Los incentivos docentes
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Han pasado dos meses desde la publicación de la nueva reforma educativa y seguimos hablando sobre la urgente necesidad de que las leyes secundarias estén a la altura de nuestras expectativas para garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes, así como el de sus maestros.
Existe un consenso internacional sobre el rol de los docentes como eje fundamental para el mejoramiento de aprendizaje en las escuelas, de ahí que exista la imperante necesidad de impulsar su desarrollo y garantizar sus derechos profesionales docentes, uno de los cuales es precisamente su reconocimiento.
En la década de los 90, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), México fue uno de los primeros países de America Latina en implementar un sistema de incentivos docentes a gran escala y puso en marcha el programa denominado “Carrera Magisterial”.
Este programa tenía como objetivos mejorar los ingresos de los docentes sin ascender en la estructura vertical del sistema educativo y mejorar la calidad de la educación, además, era voluntario y consistía en cinco niveles (A, B,C,D y E) ubicados en tres vertientes (maestros, directivos y supervisores y asesores técnico-pedagógicos). El estímulo podía representar de 25 hasta 200 por ciento de su salario base, dependiendo del nivel al que perteneciera.
Este programa operó con tres lineamientos (1993, 2003 y 2011) sin embargo, cumplió parcialmente sus objetivos puesto que, aunque logró favorecer la condición económica de los participantes, no logró mejorar la calidad de la educación pues quienes obtuvieron los más altos niveles no necesariamente tenían un mejor desempeño en su práctica pedagógica.
Con las reformas constitucionales y legales de 2013 se implementó el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica, el cual sustituyó a Carrera Magisterial. En este programa, se reconocía a los docentes, técnicos docentes, directores, supervisores y asesores técnico-pedagógicos que tuvieran resultado “destacado” en la evaluación de desempeño o “bueno” en caso de trabajar en zonas de alta marginación.
Este nuevo sistema de incentivos consistía en siete niveles a los que comúnmente se les llamó los “K”, el cual iba del 35 hasta el 222 por ciento del salario base, dependiendo del nivel al que perteneciera. No obstante, este era temporal y tenía que ratificarlo en la siguiente evaluación a los cuatro años, si lograba mantener su nivel y acceder al siguiente, el anterior se volvía permanente.
Este programa, al igual que Carrera Magisterial, presentó problemas e inconsistencias. Una de las más importantes fue que, aunque era un estímulo a los docentes con mejor desempeño, estaba sujeto a disponibilidad presupuestal, por lo que podía dejar de reconocerse a los participantes por falta de recursos. Asimismo, carecía de transparencia, pues se desconocía quienes estaban incorporados al programa y no había claridad en los mecanismos de evaluación.
En Sinaloa, por ejemplo, hay casos de participantes en la evaluación de desempeño 2018-2019 que se presentaron de forma voluntaria o por insaculación que atravesaron todo el proceso sin ningún tipo de apoyo, llegando incluso a pagar su propia formación. Sin embargo, al final, aunque algunos de ellos resultaron destacados, actualmente no existe certidumbre sobre si se garantizará el reconocimiento que por derecho les corresponde.
La ambigüedad ha permeado en las políticas educativas por mucho tiempo, es momento de que la nueva ley secundaria garantice los derechos profesionales de los docentes mediante procesos públicos, transparentes, equitativos e imparciales para su reconocimiento, orientado por perfiles definidos. Asimismo, debe de publicarse la metodología empleada y aplicar estrategias diferenciadas para favorecer a los docentes en contextos de mayor marginación.
Lograr la transformación educativa requiere de los docentes, por lo tanto, es justo reconocerlos, apoyarlos y brindarles certidumbre para que juntos podamos construir las comunidades de aprendizaje que las niñas niños y jóvenes necesitan para garantizar su derecho a aprender.