Los intimidantes guerreros de Yesenia
Periodistas en riesgo: es la impunidad
Cuando la impunidad no es combatida y sí en cambio alentada por las mismas instituciones que premian la ilegalidad, como es el caso de Yesenia Rojo Carrizoza, la líder de la facción Guerreros Azules que desde el domingo mantenía tomadas y ayer liberó las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entonces los obligados a hacer valer la Ley transmutan a corresponsables de delitos que ponen en riesgo la vida de verdaderos activistas y periodistas.
Era de esperarse que el hecho de que el Congreso del Estado le otorgara a Yesenia Rojo la Medalla de Honor “Doctora Norma Corona Sapién 2026”, el 9 de marzo, no sólo la envalentonara a ella y los policías que comanda, sino que principalmente el Legislativo concretara la burla contra los periodistas que denunciaron agresiones incitadas por la hoy galardonada, durante la manifestación de Guerreros Azules del 23 de septiembre en el Palacio Municipal de Angostura.
Y ayer, para no variar en la intolerancia y animadversión a la crítica, el mismo grupo que paralizó el funcionamiento de la CEDH, pero principalmente Leticia Rojo, hermana de Yesenia, amenazó al periodista Marcos Vizcarra, subdirector del medio de comunicación Espejo y corresponsal en Sinaloa del diario español El País, como si las condiciones para la labor de la prensa no fueran peligrosas y se requiriera subirle el nivel de riesgos.
La mujer que se dice activista y que actúa como demoledora de derechos y libertades ha sido recubierta con un manto de impunidad cuya autoría nadie reconoce pero que el sentido común desentraña los hilos que la mueven y la financian con tal de que sirva de grupo de choque disponible para lo que convenga a intereses aviesos. Boletinada ante organismos internacionales que defienden la libertad de expresión, aquí la gratifican por los servicios prestados a quien corresponda.
Rojo Carrizoza no es otra cosa más que la impunidad que blande. Ella y los Llamados Guerreros Azules toman instalaciones, paralizan actividades de instituciones que le son vitales al predominio de las garantías constitucionales, utilizan las redes sociales para denostar a los que están en desacuerdo con sus métodos violentos, y aparte simulan ser las víctimas cuando los hechos probados los acreditan como agresores.
En el caso de los periodistas Sergio Lozano García, director de Tercia de Grillos y corresponsal de Noticiero Altavoz de Chávez Radio, y Samuel Inzunza Armenta, de Puntualizando Portal, medio año después de recibir ataques físicos en Angostura provenientes de Rojo y seguidores, y proceder a denunciarlos ante la Vicefiscalía de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, esta instancia ministerial no da señales de hacer valer el Estado de derecho.
Las omisiones en la correspondiente carpeta de investigación han sido señaladas por Artículo 19, la organización independiente que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, y que realizó observaciones el 25 de septiembre de 2025 emplazando a que la Feadle ejerza la facultad de atracción del caso y realice una investigación exhaustiva, imparcial y con perspectiva interseccional, y los mecanismos de protección implementen medidas urgentes, eficaces e integrales de protección para los periodistas agredidos.
Agregando ahora las amenazas contra Marcos Vizcarra y las agresiones aún no denunciadas por otros periodistas en iguales circunstancias de acoso y difamación provenientes de Rojo y su gente, procede a crecer la cauda de delitos cometidos contra medios y comunicadores y la inacción de la Ley alentando a los agresores. Otro agravante consiste en que alguien que tira la piedra y esconde la mano le sopla a este fuego buscando consecuencias mayores.
No aceptemos los periodistas ni las tribunas de éstos que propósitos siniestros le añadan mayores elementos de intimidación a una labor que en la cobertura de la actual narcoguerra ya enfrenta peligros colosales. No permitamos que las instancias de protección nacionales o estatales o la Fiscalía Especializada federal y la Vicefiscalía de Sinaloa actúen hasta que los periodistas veamos caer a más de nuestros colegas como desenlaces irreparables de las impunidades.
Para qué esperar a que el periodismo sinaloense sufra otras pérdidas como las de Javier Valdéz Cárdenas en 2017 y Luis Enrique Ramírez en 2022, y entonces sí los sistemas de procuración e impartición de justicia despierten de sus letargos.
Lo que plantea la intolerancia,
Es lanzarlo todo al abismo,
Incluyendo a la relevancia,
en Sinaloa del periodismo.
Con la intervención del Gobernador Rubén Rocha Moya a través de la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla, el grupo que mantenía tomadas las oficinas centrales de la CEDH procedió a desalojar el inmueble bajo el acuerdo de que será instalada una mesa de diálogo para limar las discrepancias que durante dos días paralizaron la labor del ombudsman sinaloense. La acción del Ejecutivo estatal se ve dispuesta a intervenir cuando los conflictos desairan las posibilidades intermedias que ofrece la mediación y optan por medidas que generan ingobernabilidad y que mediáticamente les resultan más redituables.