, los ciberdelitos, las desapariciones y el llamado huachicol fiscal aparecen explícitamente como problemas prioritarios. Esto importa porque los mercados criminales han evolucionado y diversificado sus mecanismos de operación. Pensar la seguridad únicamente desde los homicidios o el narcotráfico resulta cada vez más insuficiente.
Por último, se intenta abandonar la idea de que la seguridad depende únicamente de respuestas reactivas. El programa incorpora elementos como prevención social, fortalecimiento institucional, profesionalización policial, reinserción social y uso de inteligencia. Aunque estos conceptos han aparecido anteriormente en distintos discursos gubernamentales, su inclusión refleja el reconocimiento de que la violencia no se enfrenta sólo mediante operativos.
Hay una distancia considerable entre el diagnóstico y las respuestas que plantea. El documento identifica una realidad compleja pero muchas de sus soluciones repiten fórmulas generales: coordinación, inteligencia, tecnología o fortalecimiento institucional. El problema no es que estos elementos sean incorrectos, sino que no queda claro qué mecanismos concretos producirán resultados.
La ambición de las metas es insuficiente. Si el diagnóstico describe una crisis profunda, sería razonable esperar objetivos igualmente robustos. Sin embargo, algunos indicadores parecen orientados más a administrar el problema que a transformarlo. Contener el deterioro no necesariamente equivale a construir condiciones sostenidas de seguridad. En un país donde hay más violencia que hace una década, las metas deberían apuntar hacia una mejoría.
La rendición de cuentas es otra limitante. El programa presenta la coordinación institucional como una solución transversal para múltiples problemas, pero coordinar no es una política pública por sí misma. La coordinación necesita responsables, compromisos específicos y consecuencias ante incumplimientos. El documento deja abiertas preguntas importantes: ¿Qué institución liderará cada prioridad? ¿Qué responsabilidades tendrán estados y municipios? ¿Qué indicadores serán públicos? ¿Cómo se evaluarán los resultados? Sin respuestas claras, existe el riesgo de que la responsabilidad se diluya entre múltiples actores.
Las implicaciones de estas fortalezas y debilidades van más allá del propio documento. Lo que está en juego no es únicamente el contenido de un programa sexenal, sino la manera en que el Estado mexicano entiende y enfrenta la inseguridad pública. Durante años el país ha acumulado diagnósticos relativamente acertados sobre las causas y dinámicas de la violencia. El desafío ha sido otro: convertir esos diagnósticos en capacidades institucionales, incentivos y mecanismos efectivos de implementación.
El Programa Nacional de Seguridad Pública 2026–2030 parece moverse precisamente en esa tensión. Su principal fortaleza es que reconoce una realidad compleja. Su principal riesgo es que ese reconocimiento no conduce hacia herramientas concretas de cambio.
Los autores, Armando Vargas (@BaVargash) es coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua) y Yair Mendoza (@yair_mendozacg) es investigador del mismo