Los Chávez: la leyenda y el júnior
Es ‘caja china’ o vendetta de la 4T
Las nuevas generaciones poco conocen la época de gloria de Julio César Chávez González y del boxeo mexicano porque no vivieron el esplendor del pugilista que de 1980 a 2005 logró la hazaña deportiva de acumular tres títulos mundiales en las categorías súper pluma, ligero y súper ligero, pero ni siquiera tal desconocimiento justifica los ataques contra la familia derivados de que uno de sus miembros fue detenido en Estados Unidos con fines de extradición a México, para que enfrente presuntos cargos criminales que le imputa la Fiscalía General de la República.
La atroz embestida y los mil y un misterios que la tornan sospechosa, para nada le conceden a Julio César Chávez Carrasco el derecho a la presunción de inocencia, porque la desinformación requiere de nuevas carnadas de escarnio donde el insulto atrae audiencias también ávidas de sensacionalismos. Ese juicio a través de cauces cibernéticos, salvo contadas excepciones, condena de antemano al júnior a sabiendas los youtubers, influencers, tiktokers y más que si se equivocan ninguna consecuencia legal pagarán por ello.
La vida del hijo de la leyenda ha sido poco exitosa en el ring, pero célebre por los escándalos en los que casi siempre está metido. A los padres de éste se les ha percibido permanentemente buscando la manera de encarrilarlo por modelos ordinarios de comportamiento, pero a la luz de los recientes hechos puede más la rebeldía del vástago que la tenacidad de sus progenitores en readaptarlo. Chávez Carrasco es show, es la concepción alterada de la parafernalia existencialista; la FGR representa la mano blanda de la Ley endurecida ahora por cuestiones extrañas.
Sin embargo, resulta aconsejable esperar a saber qué elementos de probanza posee la FGR para llevarlo a juicio por delitos aún no claros. A botepronto emerge la supuesta indagatoria iniciada en 2019, la orden de aprehensión girada por un Juez en 2023 y el arresto que el 3 de julio de 2025 realizaron en California agentes de Inmigración y Control de Aduanas, corriendo primero la versión de que enfrentaría cargos en Estados Unidos. A las horas resulta que la Fiscalía nacional mantuvo durante seis años en secreto las indagatorias y decidió operar la judicialización de delitos archivados durante meses.
Sin duda, la FGR no sólo trae un caso contaminado por suspicacias sino también la correspondiente coartada con las implícitas desconfianzas. A no ser que Julio César Chávez González haya roto la colaboración con la Cuarta Transformación que sostiene desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y refrendada al aparecer el reciente 6 de abril con la actual Mandataria Claudia Sheinbaum en la clase nacional de boxeo, se suponía que era parte del selecto grupo de los apreciados en Palacio Nacional.
A las instancias ministeriales y judiciales les compete llevar el caso de Chávez Carrasco por lo rieles de la Ley, así parezca fundada en la fantasía la hipótesis de que alguna célula del narcotráfico usaba al púgil para golpear a rivales y enemigos, e igual de disparatada sea la justificación de la FGR en el sentido de que la orden de arresto emitida por una Juez en 2023 no se ejecutó durante más de dos años porque el presunto culpable residía todo el tiempo en territorio estadunidense. A simple vista las pesquisas muestran enredos que llevarían a veredictos con similares gatuperios.
Pudo la FGR sostener en secrecía durante mucho tiempo la acción ministerial contra el hijo de la gloria del boxeo mexicano, pero no podrá ocultar los móviles reales de la operación que detuvo a Julio César júnior que más bien parece sacada de la manga del poco confiable chaleco de la Fiscalía, para crear alguna cortina de humo que desvía la atención de asuntos de gobierno de los cuales los ciudadanos no deban ocuparse.
Y siendo los mexicanos un pueblo que si con leche se quema hasta al jocoque le sopla, quizá se trata de la “caja china” para que la opinión pública esté distraída mientras la mayoría de Movimiento Regeneración Nacional y partidos aliados aprueba en el Congreso de la Unión leyes en materia de seguridad pública que causan preocupaciones sociales en lo que respecta a libertad de expresión, uso de datos biométricos de la población para instrumentar un sistema de hipervigilancia masiva, y abusivas atribuciones a militares y policías para hacer detenciones de personas al margen de los derechos constitucionales.
Hagan sus apuestas, señores,
La cartelera es tremenda:
Pelean por los reflectores,
FGR e hijo de la leyenda.
Aunque en realidad no nace la Vicefiscalía de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuya creación aprobó el Congreso del Estado el 12 de junio, y lo que se hará es agregarle a la ya existente Vicefiscalía de Derechos Humanos atribuciones para investigar delitos contra la libertad de expresión y activistas de DDHH, de cualquier forma la Red de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos le mantiene el voto de confianza a la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, en espera de corroborar que resulte la institución ministerial que le ponga fin a la impunidad de agresiones contra integrantes de la prensa y del Ombudsman de Sinaloa. Significa prolongar las altas expectativas, no el otorgamiento del cheque de la fe en blanco.