Lo que costó y seguirá costando la reforma judicial en los estados
En el Proceso Electoral Extraordinario (PEE) de junio de 2025 se eligieron 1,081 jueces y magistrados estatales en 19 entidades federativas. Este número equivale a un tercio del total de la judicatura local en México.
Los dos tercios restantes serán electos en 2027. La justicia a nivel estatal representa el 63 por ciento, y la justicia federal, 37 por ciento, de acuerdo al Censo de Impartición de Justicia del INEGI, 2023.
Pese a ello, la elección de jueces y magistrados a nivel de los estados recibió poco seguimiento, si se le compara con el proceso de elección de cargos judiciales de la Federación.
Mucho se difundió que el costo de la elección judicial federal fue de 13 mil millones de pesos, pero hasta el momento son pocos los estudios que han investigado el monto erogado a nivel estatal en la elecciones judiciales.
De acuerdo con datos del Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA), elegir al equivalente a los jueces estatales del país tuvo un costo de más de 3,600 millones de pesos.
Llegar a este monto aproximado representó un gran reto de investigación ante la falta de transparencia en el financiamiento electoral en los estados.
Mientras en algunas entidades hubo plataformas que reportaron montos adicionales solicitados, otras solo publicaron montos totales aprobados.
Fueron excepcionales los estados que divulgaron desgloses de recursos recibidos o ejercidos.
En el caso de Coahuila, por ejemplo, de plano no se encontró información pública sobre el presupuesto asignado para la elección de cargos judiciales locales, lo cual es preocupante en términos de transparencia y rendición de cuentas.
El promedio de los presupuestos asignados para las elecciones judiciales en cada uno de los 19 estados fue de 200 millones 853 mil 109 pesos.
Habrá que considerar, no obstante, que para el mismo evento en el Estado de México se asignaron arriba de 941 millones de pesos mientras que en estados como Nayarit apenas se destinaron poco más de 30 millones.
Este análisis presupuestal también nos lleva a reflexionar si valió la pena invertir para organizar una elección que al final del día pagamos la ciudadanía con nuestros impuestos.
El cuestionamiento es más serio sobre todo en los estados en los que ni siquiera se llegó a un número aceptable de candidatos que garantizara la competencia electoral, como Aguascalientes, Baja California, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas.
En estas entidades, los resultados de las elecciones estaban prácticamente decididos desde la postulación de personas candidatas por los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivos y Congresos estatales.
A ello habrá que sumar que el día de la jornada electoral la participación ciudadana fue muy baja, de un 12 por ciento del total del padrón electoral.
Incluso, quienes acudieron también fueron influenciados por los llamados “acordeones” —guías impresas que sugerían votar por determinadas personas—.
Demasiado dinero para tan baja calidad de competencia y pocas personas votantes. Si las cosas continúan de esta manera, los gastos de 2027 pueden llegar a triplicarse.
Veamos en esta gráfica los montos de los presupuestos asignados por estado en el proceso electoral extraordinario de 2025:
Al dividir estas cantidades entre el número de cargos judiciales del fuero estatal electos en cada entidad, resulta un costo promedio aprobado de 2 millones 451 mil 743 pesos.
En la gráfica se aprecia que el voto en Estado de México y Yucatán fueron los más costosos.
En el caso del Estado de México con ese presupuesto exorbitante cercano a mil millones de pesos, se eligió a sólo el 13 por ciento de la judicatura estatal (91 cargos).
Ahora bien, el costo de organizar elecciones depende, inter alia, de las estructuras existentes, novedad de los procedimientos, número de votantes y distribución geográfica.
Sin embargo, aun tomando en consideración estos factores, las autoridades electorales y legislativas del Estado de México deben a la ciudadanía una explicación de por qué ha sido necesario pagar unos 10 millones de pesos para cada cargo judicial que se eligió.
En el caso de Yucatán aunque el presupuesto total asignado (100 millones de pesos) fue la mitad del promedio estatal (200 millones de pesos), el número reducido de cargos que se compitieron (14) eleva el costo por cargo votado.
De acuerdo a esta investigación es urgente la fiscalización de los recursos y gastos electorales, no sólo para la rendición de cuentas, sino para las proyecciones financieras de lo que costarán las elecciones judiciales estatales en 2027.
Esto, además de hacer transparente el ejercicio de recursos presupuestales, permitiría tomar las medidas necesarias para corregir eventuales vacíos normativos y operacionales, y valorar el costo de los comicios. También es indispensable que se realicen ejercicios de planeación de costos.
Rumbo a las elecciones de 2027, valdría la pena preguntarnos si tiene sentido invertir en elecciones que ya están definidas de antemano y si como país lo que requerimos es que ese recurso se invierta de mejor manera: no en unas elecciones onerosas sino en los propios poderes judiciales estatales, que en la mayoría de los casos están muy por debajo del presupuesto mínimo indispensable para sus actividades cotidianas.
* Susana Camacho es Coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa. Ina Zoon es Directora del Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA)