Misil judicial, de Trump para Sinaloa
Los extraños cargos de la acusación

Cayó en Sinaloa como se esperaba desde hace tiempo la bomba política con la cual amenazó durante meses el gobierno de Donald Trump, en el sentido de dirigir misiles de posible judicialización contra políticos mexicanos que son parte neurálgica de la Cuarta Transformación, en este caso impactando en el Gobernador Rubén Rocha Moya, el Senador Enrique Inzunza Cázarez y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

También operó rápido la contraofensiva que implementaron Rocha, Inzunza y Gámez, deslindándose de cualquier vínculo o colaboración con el crimen organizado, dejando en manos de la Fiscalía General de la República las diligencias que determinen responsabilidades. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores adelantó que no se incluyen elementos de prueba suficientes para determinar procedimientos penales.

A reserva de conocer el paquete de evidencias con el cual sustentan las acusaciones el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, la noticia ya derivó en sacudimientos propios de un terremoto de gran magnitud, quedando pendiente de evaluar cuál es el daño legal que causa en el Mandatario estatal y el círculo de colaboradores más próximo a él.

A primera vista resulta raro que el Departamento de Justicia abrió mucho la atarraya en Sinaloa inmiscuyendo también en sus pesquisas al ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; al Vicefiscal Dámaso Castro Saavedra; los ex directores de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilez y Alberto Jorge Contreras Núñez; el ex Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y al ex director de la Policía Estatal, José Antonio Dionisio Hipólito. Da la impresión de ser uno de esos días de pesca en que se lanzan redes anchas para capturar peces gordos sabiendo de antemano que caerán sólo charales.

En fin, para mayor infortunio de Sinaloa hay otros dos campos de batalla abiertos ahora en el terreno de lo político-jurídico. El Gobierno de México lo tomó como parte del consabido propósito de la administración Trump por criminalizar al régimen de la Cuarta Transformación, específicamente al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la vez que la Casa Blanca buscaría generar focos de tensión en la relación binacional tronando petardos que quién sabe qué efectos tengan en la Corte estadunidense.

Por lo pronto, revisando los elementos que provee el Fiscal Clayton, para el sentido común no cuadra que a un Gobernador lo soborne el crimen organizado con 300 mil pesos al mes, en contraste con los mandatarios estatales enjuiciados anteriormente, en su mayoría emanados del PRI, que recibían millones de dólares vía corrupción. Poco creíble también que se arguya el involucramiento de los políticos mencionados en tráfico de drogas y armas.

¿Qué pasó ayer? El primer balance indica que con el estruendo nacional e internacional que generó el tema sí logró la Casa Blanca adelantar el juicio social en dos vertientes: una parte que muestra incredulidad ante los elementos de imputación y otra que aprovecha para darle vuelo a sesgos políticos sin conceder siquiera el derecho a la presunción de inocencia. Y una lectura más considera que los juegos de guerra de míster Trump desplazaron la atención que había estado colocada en la narcoguerra de Sinaloa, que sigue cobrando víctimas.

¿Qué vendrá después? Es previsible que la arremetida Trump será ventilada en el ámbito político y no en los estrados de la justicia mexicana. Y que el Presidente de Estados Unidos, al ver que su popularidad va a la baja, intente otros simulacros como policía del Mundo, viendo la paja del narcotráfico en el ojo ajeno pero no la viga tan evidente en la vista propia.

Igualmente vale percibir que la acometida una y otra vez perfilada desde Washington llega en los tiempos en que el Movimiento Regeneración Nacional se prepara para decidir la sucesión sinaloense, con puntualidad crucial para descarrilar unos proyectos futuristas y encauzar otros. Ni los afectados ni los beneficiados lo pidieron, pero es la marca que Trump le imprime a la diversión de intimidar a una región o al planeta entero.

Trump ya traía a Sinaloa,

Marcado con rojo en su lista,

Con la acción intervencionista,

Que la estabilidad corroa.

Aparte de anunciar que ayer continuarían con sus agendas normales, coincidieron el Gobernador de Sinaloa, el Alcalde de Culiacán y el Senador de la República en sus alegatos que refutan el plan de la Casa Blanca enderezado no contra ellos sino contra la 4T. Rubén Rocha Moya dijo “rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”; Juan de Dios Gámez Mendívil reaccionó con “rechazo los señalamientos que se han dado a conocer; no tienen fundamento. En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público. Desde Culiacán seguimos trabajando, atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días”, y Enrique Inzunza Cázarez expuso “en nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia. Nos hemos alzado con el trabajo y el sudor de labrar la dura tierra y andar el monte. Sí, provengo de esa gente que prefiere vivir entre las fieras y alimentarse de los árboles antes que inclinar la frente y abrazar a los traidores”.