Los hechos...

Para Andrés Manuel, el Instituto Nacional Electoral, junto con los tribunales electorales, son enemigos de la democracia, del juego limpio, y por supuesto, bajo su apreciación, se prestan a los fraudes electorales, y por ello, se propone a presentar una iniciativa ante el Legislativo, con el propósito de conseguir su aprobación y realizar cambios de fondo, iniciando por liquidar a los titulares de dichas instituciones, y posteriormente, designar a los nuevos responsables por la vía del voto popular, de acuerdo a su proyección de ruta de la pretendida reforma electoral, bajo el sello de la 4T.

Por supuesto, el eventual ejercicio de selección, estaría manejado, supongo, por la Secretaría de Gobernación y por el Legislativo federal. Es decir, por tomadores de decisiones que juegan en la cancha del Presidente de la República.

Estamos pues, ante una nueva pretensión presidencial, que vendría a descabezar lo que se ha construido en el ámbito electoral, dentro del cual, tiene participación importante la actividad ciudadana, esfuerzo al que se le falta el respeto al poner en duda la solvencia de los procesos electorales. Ya veremos qué resulta de este lance renovador de Andrés Manuel, quien, cuando quiere, entiende la transformación como eliminación, salvo, dentro de lo que está bajo su sombra protectora, como lo es, entre otros, el caso del Fiscal General de la República.

Con plena convicción de lo que dice, en el sentido de “no somos iguales que los neoliberales”, Andrés Manuel, está seguro de que sus colaboradores y demás instituciones, están en la misma sintonía y que la corrupción, es cosa del pasado.

Ni lo uno ni lo otro, para desgracia del cambio procurado, son ciertas; creo que el Presidente está mal informado, o simplemente, no quiere ver a plenitud, casos como el del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien está causando serios perjuicios a la imagen de la institución a su cargo, utilizando la ascendencia de su representación, para influir y conseguir resultados favorables en causas personales o iniciar procesos penales en contra de sus adversarios políticos.

Un argumento que para el Presidente de la República resulta diferenciador de la gestión de sus antecesores, es que el país cuenta con una Fiscalía General de la República independiente del accionar e intencionalidad de los tres poderes de la nación, y por supuesto, de las conveniencias políticas de los centros del poder institucional.

De acuerdo a la norma, la titularidad de tan alto encargo, debe ser ocupado por una persona de intachable solvencia moral y reconocida trayectoria ciudadana y profesional dentro del ámbito jurídico, virtudes que en Gertz Manero encontró López Obrador, para presentarlo como parte de una terna, ante la Cámara de Senadores, la instancia que por la vía del voto le dio la formalidad a las intenciones presidenciales, para durar en el encargo nueve años.

Gertz Manero ha transitado ya la tercera parte de la duración de su encomienda, y a la fecha, su gestión no ha rendido los frutos esperados, y no solo eso, ha corrompido el ejercicio de su función, tal y como lo ha evidenciado el conflicto con familiares políticos relacionados con su difunto hermano y las quejas de persecución política de la que se duelen Julio Scherer y Rosario Robles, a lo cual, también se adiciona el juicio de la Universidad de Las Américas, amén de que cada día que pasa, se van develando detalles de cuantiosas propiedades inmobiliarias.

Los hechos hablan y nos dicen que Gertz Manero no está en la sintonía de la lucha contra la corrupción, de la que tanto habla y se ufana el Presidente de la República, propósito que, según su apreciación lo hace diferente a sus antecesores, y por ello, a cada rato repite “no somos iguales”, sin embargo, la conducta del Fiscal, da para decirle al Presidente, que efectivamente, no son iguales a los de antes, pero sí, muy, pero muy parecidos a ellos. ¡Buenos días!