Los derechos humanos en 2026: la falsa disyuntiva
El 2026 inició con una noticia cuyo impacto para los derechos humanos va más allá de la sociedad venezolana y de la región.
La condenable acción militar unilateral de Estados Unidos en suelo venezolano deja un peligroso precedente y da un golpe a todo el régimen internacional de derechos humanos basado en normas del derecho internacional. Previo al ataque, se habían llevado a cabo un bloqueo marítimo y al menos 104 ejecuciones arbitrarias en el Caribe, lo que había sido ya denunciado por procedimientos especiales de las Naciones Unidas.
Como lo han dicho múltiples actores internacionales y el propio gobierno mexicano, la acción es una flagrante violación a instrumentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
También es cierto y necesario decirlo: el régimen en Venezuela es uno autoritario y represivo, que por más de una década ha cometido violaciones graves a derechos humanos, documentadas por personas defensoras, organizaciones de derechos humanos y expertas y expertos de Naciones Unidas, mediante su Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, que en los últimos años denunciaron detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas. Además, el año pasado se publicó el informe Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual analiza, en tres etapas, la estrategia represiva del régimen para obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente.
Estas prácticas se agravaron particularmente en contra de periodistas, activistas, víctimas e integrantes de la sociedad organizada a partir de las elecciones de 2024, lo que llevó a que muchas de ellas fueran detenidas arbitrariamente y estén sujetas a procesos penales ilegales hasta la fecha. Hoy, en las voces de esos periodistas independientes, víctimas de violaciones a derechos humanos y de organizaciones como Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) o COFAVIC, es donde hay que poner atención para conocer de primera mano dónde están las mayores preocupaciones y alertas que hay que identificar en tiempos tan turbulentos.
Son estas voces las que han exigido abiertamente que se requiere de un trabajo conjunto con organismos internacionales y de la comunidad internacional para abordar la situación de ese país y denunciar las violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen venezolano, a la vez que han condenado las recientes acciones militares en el país y exigido priorizar acciones pacíficas. No hay contradicción en estas denuncias.
La disyuntiva no es si la libre determinación de los pueblos implica convalidar violaciones graves a derechos humanos o abstenerse de repudiar y denunciar estas acciones; por el contrario, estos principios son la base de ese régimen internacional de derechos humanos. Como lo hemos denunciado previamente en este espacio, el principio de la no intervención no puede ser ciego ni omiso ante los abusos.
No es noticia que este régimen internacional siempre ha sido endeble, en tanto depende del cumplimiento de sus propias normas por parte de los estados y sus líderes, poderosos o no. Hoy sin duda ese régimen y los organismos interestatales que lo sostienen —a los que los propios Estados de la región imponen la urgencia de dar respuesta ante esta crisis— están mucho más debilitados y cuestionados después de estas acciones militares.
No obstante, el reto es que los estados que condenan y solicitan que el régimen multilateral funcione, lo fortalezcan, lo prioricen y lo respeten a nivel internacional y nacional. Porque con sus deficiencias, hoy más que nunca se requiere de un esquema multilateral donde se prioricen las respuestas pacíficas y sea posible llamar a rendir cuentas a aquellos gobiernos que han violado las normas de derecho internacional con acciones unilaterales militares y a quienes han cometido violaciones de derechos humanos en contra de su ciudadanía.
A la luz de la historia de nuestra región es que podemos distinguir la verdadera disyuntiva: decidir si se quiere continuar socavando los organismos internacionales —por ejemplo, dejando de cumplir recomendaciones y ordenamientos de organismos internacionales a nivel interno— o fortalecer los espacios multilaterales, poniendo al centro lo que llevó a la construcción de este régimen internacional de normas de derechos humanos: la dignidad de las personas.