México ante la ONU: la oportunidad de una política centrada en las personas

Por años, México ha minimizado la crisis de desapariciones presentándola únicamente como un problema de seguridad. La comunidad internacional, en cambio, la ha nombrado como lo que es: una crisis de derechos humanos de carácter estructural. Hoy, esa diferencia ya no es solo semántica: es política.

La activación del procedimiento del artículo 34 por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU coloca a México en un momento excepcional. No se trata de una sanción, sino de un mecanismo que busca movilizar la atención del mundo sobre lo que está ocurriendo en esta región y la necesidad de cooperación internacional, asistencia técnica y capacidades frente a una crisis de gran escala.

La respuesta del Estado mexicano ha sido rechazar ese diagnóstico. Pero esta reacción no solo desconoce la magnitud del problema, sino también la historia que lo precede.

En el caso de Coahuila, esa historia comenzó a hacerse visible incluso antes de que existiera un reconocimiento público del fenómeno. Frente al silencio institucional, las familias empezaron a nombrar lo que estaba ocurriendo y a organizarse colectivamente desde 2009. Acompañadas por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y articuladas en colectivos como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUUNDEC), no solo denunciamos: construimos respuestas. Para 2011, estábamos sentadas con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en Coahuila al mismo tiempo que ocurría una de las masacres más horrorosas de nuestra historia como estado, la de Allende.

Ese trabajo derivó, en 2013, en la creación de la Comisión Forense para los casos de San Fernando y Cadereyta, un mecanismo sin precedentes que integró cooperación internacional, peritajes independientes y la participación directa de las familias en los procesos de identificación. En colaboración con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), este esfuerzo mostró que la verdad puede construirse de manera colectiva y con estándares internacionales.

En 2017, esa lucha alcanzó uno de sus puntos más contundentes en el ámbito internacional, cuando la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y el Fray Juan de Larios, en asociación con más de cien organizaciones mexicanas, presentamos una comunicación ante la Corte Penal Internacional solicitando la apertura de un examen preliminar por crímenes de lesa humanidad cometidos en Coahuila entre 2009 y 2016.

En aquel entonces, no era una declaración política: era un expediente construido con evidencia, testimonios y análisis jurídico que documentaba desapariciones, tortura y asesinatos como parte de un ataque sistemático contra la población civil. Pero, como ha ocurrido tantas veces, el Estado optó por la negación.

Nuestra denuncia siempre ha venido acompañada de propuestas. Entre 2015 y 2017, FUUNDEC, el Fray Juan de Larios y Fundar, en colaboración con varias organizaciones y colectivos más, empujamos la redacción y aprobación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, instrumento jurídico perfectible, pero que ha sido ancla de las demandas más básicas de las familias en materia de búsqueda de sus seres queridos/as.

Las familias y las organizaciones no dejamos de empujar. A partir de la incidencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, colectivos de familias y organizaciones como Fundar, el Fray Juan de Larios, el EAAF y la FJEDD, en 2020 logramos que el Estado mexicano reconociera formalmente la magnitud de la crisis forense con la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Ambos espacios -distintos en origen- comparten una misma lección: la verdad no se construye desde el aislamiento institucional, sino desde la colaboración.

Y, sin embargo, hoy México parece olvidar sus propias lecciones.

En el contexto de las políticas globales de seguridad, la respuesta dominante ha sido fortalecer capacidades coercitivas: militarización, control territorial, inteligencia. Pero estas estrategias han demostrado ser insuficientes para enfrentar fenómenos como la desaparición y otros delitos que se cometen para controlar nuestros territorios y cuerpos con miedo y terror. La seguridad del Estado ha desplazado a la seguridad de las personas.

El artículo 34 abre una posibilidad distinta. Permite movilizar cooperación internacional, asistencia técnica y acompañamiento especializado para un tema tan doloroso como las búsquedas de las personas desaparecidas, así como la investigación de qué pasó y qué pasa con estos fenómenos. Pero, sobre todo, abre la puerta a un cambio de paradigma: pasar de una lógica centrada en el control a una centrada en la dignidad, la verdad y los derechos, donde las personas participen activamente en los procesos que les afectan.

Negarlo implica algo más que un desacuerdo diplomático. Implica rechazar herramientas que el propio México ha utilizado -aunque sea parcialmente- cuando ha sido presionado por las familias.

Porque si algo ha quedado claro en estos más de 16 años es esto: las transformaciones más relevantes en materia de desaparición en México no han venido desde arriba, sino desde abajo. Han venido de las madres, de mujeres que buscan, de los colectivos que sostienen la memoria, de organizaciones como el Fray Juan de Larios, FUUNDEC y Fundar que han obligado al Estado a abrir grietas en su propio funcionamiento.

Hoy, el escenario es global. Y en un mundo atravesado por crisis humanitarias, conflictos y desplazamientos, las políticas de seguridad ya no pueden medirse por su capacidad de control, sino por su capacidad de proteger la vida, garantizar la verdad y devolver la dignidad.

México tiene frente a sí una decisión histórica: persistir en la negación o asumir este momento como lo que es -una oportunidad.

Una oportunidad para retomar el camino que ya conoce. El camino que construyeron las familias. El camino que pone en el centro, no al Estado, sino a las personas.

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Los autores son Alma García, directora del @FrayJuanLarios, en Coahuila, y Humberto Guerrero, coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.